Un medicamento no es un producto más de góndola. Aun los de venta libre son sustancias con capacidad de modificar el funcionamiento del organismo, con interacciones posibles, contraindicaciones y riesgo de uso inadecuado. Que su condición de venta sea sin receta médica no los vuelve inocuos, ni aptas para venderse en cualquier lugar y sin supervisión.
El anteproyecto de reforma a la Ley 17.565 vuelve a poner sobre la mesa una idea que ya conocemos. Su artículo 18 reemplaza el artículo 1° de la ley y habilita que medicamentos de venta libre se comercialicen fuera de la farmacia, por ejemplo, en kioscos, supermercados o estaciones de servicio. No es la primera vez que se lo intenta. En los años 90 vivimos una desregulación parecida que nos costó más de treinta años corregir. Luego el DNU 70/2023 avanzó en la misma dirección, y fue frenado por la Justicia, que dio lugar a una cautelar presentada por COFA y Fefara. Ahora se busca el mismo objetivo por otra vía: una ley votada por el Congreso.
Conviene decir con claridad qué es lo que está en juego cuando se habla de “sacar al farmacéutico del medio”. El farmacéutico no es un despachante de productos: es un profesional que estudia una carrera universitaria, que integra el sistema sanitario con la misma responsabilidad que cualquier otro profesional de la salud. Que un medicamento de venta libre no requiera receta no significa que no requiera supervisión: significa que esa supervisión la asume, en el momento de la dispensa, quien está formado para advertir si el medicamento interacciona con otro tratamiento, si existe una contraindicación puntual para ese paciente, o si puede generar un efecto adverso. Esa función no depende de si el medicamento se vende con o sin receta, sino de que haya una persona capacitada a cargo de ese acto. Dentro del sistema de salud, esa persona es el farmacéutico.
Un ejemplo cotidiano lo ilustra. El paracetamol o el ibuprofeno se consumen muchas veces con la liviandad de un caramelo, pero no son inofensivos: mal dosificados, pueden derivar en una intoxicación hepática grave o presentar efectos adversos frecuentes por automedicación. En la farmacia, un profesional advierte esos riesgos y garantiza además el origen y la correcta conservación del producto. Los farmacéuticos contamos con una red de farmacovigilancia: si un lote presenta un problema de calidad, en 24 a 48 horas sale de circulación. Nada de eso puede garantizarse en un kiosco o un supermercado.
A esto se suman otros cambios que profundizan el problema. El artículo 24 permite que un mismo director técnico esté a cargo de más de una farmacia, con la sola obligación de firmar el libro recetario a diario, diluyendo en los hechos la presencia efectiva del farmacéutico que la ley actual exige. El artículo 27 habilita a las droguerías –pensadas para vender a farmacias– a despachar recetas y vender directo al público, desnaturalizando el régimen sanitario actual donde se establece una separación funcional entre los distintos eslabones de la cadena que permite garantizar la trazabilidad de los medicamentos, la seguridad del paciente, el uso racional de los medicamentos y la intervención del farmacéutico como profesional responsable de la dispensa.
Tampoco es una discusión de precios. Cuando se impulsó el DNU, el argumento era abaratar el acceso; no ocurrió entonces y no va a ocurrir ahora. Lo que sí es real es el riesgo sanitario, y el costo que termina pagando el sistema de salud con más consultas de urgencia por mal uso o por patologías agravadas por medicamentos mal indicados.
El impacto tampoco sería en todo el país. Algunas provincias como la provincia de Buenos Aires regulan el servicio farmacéutico mediante sus propias leyes, por lo que una reforma nacional no modifica por sí misma ese régimen provincial. En distritos sin normativa propia, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el efecto sería directo.
Entendemos la necesidad de modernizar: recetas digitales, firma electrónica, mejor acceso. Pero modernizar no puede significar tratar al medicamento como una mercancía y desconocer la formación y la responsabilidad profesional que hay detrás de cada dispensa. Sacar al farmacéutico del circuito no amplía derechos, por el contrario, le quita al paciente el derecho de contar conun asesoramiento profesional antes de acceder al medicamento para su tratamiento.
* Presidenta de COFA y de Cofarma.
