WASHINGTON, DC/EL CAIRO – Una de las ideas más prometedoras del Compromiso de Sevilla, que los jefes de Estado y de Gobierno adoptaron en julio, es la creación de una plataforma para países deudores, respaldada por instituciones existentes y con el acompañamiento de una secretaría de Naciones Unidas. Este concepto sencillo pero potencialmente transformador podría modificar el equilibrio de información e influencia, históricamente inclinado hacia los acreedores. Al permitir que los países deudores discutan cuestiones técnicas y desafíos de endeudamiento, accedan a asistencia para fortalecer capacidades y coordinen sus acciones, la plataforma ampliaría su voz en el sistema financiero global.
Mientras la coordinación entre acreedores lleva décadas institucionalizada –a través del Club de París, el Club de Londres y esfuerzos liderados por la industria como el Instituto de Finanzas Internacionales–, a los países deudores a menudo se los desalentó de compartir información, lo que generó intercambios informales y dispersos. Crear un club de deudores es, por lo tanto, una señal política: reconoce que permitir que el Sur Global hable con una sola voz puede favorecer la estabilidad financiera. Que esa plataforma se convierta o no en una institución duradera dependerá de la capacidad de sus miembros para traducir la retórica en cooperación práctica.
No es la primera vez que se intenta coordinar a los deudores, y vale la pena recuperar lecciones de esfuerzos anteriores, que comenzaron durante la crisis de deuda latinoamericana de los años ochenta. Argentina, Brasil, México y otros países de la región exploraron la posibilidad de formar un “club de deudores”, con el apoyo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y de la CEPAL.
El resultado fue el Grupo de Cartagena, constituido en junio de 1984 por 11 países latinoamericanos que representaban el 75% de la deuda regional. El grupo subrayó los orígenes externos de la crisis –incluidas las subas de tasas de interés impulsadas por Paul Volcker desde la Reserva Federal de Estados Unidos– y planteó la necesidad de una responsabilidad compartida entre deudores y acreedores, con reestructuraciones que priorizaran el desarrollo socioeconómico por sobre la austeridad. Sus propuestas fueron enviadas a la cumbre del G7 de 1984 en Londres, pero fueron rechazadas en favor del enfoque caso por caso del FMI y el Banco Mundial, basado en programación financiera.
Intentos posteriores enfrentaron obstáculos similares: el Comité de los Diez de África tuvo un rol influyente en la respuesta de instituciones internacionales tras la crisis financiera global de 2008, pero luego perdió protagonismo. Iniciativas más recientes, como la Coalición por la Deuda Sostenible, creada durante la COP27 en Egipto, y las propuestas del Grupo V20 (que reúne a los países más vulnerables al clima), conectaron el endeudamiento con la crisis climática, pero siguen fragmentadas.
Mientras tanto, la carga de deuda de muchos países en desarrollo se fue volviendo más pesada. La proliferación de prestamistas complicó la coordinación entre acreedores, y shocks externos simultáneos –incluyendo salidas de capital, bajo crecimiento global y disrupciones comerciales– erosionaron aún más el espacio fiscal de los deudores.
Durante la crisis de deuda soberana europea posterior a 2008, la insuficiencia de las herramientas existentes llevó a crear nuevas instituciones, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Nada similar existe para los países en desarrollo.
Claro que la Iniciativa de Suspensión del Servicio de Deuda (DSSI) del G20 ofreció un alivio temporal a países de bajos ingresos durante la pandemia, pero los acreedores privados y multilaterales en su mayoría no participaron, limitando su alcance. Y aunque el Marco Común del G20 para Tratamientos de Deuda fue diseñado para asistir a países en situación de estrés, solo Zambia, Chad, Ghana y Etiopía lo usaron para reestructuración, mientras que otros países alegaron demoras y resultados inciertos.
El G20 debe cumplir con el alivio de la deuda
La Mesa Redonda sobre Deuda Soberana Global del FMI y el Banco Mundial identificó estrategias prometedoras para abordar problemas de liquidez –incluyendo un enfoque más flexible de “tres pilares” que combina reforma, financiamiento y reestructuración–, pero la implementación avanza lentamente.
Estas iniciativas fragmentadas, que en gran medida defraudaron expectativas, deberían alimentar el diseño del club de deudores previsto en el Compromiso de Sevilla. La estructura de gobernanza debe adaptarse a perfiles de deuda diversos y a realidades políticas complejas, y el modelo de financiamiento debe garantizar independencia institucional y blindar la toma de decisiones frente a presiones de acreedores. La secretaría debe ser capaz de generar datos confiables y contrarrestar percepciones erróneas que inflan los costos de endeudamiento de los países en desarrollo. También deben existir mecanismos de coordinación para asegurar el alineamiento con el recién creado Foro de Sevilla sobre Deuda.
Este club no debería ser un bloque confrontativo, sino un mecanismo de fortalecimiento de capacidades en cuatro áreas principales. Primero, las reestructuraciones deben enfatizar la preservación del acceso a los mercados. Muchos países evitan el Marco Común (como antes la DSSI) e incluso programas precautorios del FMI porque temen degradaciones en sus calificaciones o reacciones negativas del mercado. Los deudores necesitan mejores estrategias de comunicación para presentar programas macroeconómicos creíbles y mantener mensajes consistentes y basados en evidencia frente a calificadoras y acreedores privados.
Segundo, el crecimiento sostenible de largo plazo debe integrarse a la programación financiera, tal como lo exige el enfoque de tres pilares de la Mesa Redonda. Dado que los modelos actuales no capturan riesgos u oportunidades asociados a la transición climática, los deudores necesitan herramientas analíticas compartidas que les permitan formular estrategias de crecimiento comparables, creíbles y alineadas con el clima.
Tercero, el capital destinado a reestructuraciones debe respaldar programas de inversión de alta calidad, con validación externa, y estar acompañado de mecanismos que aseguren desembolsos oportunos y predecibles, un punto históricamente débil para muchos países en desarrollo.
Por último, debe mejorarse la transparencia de la deuda. El Banco Mundial promueve una “transparencia radical”, pero muchos países tienen dificultades para implementar ese estándar en la gestión de deuda. Un club de deudores podría ayudar a estandarizar plantillas, protocolos de divulgación y procesos de revisión entre pares adaptados a los contextos de países en desarrollo.
Se avanzó algo para aliviar la crisis de deuda del mundo en desarrollo: hoy el contagio financiero es menos frecuente; las “pause clauses” proveen liquidez tras un shock; y los acreedores oficiales han extendido plazos y reducido recargos, especialmente para inversiones vinculadas al clima. Pero para alcanzar una sostenibilidad real de la deuda, los países deudores necesitan mayor participación en el diseño de estos instrumentos, promover un reparto de riesgos más equilibrado y garantizar que las innovaciones en financiamiento soberano acompañen los objetivos de desarrollo y clima.
Para aprovechar esta oportunidad, los países del Sur Global y las instituciones financieras internacionales deben construir sobre el impulso del Compromiso de Sevilla, el informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Deuda publicado en junio, y la reciente referencia a fortalecer la voz de los países deudores en la cumbre del G20 en Sudáfrica. Institucionalizar la representación de los deudores es un paso necesario para reequilibrar la arquitectura financiera global y mejorar la resolución de crisis de deuda soberana.
Homi Kharas es senior fellow del Center for Sustainable Development del Brookings Institution. Mahmoud Mohieldin, Enviado Especial de la ONU para el Financiamiento del Desarrollo Sostenible y Copresidente del Grupo de Expertos sobre Deuda del Secretario General de la ONU, fue ministro de Inversión de Egipto (2004-10), vicepresidente senior del Banco Mundial, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y también senior fellow del Brookings Institution.
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