Se conoció un nuevo fallo judicial que establece que el Gobierno Nacional no ha cumplido con la medida cautelar que lo obliga a aplicar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario y le da un plazo perentorio de cinco días hábiles para hacerlo.
La resolución, firmada por el juez federal Martín Cormick, es especialmente contundente e intima al Poder Ejecutivo a darle “efectivo cumplimiento”, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada día de demora. Es una buena oportunidad para seguir poniendo en evidencia que es falso que no hayan recursos para cumplir la ley.
No vamos a detenernos aquí en el detalle, no menor, de que, de cumplirse los pronósticos que toma el Gobierno en el anteproyecto de ley de presupuesto presentado al Congreso, Argentina terminará el año 2027 por cuarto año consecutivo como el país con menor gasto público en educación superior de la región, medido en términos de Producto Bruto Interno (PBI). Queremos discutir otra cosa.
El Gobierno Nacional sostiene que el superávit fiscal es la piedra angular de su modelo económico. Aún suponiendo, erróneamente como veremos, que hay una relación entre resultado fiscal e inflación en la evidencia internacional, llama la atención que mientras se sostiene dicha premisa se erosionen, simultanea y deliberadamente, los ingresos fiscales.
En cualquier caso, es importante destacar que la sencilla fórmula del equilibrio fiscal es el resultado aritmético de dos componentes: los recursos y los gastos, de tal manera que lograr un resultado en equilibrio no supone necesariamente reducir gastos.
Si el cumplimiento de una ley no es tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo en la formulación presupuestaria que eleva a la consideración del Poder Legislativo, es éste el que tiene la potestad para hacerlo y consecuentemente trabajar en el recálculo de alguno o de los dos componentes, sea regenerando algún ingreso fiscal, en orden a propiciar criterios tributarios de neutralidad, progresividad y redistribución que graven verdaderas y objetivas capacidades contributivas (altas rentas, grandes patrimonios, ganancias extraordinarias, etc.) o reasignando algún gasto fiscal en orden a priorizar las políticas públicas que generen las mejores condiciones para el desarrollo equitativo de toda la sociedad, por ejemplo la educación y en particular el conocimiento del nivel superior.
Veámoslo con un ejemplo vinculado al presupuesto universitario. El anteproyecto de ley en cuestión estima una recaudación de impuestos a los Bienes Personales para el año 2027 de 0,2% del PBI. No se trata aquí de comparar esa cifra con Suecia, Noruega o algún país al que rápidamente se pueda descartar por tener una tradición tributaria particularmente progresiva. Podemos compararla con la propia Argentina de hace apenas unos años.
Según las estadísticas oficiales de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Bienes Personales recaudó efectivamente alrededor de 0,60% del PIB en 2021, 0,51% en 2022 y 0,52% en 2023. Son datos de recaudación real, no previsiones presupuestarias. El promedio de esos tres años fue aproximadamente 0,54% del PIB.
¿Qué ocurriría si en 2027 Bienes Personales tuviera simplemente el mismo peso sobre el producto que tuvo, en promedio, entre 2021 y 2023? El PIB nominal implícito en las proyecciones presupuestarias para 2027 ronda los $1.415 billones. Pasar de una recaudación prevista de 0,20% del PIB a 0,54% significaría unos 0,34 puntos adicionales del producto, equivalentes a aproximadamente $4,8 billones.
Es 1 billón de pesos más de lo que necesita el sistema universitario para funcionar en las condiciones en las que marca la ley y la justicia.
Dicho en otros términos, si el Gobierno Nacional no hubiera recortado deliberadamente la presión impositiva sobre aquellas personas que tienen patrimonios que superan los US$ 250 mil, al sistema universitario podría sobrarle presupuesto en 2027.
Desde luego, se trata de un ejercicio de magnitudes y no de una estimación de comportamiento. Para obtener esa recaudación habría que discutir mínimos no imponibles, alícuotas, valuaciones, activos en el exterior y los cambios introducidos en los últimos años. Una reforma concreta podría recaudar más o menos que este cálculo estático. Pero el ejercicio muestra que la falta de recursos no es independiente de las decisiones tributarias.
Pero vayamos un poco más lejos. ¿Qué pasaría si Argentina recaudara en concepto de impuestos a los altos ingresos lo mismo que recaudan, en promedio, los países, por ejemplo, del continente africano? La elección es deliberada e intenta mostrar que no se necesita ser particularmente progresivo (como Estados Unidos) para que la realidad económica argentina sea diferente.
El proyecto oficial estima que en 2027 el Impuesto a las Ganancias recaudará 4,89% del PIB, unos $69,26 billones. La última edición de Revenue Statistics in Africa de la OCDE, elaborada junto con la Unión Africana y el African Tax Administration Forum, muestra que en 2023 los 38 países africanos considerados recaudaron en promedio 6,4% del PIB mediante impuestos sobre los ingresos y las ganancias.
La diferencia entre 6,4% y 4,89% del PIB es de 1,51 puntos del producto. Aplicada al PIB que el propio Presupuesto 2027 supone para la Argentina, representa aproximadamente $21,4 billones. Estamos hablando de dos veces todo el presupuesto de las universidades nacionales solicitado para 2027, más de 5 veces la diferencia entre el presupuesto del CIN y el presentado por el ejecutivo.
Hay dos últimas cosas que no queremos pasar por alto. La primera y más importante es no podemos naturalizar que habiendo una ley vigente, que resistió un veto presidencial, y que tiene fallos judiciales que obligan a su inmediato cumplimiento, el Poder Ejecutivo siga sin cumplirla, independientemente de cualquier argumento que pueda utilizar.
El fallo vigente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dice claramente dos cosas: que el costo de la Ley no supone una afectación al interés público y que no puede usarse la existencia de una ley anterior —la Ley de Administración Financiera del Estado— para incumplir una Ley vigente; básicamente porque el Congreso tiene la facultad, cuando legisla, de derogar tácita o explícitamente leyes anteriores.
Con la ley de financiamiento universitario no hay una diferencia de interpretación: quien debe dirimir las diferencias de interpretación ya se ha expedido y la ley de financiamiento debe cumplirse.
Le segunda cuestión que no queremos dejar pasar es que, para peor, no hay ninguna evidencia que relacione resultado fiscal con inflación, que es el único sustento argumental a partir del cual el Gobierno Nacional se niega a cumplir la Ley y acatar a la justicia.
Si tomamos los últimos veinte años comparables disponibles en la base del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, entre 2005 y 2024, Argentina tuvo déficit fiscal en 15 de los 20 años y un resultado fiscal promedio equivalente a -3,07% del PBI.
Hay 111 países que tuvieron déficit en más años que Argentina durante esas dos décadas y setenta países tuvieron un resultado fiscal promedio más deficitario que Argentina.
Entonces, hay algo que tiene que ver con el más estricto y mínimo uso de la lógica y la contrastación empírica: si el déficit fuera una explicación suficiente de la inflación, esos países deberían haber registrado, al menos aproximadamente, inflaciones mayores que Argentina. Y ocurrió exactamente lo contrario. De esos 70 países con un déficit fiscal promedio mayor al argentino, 67 tuvieron menos inflación que Argentina.
Algo parecido sucede entre los países que acumularon déficit durante más años que nosotros: de los 110 para los cuales se puede efectuar la comparación, 107 tuvieron menos inflación que Argentina.
La sociedad argentina se merece dos cosas al menos; discutir con algo más de seriedad, y tener un Poder Ejecutivo que respeta la división de poderes y la República.
