Los resultados de las cuentas públicas de abril de 2022 muestran el desajuste. En el primer cuatrimestre, los ingresos tributarios crecieron un 59%, por lo que podemos decir que vienen haciéndolo a la par de la inflación. No obstante, el gasto primario trepó el 75%, y lo explica el aumento de los subsidios energéticos (crecieron 166%).
Por su parte, la AFIP informó que en mayo la recaudación impositiva alcanzó casi un 80% a nivel interanual (impulsado por el aumento de 102,6% en impuesto a las ganancias, por la inflación y la falta de actualización en las deducciones). El nuevo piso del impuesto a las ganancias ($280.792 mensuales) representa un 24,3% por encima del piso anterior, que era de $225.937 (quedará excluido del pago del impuesto el medio aguinaldo que se percibirá). El incremento del 75,8% en los ingresos por tributos a la seguridad social también influyó, mientras que la recaudación del IVA mostró un incremento del 69% interanual. En términos reales, el crecimiento de la recaudación fue del 12% (anualmente).
Deuda en pesos: ¿Otro reperfilamiento?
Para mayo, la liquidación del agro presentó el mayor registro histórico mensual, alcanzando los u$s4.231,7 millones. En términos interanuales, la liquidación creció un 19,3%, mientras que la mejora, contra abril, fue del 33,4%. Al margen, los gremios de trabajadores estatales cerraron una paritaria en la cual se acuerda un aumento del 60% para junio 2022-mayo 2023, con una revisión en octubre (conforme a la evolución de la inflación).
Lo cierto es que, dado el acuerdo firmado, hay un intento por reemplazar el financiamiento proveniente del BCRA, por el mercado local de crédito. A pesar de esto, las licitaciones de deuda muestran que es posible a través de títulos atados a la inflación y de muy corto plazo. Los inversores perciben el riesgo que implica tomar deuda. En abril, donde Hacienda intentó estirar plazos y reducir el porcentaje de bonos CER colocados, el mercado respondió, dejando sin cubrir la totalidad de los vencimientos por primera vez desde agosto del año pasado. El resultado final que dejo abril fue una participación de bonos atados a la inflación del 50%, cuando en marzo había sido de 75% (tasa de Roll-Over del 90%). En consecuencia, en la primera licitación de mayo, se intentó un procedimiento similar, pero el Tesoro ofreció a los bancos un bono encajable. De esta forma, consiguió colocar un total de $466.000 millones de pesos a tasa fija a 2027.
La deuda es pagable, hay que trabajar
Posteriormente, en la última licitación realizada, el panorama volvió a ser el habitual. Bonos CER a mayo 2023, junto con bonos a descuento con vencimiento previo a noviembre de este año, logrando elevar nuevamente la tasa de Roll-Over hasta el 108% mensual (acumulando un financiamiento neto positivo en el año de $648.000 millones). En el mes de junio van a vencer otros $600.000 millones, y hasta fin de año serán $3.600.000 millones, de los cuales casi el 75% está atado a la inflación. Obtener fondos al menos un 25% por encima de los vencimientos será primordial para evitar acudir a la asistencia monetaria del BCRA. Esta vía de financiamiento se ha reactivado, acumulando transferencias de utilidades al Tesoro por un total de $380.000 millones en el año. De los cuales, aproximadamente el 70% se concentró solamente en las últimas 4 semanas.
Con este panorama, el Tesoro realizó una nueva “maniobra contable” a través de la transferencia de dólares netos aportados por el FMI al BCRA (en este caso). El objetivo reside en disponer de mayor cantidad de pesos y así eludir los límites impuestos por las metas acordadas con el organismo. En síntesis, el stock de deuda seguirá envuelto en una dinámica expansiva y, de mantenerse las tendencias y/o patrones actuales, en 2023 (año electoral), será un obstáculo a la hora de alargar los plazos de vencimientos.
* Federico Pablo Vacalebre. Licenciado en Administración de Empresas. Licenciado en Comercialización. Magíster en Comercio Internacional. Magíster en Economía Aplicada. Linkedin
