El gobierno de Alejandro Giammattei desestimó en Ginebra 80 de las 207 recomendaciones formuladas por distintos países, susceptibles de fortalecer los derechos humanos, ejercicio al que están obligados a presentarse los 193 Estados miembros de la ONU, una vez cada 5 años. Es un escrutinio "entre pares" denominado "Examen Periódico Universal" (EPU), donde el país examinado debe optar por "si" o por "no", frente a las propuestas de los demás gobiernos.
Este ejercicio, en el caso de Guatemala, se da en el contexto de las recientes elecciones generales, con renovación del Presidente, Parlamento y Alcaldías, inmersas en un clima de persecución contra jueces y fiscales que han venido llevando casos de corrupción y derechos humanos. La prensa crítica con el poder ha sido acosada. José Ruben Zamora, fundador de un diario, viene de ser condenado a 6 años de cárcel, pese al apoyo de organismos internacionales.
La crisis de derechos humanos que sufre Guatemala fue exhaustivamente debatida en este EPU. Alemania expresó su preocupación "por la creciente presión política sobre la independencia judicial y por la situación de la libertad de expresión y de prensa". Bélgica señaló "el continuo deterioro del estado de derecho". Irlanda fustigó "la alarmante deriva de la independencia del poder judicial". A Holanda le llamó la atención "el debilitamiento de las medidas anticorrupción".
Holanda deploró también "la criminalización de jueces, fiscales, periodistas". Irlanda agregó su inquietud "por la seguridad de los defensores de los derechos humanos". El Reino Unido instó al gobierno a proteger la libertad de los medios de comunicación", asegurar "el libre acceso a la información" y combatir "la desinformación". Grecia lamentó "que la mayoría de esos ataques siguieran impunes". Estados Unidos deploró "la corrupción en la selección de candidatos a cargos judiciales", y "la impunidad" de la represión contra la sociedad civil".
El gobierno de Alejandro Giammattei fue hostil en el presente EPU a ratificar instrumentos de Naciones Unidas para reforzar la vigencia de los derechos humanos, como la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y reformar la legislación interna para adaptarla a otras exigencias internacionales en los Derechos del Niño, la definición de la tortura, mujeres, personas LGBTQ+ y pueblos indígenas.
Las autoridades de Guatemala tampoco aceptaron dar garantías en la lucha contra la corrupción, por la independencia, defensa e imparcialidad del poder judicial, y sus funcionarios, temas abordados desde diferentes ópticas por Italia, Pakistan, Francia, Chipre, Suiza, Holanda, Finlandia, España, Noruega, Suecia, Alemania, Costa Rica, Irlanda, Canada, Estados Unidos, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Rumania, Ecuador, Reino Unido, Azerbaiyán y Dinamarca.
Los periodistas y las oenegés, no consiguieron el apoyo del gobierno guatemalteco para reforzar su protección, ante el acoso y derribo del que son objeto, mediante trabas "jurídicas, normativas, inferencias, hostigamiento, intimidación, abusos, malos tratos, represión, disolución", junto a "restricciones a la libertad de asociación y reunión pacífica", reclamados por Irlanda, España, Uruguay, Costa Rica, Canadá, Holanda, Luxemburgo, Chequia, Brasil, Letonia, Inglaterra e Italia.
La edad mínima laboral y la escolaridad obligatoria
Del mismo modo, los responsables de Guatemala desoyeron las exhortaciones a "armonizar la legislación interna con las normas internacionales del trabajo" (Azerbaiyán), "elevar la edad mínima laboral a 15 años y adecuarla al final de la escolaridad obligatoria" (Montenegro), "para incrementar las oportunidades educativas de los niños de toda extracción social" (Vietnam), y "avanzar en reformas legislativas", que fortalezcan "los derechos del niño y adolescentes" (Uruguay).
Siendo el presidente Giammattei de profesión médico, resulta llamativo que su gobierno haya barrido la recomendación de brindar a la población "una educación sexual integral adecuada a la edad, prestando especial atención a la prevención de embarazos en la adolescencia", al "virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y las infecciones de transmisión sexual", y a cuestiones relacionadas con el consentimiento y la violencia de genero, así como "los estigmas y estereotipos asociados a la salud e higiene menstruales" (Panamá).
Servicios de salud, sin garantías
En ese plano Guatemala tampoco aceptó "garantizar a todas las personas el acceso sin trabas a la igualdad, la salud y los servicios sexuales y reproductivos y a una educación sexual integral" (Sudáfrica), poniendo énfasis en "la prevención de los embarazos infantiles" (Suecia), sin olvidar "despenalizar el aborto" (Noruega) y "garantizar que todas las personas embarazadas tengan acceso… en condiciones de seguridad, tanto en la legislación como en la practica" (Islandia), respetando "la dignidad, autonomía corporal y bienestar de las mujeres y niñas" (Chequia).
Por otra parte, Guatemala no atendió la propuesta de Islandia de "financiar y aplicar la Estrategia de Salud Trans y aplicar y medir cuantitativamente sus resultados". Al tiempo, declinó "asegurar el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, combatir la violencia contra las mujeres y ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica" (Francia). Y le negó a Sudáfrica "armonizar … el Código Penal" en cuanto "a la edad de consentimiento sexual de niños y niñas".
Cabe recordar que la población de Guatemala supera los 17 millones de habitantes, siendo indígenas el 40%. Tal vez por ello la República Dominicana intentó, pero sin suerte, que las autoridades aceptaran elaborar "un plan de acción nacional para la aplicación y protección de los derechos de los pueblos" autóctonos, en colaboración "con organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos".
El derecho a la tierra, vulnerado
Similar actitud negativa le reservó Guatemala a Irán, para que se le reconocieran a estas poblaciones originarias, "los derechos a sus tierras, territorios, y recursos naturales", y el "acceso a la justicia y a recursos judiciales rápidos y efectivos … especialmente los que hayan sido desplazados o desalojados por las fuerza". Esas expulsiones forzosas de indígenas de su geografía ancestral motivó a que Sudáfrica le reclamara a Guatemala "intensificar medidas para protegerlos", demanda por cierto rechazada.
En ese marco, no fue aceptada por Guatemala la propuesta de Venezuela que se les garantizara a los indígenas "acceder y gestionar sus territorios de origen y recursos naturales y a participar en la adopción de decisiones sobre los asuntos que les conciernen", mientras Dinamarca no consiguió que Guatemala les otorgara "el consentimiento libre, previo e informado en relación con las políticas, proyectos y leyes que los puedan afectar", según las normas de derechos humanos.
Guatemala demostró ademas "no reconocer la identidad de genero de las personas trans" y que "puedan iniciar un proceso administrativo para modificar su nombre legal, fotografía y marcador de género en su documentación legal" (Islandia), no aplicar la prohibición de "las llamadas terapias de conversión que intentan cambiar la identidad de genero y la orientación sexual de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgenero» (Colombia), no hacer respetar los derechos de personas LGBTIQ+ frente a actos de discriminación y violencia" (Chile), ni "investigar los delitos cometidos contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales" (España).
Guatemala desestimó la exhortación de Brasil, de "revisar el Código de Migración para aplicar plenamente el derecho a la no devolución y la prohibición del rechazo en frontera o de la devolución indirecta, prestando especial atención a los derechos de los niños migrantes". No reconoció que se "castigue la discriminación por cualquiera de los motivos reconocidos en las normas internacionales, como la orientación sexual e identidad de genero" (México), y paralelamente "adoptar medidas de acción afirmativa para reconocer la identidad de genero de todas las personas, conforme a su autonomía personal y dignidad humana" (Argentina).
