“¿Y dónde está / la única palabra de pie en el día del juicio final?
Monarcas con coronas de cartón y gestos bobos,
Abogados, escribas y comerciantes: ¡espuma y paja!
Incluso ante límites firmes y precisos: ¡Confusión!”
Stefan George en el poema “La guerra”, 1917.
1. El sistema político le hace campaña a la crisis que profundiza su debilidad estructural
Las sociedades comparadas viven tiempos de polarización, descontento sistémico y ansiedad colectiva en un momento de retracción económica, de horizontes cerrados. Los gobiernos no toman como dato central de la realidad su debilidad institucional. Justamente por eso muchas veces sus líderes se prestan a juegos de enfrentamiento patético y fricción improductiva que resultan en más desprestigio e impotencia de la acción pública. Esto alimenta tanto los sentimientos de resentimiento como el odio visceral hacia la política democrática, el sistema político y sus representantes.
La insensibilidad y la amnesia de corto plazo de muchos no les permite ver que las guerras discursivas y judiciales que tiene el sistema político resultan totalmente ajenas a la enorme mayoría de la población que vive en la precariedad y con angustia uno de los peores años de ansiedad económica, pérdida del poder adquisitivo y empobrecimiento colectivo de la historia reciente. Las élites narcisistas y oligarquías cínicas, incluso luego del paréntesis mundialista y de sus extraordinarios festejos, quieren ser el centro de atención de los juegos del hambre que ellas mismas producen.
En este 2022 el sistema político pudo finalmente despertar en el corazón de la tormenta cuyas consecuencias se evidenciarán en los próximos años. El gobierno nacional tardó casi tres años en autopercibirse frente a una crisis en la que ya estaba inmerso, era actor principal y debía contar con un diagnóstico desde su inicio, desde la misma campaña electoral que lo llevó nuevamente a la gestión pública. Los niveles de improvisación, reactividad y desorientación en las gestiones de gobiernos de diferentes colores políticos serán únicamente superadas por la superficialidad de las propuestas a los problemas estructurales en los debates de campaña del año electoral pre-apocalíptico por venir.
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Volvió la violencia política y los discursos de odio seguirán en expansión mientras las condiciones políticas y económicas generales los alimenten. Ya larvada en las diferentes prácticas de guerras culturales que se potencian con el aumento de las políticas de identidad efímeras que dividen y polarizan todo mientras se autodegradan hasta reencarnar con otra categoría fetiche que nutra un nueva necesidad de autoafirmación impaciente. La polarización y el juego de extremos impiden habitar una arena democrática común que dé respuestas a las necesidades y reclamos de una sociedad que busca líderes e intérpretes de su descontento. Salir de los incentivos a la confrontación perpetua —que nos empobrecen a todos, desintegran nuestras comunidades y son obstáculo para construir derechos de largo plazo—sería propio de un principio precautorio, de supervivencia y responsabilidad.
El resurgimiento de la violencia política en Estados Unidos, Alemania o Argentina suele ser descartado como episodios excepcionales y marginales. Mientras tanto, las condiciones sociales, económicas e institucionales que explican su fermentación durante estos años se profundizan y enraízan en una sociedad que sigue entre la descomposición y la mutación y cuya salud mental colectiva se deteriora de manera acelerada.
La inercia puede derivar en parálisis. Toda la impotencia ejecutiva nutre la aparente fortaleza del poder judicial y se refuerza con un estancamiento de la actividad parlamentaria en tiempos en los que es vital un órgano deliberativo acorde a las grandes transformaciones locales y globales. Resulta dramático que en estos tres años no se haya podido, por mencionar dos ejemplos, postular y nombrar al/la Defensor/a del Pueblo (Art. 86 de la Constitución Nacional) o impulsar la despenalización del consumo de marihuana, un marco regulatorio para sus consumos problemáticos, el autocultivo y generar más recursos impositivos para un Estado debilitado con su producción comercial. Dos políticas públicas con consensos cruzados más allá de posibles resistencias, pequeños pánicos sociales y posibles reparos a resolver.
La Corte Suprema quizás intente, con su populismo judicial ya recurrente, impulsar lo que el sistema político, una vez más, no pudo hacer. Es por eso que ni podemos proyectar debates legislativos sobre políticas públicas en temas estratégicos, realmente urgentes, como por ejemplo, para enfrentar problemas de salud mental en aumento, para la regulación de redes sociales y sus efectos en las capacidades cognitivas de niños y adolescentes, para frenar federalmente la consolidación del narcotráfico o los desafíos ambientales que en estos años ni siquiera se identificaron -quizás con una idea de ignorancia estratégica- con el objetivo de minimizar daños sociales ya quizás irreversibles.
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2. ¿Quién gana con los juegos impotentes de un sistema político en crisis?
El éxito central del sistema económico y su modelo de acumulación que tiene trabajando al sistema político para sí hace ya medio siglo (o más) es que nos hace tomar como un “orden natural” lo que claramente es un diseño de un mecanismo de una eficiencia extrema, funcionando brillantemente incluso frente a actores institucionales retóricamente críticos que no lo identifican ni lo entienden. Y sin duda los sobrevivirá fortalecido. El ciclo de inflación y empobrecimiento ya despedazó lo que la generación del ‘37 y ‘80 construyó social y culturalmente en un siglo de organización constitucional (1853-1953), con sus parcialidades y contradicciones, en este enigma que llamamos Argentina. También ese ciclo deshizo las expectativas de lo que una generación de políticos en la transición de la democracia, entre coordinadoras radicales y renovaciones peronistas, pensaban hace 39 años que se podía reconstruir con el sistema político postdictadura. Luego de 70 años de inflación, con escasa o nula reflexión sobre una política constitucional y judicial de la protección de la moneda —una obligación exigida en el Art. 75 inciso 19 de la Constitución Nacional—, los problemas estructurales de la matriz productiva y los shocks regresivos de redistribución en los que vivimos, condenan a vivir a una sociedad en una democracia tan deficitaria como frágil, con derechos cada vez más precarios y segmentados.
Las consecuencias tarde o temprano nos alcanzan. Vivimos tiempos de transformaciones aceleradas y muchas de ellas serán simplificaciones debida a la complejidad que vuelve al sistema cada vez más inestable. Los nuevos feudalismos políticos —productos de los monopolios tecnológicos, de recursos energéticos o de reestructuraciones sociales basadas en nuevas formas de segregación de status—obligan a imaginar una metamorfosis de los sistemas políticos que se realizará a través del diseño reactivo o reflexivo. La élite puede estar mejor preparada pero dado que está mutando en formas de feudalismo con tintes autoritarios y personalistas, algo que se ve claramente con los billonarios ególatras, sufre las mismas pasiones sociales, sesgos de confirmación, burbujas y cámaras de eco que se observan en el resto de la sociedad fragmentada y de las emociones negativas.
El 2022 tuvo mucho del 2002. Veinte años no son nada. Crisis del sistema de representación política y un consenso económico transversal en un plan de estabilización que empobrece a los trabajadores más pobres y enriquece asimétricamente a sectores financieros improductivos más poderosos. Socialismo de mercado y acciones afirmativas para los sectores que siempre ganan y capitalismo salvaje para las enormes mayorías -hoy más del 85 por ciento de la población- que siempre sufren los ajustes. Discusiones sobre extranjerización de tierras y soberanías pérdidas, sobre el derecho a la protesta y presencia de movimientos sociales en las calles. Profesionales del derecho usufructuando de la violación sistemáticamente derechos de propiedad con la pesificación de depósitos o demostrando hoy su falta de compromiso ante un Estado de Derecho sin futuro y una generación de un futuro sin derechos. La debilidad del gobierno de Duhalde y la de Alberto Fernández tiene tanto sus semejanzas azarosas como sus claras diferencias sustanciales. Enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, empobrecimiento producto de un sistema financiero que sigue como motor de depredación del patrimonio colectivo, de los recursos estratégicos que tiene el país en el contexto de un mundo en guerra. Siempre el dólar, de 3,60 pesos -en noviembre del 2002- a 360 pesos -en diciembre del 2022-. Es increíble leer hoy los debates intelectuales de hace 20 años en plena crisis social y del sistema político, ver diagnósticos, propuestas y recorridos de sus protagonistas ante los desafíos actuales, lo fugaz y lo permanente. Los niveles de crueldad social e insensibilidad política han aumentado a niveles extraordinarios y eso no debería pasar desapercibido para advertir lo que viene en los próximos 20 años.
Lucas Arrimada es Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho en la UBA.
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