El periodista guatemaltec y fundador de El Periódico José Rubén Zamora Marroquín fue condenado a seis años de prisión y una multa de 37.500 dólares por una causa de lavado de dinero. El diario opositor al gobierno de Alejandro Giammattei debió cerrar sus puertas el pasado el 15 de mayo tras 27 años de circulación.
"Se impone a José Rubén Zamora Marroquín la pena de seis años de prisión inconmutables", dijo el juez Otto Valvert, al anunciar la sentencia contra el fundador de El Periódico. Tanto el periodista como la fiscalía, que pedía una condena de 40 años, apelarán el fallo.
Argentina ocupa el puesto 29 en el ranking de libertad de prensa
La Fiscalía había pedido 40 años de cárcel para el periodista de 66 años, quien esperaba ser absuelto. Las organizaciones de prensa catalogaron el juicio como una "caza de brujas" llevado adelante en medio de la campaña de las elecciones generales del 25 de junio, difundió la agencia AFP.
Tras denunciar "persecución penal y presión económica", El Periódico, fundado por el periodista en 1996, cerró definitivamente el 15 de mayo. En diciembre ya había dejado de circular en papel y solo mantenía la edición digital. El diario recibió varias distinciones, entre ellas el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.
Una expresión sin libertad
"Voy a apelar" fueron las primeras palabras del periodista Zamora. Con aspecto sereno y, por momentos, sonriente fue retirado esposado desde el tribunal hacia la cárcel donde permanece recluido desde hace casi 11 meses.
Zamora acusó al presidente Giammattei y a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de haber fabricado el caso para silenciarlo por publicaciones sobre corrupción en el gobierno. "Yo sigo siendo inocente y él sigue siendo ladrón, eso no se lo va a quitar nadie en la historia", expresó el periodista sobre el mandatario guatemalteco tras el fallo.
El periodista contó que entre la decena de abogados que participó en su defensa "la mayoría fueron perseguidos por el Estado de Guatemala, cuatro fueron encarcelados y dos salieron del país". El propio Zamora advirtió que su esposa Minayú Marroquín, se exilió junto a su hijo antes del fallo a Estados Unidos por temor a ser arrestados.
Libertad de expresión y plataformas digitales
El Caso
Desde que se inició el juicio, el pasado 2 de mayo, la Fiscalía acusaba a Zamora por supuesto lavado de dinero, extorsión y tráfico de influencias. Sin embargo, el tribunal desestimó los dos últimos cargos, aunque también lo condenó a pagar una multa de unos 37.500 dólares.
Rafael Curruchiche, fiscal encargado de la investigación contra el periodista, adelantó: "Vamos a presentar una apelación especial y la pena que hemos pedido, de 40 años, la vamos a solicitar nuevamente a la Sala de Apelaciones". La exfiscal Samari Gómez, juzgada con Zamora bajo la acusación de filtrarle informaciones, fue absuelta por el tribunal.
Según adelantó la agencia AFP, el caso Zamora ocurrió tras la detención de varios exfiscales y jueces que investigaron sonados casos de corrupción, quienes ahora son señalados en su mayoría de abuso de autoridad de los cuales ocho están presos y más de 30 exiliados, según informó la ONG Human Rights Watch (HRW).
Desde ADEPA “alertan” sobre sobre los atropellos y las descalificaciones que alteran la libertad
Solidaridad en la comunidad mundial
Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) publicó en Twitter: "Desde WOLA, y varias organizaciones internacionales, hemos denunciado que la persecución política de las voces críticas, como la de José Rubén Zamora, es motivo de grave preocupación. La criminalización del ejercicio periodístico es una vulneración a la democracia misma".
“El caso de Zamora representa un paso más hacia la consolidación de una dictadura. El Estado de derecho está roto", afirmó la directora de WOLA.
Por su parte, previo al juicio la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Guatemala, externa su preocupación por los reportes recibidos y llama al Estado a garantizar de forma plena y efectiva estos derechos fundamentales. El actual relator de la CIDH, Pedro Vaca, expresó a través de Twitter su preocupación por "la condena penal contra el periodista". "El medio que lideraba, cerró. Varios periodistas que han hecho cobertura de su caso son investigados. Los reportes de miedo y autocensura de la prensa en Guatemala, son diarios", denunció.
Posición contundente
Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también repudiaron la condena al periodista: “Estamos ante un claro acto de intimidación en contra de todo el periodismo de Guatemala", firmó el presidente de la SIP, Michael Greenspon, en un comunicado. "Se trata de un golpe bajo para la libertad de prensa en Guatemala", amplía el mismo documento.
Es "contradictorio o, al menos sospechoso, que un periodista, cuyas denuncias sobre corrupción pública llevaron a presidentes y a altos funcionarios a la cárcel, termine en la cárcel", comentó el jefe de la SIP. Y concluyó: "Si bien la SIP es respetuosa de los fallos judiciales, no podemos dejar de reiterar nuestras críticas al sistema de Justicia de Guatemala por su falta de independencia".
Por su lado, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, dijo que esta sentencia "amenaza el periodismo independiente y la libertad de expresión en Guatemala". En la misma línea, Nichols publicó en su cuenta de Twitter: "El mundo estará pendiente de que se proteja su salud e integridad física".
Fallo histórico para la libertad de prensa
Guatemala avanza hacia un “modelo autoritario”
Con esas palabras describió Edmont Mulet el rumbo que tiene el país centroamericano. El candidato centrista para las elecciones del 25 de junio. "Vamos deslizándonos poco a poco a un modelo autoritario. No digo de dictadura, pero sí autoritario, modelo Nicaragua, por ejemplo", señaló el abogado de 72 años en diálogo con la agencia AFP.
"La persecución contra medios de comunicación, periodistas, operadores de justicia, políticos(...) son elementos preocupantes", agregó. Mulet inició su carrera política en los años 80 como diputado y en 1992 presidió el Congreso. También fue periodista y embajador en Estados Unidos y la Unión Europea.
NT
