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OPINIóN / Brasil
miércoles 30 enero, 2019

Flaviogate, la crisis que condiciona a Bolsonaro

El escándalo que involucra a Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente,generó una prematura crisis en el nuevo gobierno.

Ignacio Pirotta, desde Brasil

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil Foto: AFP
miércoles 30 enero, 2019

El escándalo que involucra a Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente, por sospechosas transacciones millonarias, generó una prematura crisis en el nuevo gobierno. Los efectos pueden dividirse en dos, por un lado el desgaste que genera en la imagen del presidente ante la opinión pública, acortando el período de “luna de miel” de un gobierno que llegó con un fuerte discurso anticorrupción. Por otro, en su relación con el de por sí difícil congreso brasileño: analistas políticos coinciden en que, ante presidentes envueltos en escándalos de corrupción los congresistas exigen más concesiones a cambio de apoyo.

El comienzo del caso fue en diciembre, cuando se conoció públicamente un informe del COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) en el que se detallaban transacciones atípicas de una cuenta de Fabrício Queiroz, contratado como chofer de Flávio Bolsonaro en su despacho de diputado estadual de Río de Janeiro. En ese informe constaban transferencias de otros ocho empleados del despacho hacia la cuenta de Queiroz, siempre próximos al día de pago de los sueldos y en algunos casos transfiriendo valores por la casi totalidad del mismo. Entre ellos Nathalia, hija de Queiroz, y que también fuera contratada en el despacho del entonces diputado Jair Bolsonaro. Además, trascendió que Michelle, la mujer de Bolsonaro, recibió un cheque por 25 mil reales de parte de Queiroz. Según Bolsonaro se trató de la devolución de un préstamo que él le realizó a Queiroz, por la cuenta de quien pasaron 7 millones de reales entre 2014 y 2017 (algo así como 70 millones de pesos). Los indicios apuntan a un esquema de recaudación ilegal con el salario de los empleados del gabinete de Flávio Bolsonaro.

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Pero el caso tomó dimensión de escándalo el 17 de enero, cuando se conoció el pedido de Flávio Bolsonaro de suspender la investigación de la fiscalía de Río de Janeiro, hasta tanto el Supremo Tribunal Federal decida si, por su condición de senador electo, le corresponden los fueros privilegiados. La estrategia de Flavio sorprendió a todos, primero porque de ese modo se colocó en el lugar de acusado cuando hasta entonces era testigo en la investigación sobre Queiroz. En segundo lugar, por la jurisprudencia del Supremo, este no le dará lugar al pedido (como ya fue anunciado) una vez que retome su actividad. El pedido de suspender temporalmente la investigación, y además anular las pruebas, hizo explotar el escándalo. Como si esa investigación fuera poco, la lupa de la prensa brasileña en la figura de Flávio Bolsonaro expuso otro punto más oscuro aún.

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La vinculación de los Bolsonaro con las milicias de Río de Janeiro. Las milicias son organizaciones criminales formadas sobre todo por policías, en su mayoría retirados, y que van dominando los territorios dejados por los narcotraficantes. La semana pasada se conoció que la hemana y la madre de Adriano Nóbrega, un ex oficial del escuadrón BOPE de Río de Janeiro y fugitivo de la Justicia, también eran contratadas en el gabinete de Flávio Bolsonaro. Según el medio brasileño The Intercept, este ex oficial fugitivo es uno de los líderes del Escritorio do Crime, grupo de asesinos y parte de una de las milícias de Río de Janeiro. A su vez, el Escritorio do Crime es el principal sospechoso por el asesinato de Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo pasado. Su asesinato ha tomado trascendencia mundial, y la ha convertido en un fuerte símbolo de la defensa de los Derechos Humanos y las minorías. José Padilha, director de la película Tropa de Elite (en la cual se muestran el accionar del BOPE y la formación de las milicias), declaró en una entrevista al diario Folha de São Paulo que los electores de Bolsonaro tal vez hayan votado al jefe de la milicia para gobernar el país.

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Tanto las investigaciones sobre Flávio Bolsonaro y su chofer, Fabrício Queiroz, como la conexión de los Bolsonaro con las milicias de Río de Janeiro y en particular los asesinos de Marielle Franco son incipientes, pero resultan demasiado para menos de un mes de gobierno. La crisis que vincula a Flávio Bolsonaro con un aparente esquema de recaudación ilegal, puede resolverse o profundizarse, pero lo cierto es que al día de hoy ya afecta al gobierno. Analistas como el politólogo Carlos Pereira y el periodísta en Brasília Eumano Silva, coinciden en que el escándalo de Flávio Bolsonaro perjudicará la relación del gobierno con las otras fuerzas en el Congreso. Ambos coinciden en que históricamente los congresistas suelen tener más exigencias a la hora de negociar con presidentes envueltos en casos de corrupción. A ello hay que sumarle que Bolsonaro, a diferencia de lo que es común en Brasil, no ha articulado una coalición de gobierno con otros partidos. Así, posee apenas 87 de los 513 diputados, contando al propio partido y al Partido de la República, el cual fue el único en declararle su apoyo. El sistema político brasileño ha funcionado hasta aquí como un “presidencialismo de coalición”, término acuñado por el politólogo Sérgio Abranches en 1988. El término se refiere a la práctica de articular una amplia coalición de gobierno mediante la participación de los partidos aliados en el gabinete. Por ejemplo, el primer gobierno de Lula formó una coalición de 5 partidos, dándoles participación en los ministerios del Ejecutivo.

Bolsonaro
Jair Bolsonaro

La fragmentación partidaria, la alta heterogeneidad social y los fuertes regionalismos hacen necesarias amplias coaliciones que garantizan historicamente la gobernabilidad en Brasil. La principal fuente de inestabilidad, según Abranches, es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Que Jair Bolsonaro no haya realizado una coalición de gobierno como es tradicional, se explica a partir de la crisis de representación que atraviesa Brasil. Se trata de la desconfianza generalizada en la clase dirigente, percibida no sólo como incapaz de resolver determinadas demandas como seguridad y servicios públicos, entre otros; sino fundamentalmente percibida como volcada a su propia supervivencia en el poder, ensimismada. A este escenario ha contribuído fuertemente la corrupción, con la operación Lava Jato a la cabeza. Según una encuesta de Datafolha de junio de 2018, siete de cada diez brasileños desconfiaban de los partidos políticos y del Congreso, las dos instituciones con menor confianza del país. Bolsonaro se hizo eco de los reclamos anticorrupción de la sociedad, y de una parte de esta que identifica la distribución de cargos a cambio de apoyo, central en el presidencialismo de coalición, como algo espúrio y corrupto (sin que necesariamente lo sea). El nuevo gobierno es mayormente producto de esa crisis de representación, y ha intentado diferenciarse del resto de la clase política, llegando al punto de no articular una coalición de gobierno.

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La estrategia disruptiva de Bolsonaro consistió en buscar el apoyo de las bancadas temáticas, las más renombradas: la evangélica, la ruralista y la de la bala. Pero las bancadas temáticas son transversales a los partidos, y a diferencia de estos no tienen poder disciplinador a la hora de las votaciones. Esto vuelve frágil los apoyos conseguidos en el Congreso. Si a la no-coalición de gobierno se le suma lo dicho por Pereira y Eumano Silva sobre los efectos del escándalo de corrupción en la negociación con los congresistas, es evidente que el Congreso será el principal desafío político del nuevo gobierno. Yendo al plano de la opinión pública, cabe citar a Sebastián Pereyra, quien en su libro “Política y Transparencia” analiza la construcción de la corrupción como problema público. La irrupción de los casos de corrupción en la agenda pública se da en la forma de escándalos y con un rol central del periodísmo de investigación. Los escándalos producen una movilización de la indignación, degradando al acusado. El resultado es que la identidad de este se transforma, dice Pereyra, desvaneciendo su imagen previa de transparencia y situándola como una mera apariencia. Por ello, como en todo escándalo de corrupción, uno de los objetivos del gobierno es aislar al presidente. En ese sentido el miércoles pasado Bolsonaro declaró ante la agencia Bloomberg, que si su hijo se equivocó, deberá pagar por ello. La frase recuerda a la de Lula en 2005, en pleno escándalo del Mensalão: “cortaremos parte de nuestra propia carne, si es necesario”.

Michelle Bolsonaro
Jair Bolsonaro y su esposa

Lula y Bolsonaro tienen algo en común: ambos representaron el anhelo de una nueva política (Bolsonaro aún vigente, claro), con centralidad del discurso anticorrupción. El PT tuvo una trayectoria marcada entre otras cosas por levantar las banderas de la ética, criticando la corrupción y la impunidad de los noventa. El Mensalão y la Lava Jato son los principales capítulos de ese fracaso del PT. Y la operación Lava Jato es parte central de la degradación actual de las instituciones políticas brasileñas. Lo paradójico, es que Bolsonaro construyó su existosa candidatura sobre el antipetismo y el terreno político devastado por la Lava Jato. Pero los informes del COAF, que apuntaron inicialmente a Fabrício Queiroz y luego a Flávio Bolsonaro, surgieron como parte de una investigación derivada ni más ni menos que de la operación Lava Jato.

Una encuesta reciente de Datafolha muestra que la mayoría de los brasileños no apoya la agenda conservadora de Bolsonaro. Por ejemplo, facilitar el acceso a la tenencia de armas, la prohibición de tratar temas de política en las escuelas, o reducir las áreas destinadas a tierras indígenas. Según la encuesta, en su mayoría tampoco apoyan las privatizaciones masivas, la flexibilización laboral ni el alineamiento total con Estados Unidos. Esto quiere decir que los brasileños han elegido a su nuevo presidente menos por su agenda conservadora y más por representar una crítica a la clase dirigente.

Es decir, Bolsonaro es mayormente fruto de la crisis de representación. La anticorrupción es el centro de ese discurso, y por ello el escándalo de Flávio Bolsonaro mina su principal sustento. Dificulta también la relación Ejecutivo/Congreso, fuente de inestabilidad política en Brasil. Por todo ello, el Flaviogate puede condicionar seriamente al gobierno de Jair Bolsonaro. Brasil necesita superar tanto la crisis de representación como la económica, y difícilmente una de esas crisis pueda resolverse sin la otra. Sobre todo, sin estabilidad política el repunte económico -del principal socio comercial de la Argentina- será mucho más difícil. Si la relación entre el Congreso y el Ejecutivo brasileño es la mayor fuente de inestabilidad política, el primero se mueve también al ritmo de la opinión pública y la imagen que esta tiene del gobierno. En el impeachement contra Dilma Rousseff fueron claves la pésima aprobación de su gobierno y las multitudinarias manifestaciones en su contra.


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