El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es un fenómeno urbano y demográfico único en Argentina. Con una densidad poblacional difícil de calcular, y una diversidad socioeconómica enorme, se erige como un nuevo concepto de la geografía bonaerense, conformando una gran ciudad metropolitana, compleja de evaluar y definir acabadamente.
Con diversidades e identidades culturales propias, alcanza una pertenencia distinta a la nacional o la provincial. El AMBA, en cuanto heredera del Gran Buenos Aires, encauza las asimetrías del desarrollo desigual de nuestro país, tanto desde puntos de vista demográficos, como sociales: un federalismo desigual, una mega-concentración urbana que se volvió un aspecto clave del termómetro social en argentina, y una pieza fundamental del calendario electoral para cualquier partido o coalición con aspiraciones nacionales.
Como región informal, posee características que deben estudiarse en el contexto único de su dimensión social y urbana. Según datos oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA está formado por la Ciudad de Buenos Aires y cuarenta municipios de la Provincia de Buenos Aires. En este aglomerado urbano se estima que viven aproximadamente 14 millones de habitantes según el censo 2010, hasta que sea actualizado con los datos definitivos del censo 2022.
Contaminación ambiental: cuáles son los cinco países más afectados de Amèrica
Como región atravesada por enormes contrastes, encontramos en ella abundancias y carencias, tanto urbanas como sociales. El dilema medioambiental es uno de los mayores desafíos que afecta a la región en virtud de su superpoblación y precarización habitacional. Una buena parte de la producción industrial de todo el país se ubica en esta región en particular, existiendo una demanda histórica de los ciudadanos en cuanto a la fiscalización ambiental que deben realizar los tres estados que intervienen en el AMBA (Nación, Provincia y Municipio).
Por citar algunas de las muchas aristas ambientales, el Río Reconquista atraviesa 18 partidos del Gran Buenos Aires ubicado en tres cuencas (alta, media y baja), y es uno de los ríos más contaminados del país. En sus orillas, miles de bonaerenses están a merced no solo de la contaminación del Río, sino también de la falta de infraestructura cloacal, tanto para mitigar el problema ambiental como para brindar cobertura sanitaria.
El control de efluentes industriales es una materia estratégica de desarrollo en una región superpoblada. Este tipo particular de desecho tiene un gran impacto en la contaminación de los cursos de agua, las napas y en particular de los ciudadanos que viven en los márgenes de los ríos y espejos de agua contaminados.
Buena parte de la fiscalización ambiental en la región, es llevada a cabo por el Gobierno Nacional y Provincial, y los municipios aportan, -en distintos grados-, elementos que complementan inspecciones y evaluaciones de los demás estamentos. Existen, además, entes interjurisdiccionales en la región, integrados por distintos gobiernos, como es el caso de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) con facultades de fiscalización y evaluación ambiental.
Regular desde los agentes territoriales
Los gobiernos municipales son claves en los procesos regulatorios. Estas administraciones son agentes territoriales naturales, que conocen sus distritos y los dilemas urbano/habitacionales que enfrentan.
Es necesario promover (en el marco de su competencia) la actividad regulatoria por parte de los municipios del AMBA, ya que muchos de estos distritos poseen una población mayor que algunas provincias, y los desafíos medioambientales/habitacionales que enfrentan son enormes.
En un contexto socioeconómico complejo, promover la regulación de las distintas actividades que tengan impacto en el ambiente “local” es clave, como así también coordinar e integrar la legislación de distritos que están juntos en enormes aglomerados urbanos.
El municipio bonaerense es un agente fundamental en los procesos de desarrollo sostenible que debe transitar tanto el AMBA como toda la Argentina.
En una región que enfrenta dilemas complejos en materia ambiental, la articulación federal y provincial con los gobiernos de cercanía, que además son la entidad administrativa primaria en nuestro esquema federal, debe ser permanente, eficiente y progresiva.
*Leonardo Güi. Abogado. Docente de Derechos Humanos y Derecho Constitucional Político, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sede San Isidro, extensión áulica Tigre, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
