Juana es madre de dos hijas en edad escolar. Vive en Cuartel Quinto, partido de Moreno (Bs. As.), y trabaja por horas. Su hermana la ayuda, recibiendo a sus sobrinas cuando vuelven del “cole” al mediodía, les prepara el almuerzo y controla que hagan la tarea.
Si bien el paisaje del barrio es precario, los microcréditos que la fundación pro-vivienda social otorgó empiezan a hacerse evidente en los revoques de los frentes, los cambios de tanques de agua y las piezas adosadas. La experiencia positiva de otros vecinos la estimula, y Juana también se postula para obtener los 500 pesos (dólares) que se transformarán en la impermeabilización de un techo rebelde, fuente de humedad y de enfermedades.
Las tres renovaciones de esa operatoria le han permitido a Juana en 4 años, tener una cocina dignamente instalada y a sus hijas un lugar de estudio. Para quien siempre lo ha tenido, puede no significar mucho, pero la dimensión de estos logros se mide con la métrica de los sueños que encierran.
Uno de cada nueve argentinos vive en un barrio popular y no tiene gas, agua o cloacas
Allí donde la “Argentina oficial” está ausente, organizaciones como la Fundación que lidera Raúl Zavalía, posibilitan pequeños milagros, que no consisten en regalar nada, sino en despertar en el alma de los vecinos una llama de esperanza fundada en su capacidad de organización.
La experiencia del microcrédito destinado a “hábitat” (bajo el telón de fondo de la estabilidad que brindó la convertibilidad), fue el antecedente de los fideicomisos que posibilitaron la expansión de servicios de gas natural. Miles de familias, salieron de la garrafa (e incluso de la leña) y pudieron acceder a energía de mejor calidad y más barata. La formalización trae de la mano calidad de vida y capitalización en los sectores vulnerables.
Si esta historia hubiera ocurrido en otro lugar, es probable que las autoridades políticas locales, hubieran apalancado la experiencia y la hubieran multiplicado. Hoy el tercer cordón del GBA podría estar absolutamente servido de gas, electricidad (formal), agua y cloacas. Sin embargo, una perspectiva mezquina y controladora del territorio hace de estos ensayos un peligro para los que prefieren “dar y controlar” en vez de “organizar y potenciar”.
Como en todo el país, la extensión de redes de servicios, tiene un capitulo “público” del umbral de las propiedades hacia fuera, y un capítulo “privado” respecto de aquellos propietarios que deciden conectarse a las mismas, cumpliendo con la normativa en cada materia.
Juana, hace años espera que el gas llegué a su barrio. Sus esperanzas están puestas en la Fundación. No sabe que el destino de esa ong, pende de un hilo.
Una serie de juicios laborales contra los fideicomisos, encabezados por personas que le prestaron servicios a los propietarios, pueden descarrilar el esfuerzo de una organización ejemplar.
En Argentina es muy fácil (y no tiene costo) iniciar un juicio laboral en base a supuestos amañados. El hecho que quienes trabajaron para frentistas en las instalaciones, pretendan sostener un reclamo hacia los fondos fiduciarios que financiaron la instalación de la red, no solo es injusto e ilegal, sino que es irracional. ¿Quién instalaría una red en el futuro, bajo ese supuesto?
El final de la historia aún no ha sido escrito; los que creemos en el trabajo en serio, esperamos de la justicia la señal correcta para poder sostener los procesos en los que confiamos, ni milagrosos, ni épicos; simplemente aumentar las posibilidades en el día a día de todos los argentinos y argentinas.
