1st de March de 2021
OPINIóN A un año de los 4 primeros procesamientos
18-02-2021 09:52

Torturas en Malvinas: el Poder Judicial y sus violaciones a los Derechos Humanos

El trámite ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur lleva 14 años. Bajo la actual dinámica de trabajo, se necesitarían 311 años para obtener los procesamientos restantes.

Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso*
18-02-2021 09:52

El trámite ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur lleva 14 años. Bajo la actual dinámica de trabajo, se necesitarían 311 años para obtener los procesamientos restantes. A un año del dictado de los 4 primeros procesamientos por torturas en Malvinas, las víctimas siguen aguardando justicia.

La cuenta es sencilla. Una regla de tres simple alcanza y sobra para contextualizar el estado de situación de la causa. El expediente1.777/07 caratulado “Pierre, Pedro Valentín y otros s/ Imposición de tortura”, cumple 14 años de vida en 2021. En la causa hay 95 militares denunciados. 2 fallecieron, por lo que el número de personas investigadas es 93. Se tomaron 4 indagatorias, que culminaron todas en procesamientos por la comisión del delito de torturas. A este ritmo, necesitaremos 311 años para contar con los 89 procesamientos restantes. El número es estremecedor, máxime si le añadimos que ello no supone la elevación a juicio, los juzgamientos, y todas las acciones determinantes para alcanzar la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El Poder Judicial se ha colocado en offside. Tras llevar adelante 4 indagatorias, la Jueza Mariel Borruto entendió que había elementos suficientes para resolver la situación procesal de los, ahora, 4 procesados. Es decir, aquellas denuncias, sostenidas durante 14 largos años por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, tienen sustento suficiente, material probatorio idóneo. No hay excusas. No existen vaguedades. Las condiciones para avanzar están dadas. ¿Qué sucede entonces?

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En un primer momento manifestaron que fue la acefalía (en 2015 se jubiló la Jueza a cargo del Juzgado Federal, Lilian Herráez); luego, al asumir Borruto, que había toneladas de trabajo acumulado. Ahora, la pandemia. Nadie duda de las dificultades logísticas que implican las diversas excusas desplegadas desde el Poder Judicial. Lo cierto es que, de mediar vocación institucional, las respuestas estatales van aflorando. Tal es el caso de Alejo Ramos Padilla, que desde el Juzgado Federal de Dolores pudo desenmascarar una compleja trama de inteligencia ilegal y paraestatal.

Sin embargo, aquí parece no haber voluntad. Cada tanto sacan a orear los cuerpos del nutrido expediente. Giran algunos oficios, realizan algún que otro exhorto, pero nada implica cambios sustantivos. Los más de 120 denunciantes, muchos de ellos víctimas, son, 39 años después, cruelmente revictimizados.

Es el Poder Judicial, en tanto poder del Estado argentino, quien se encuentra violando sus derechos fundamentales, al condicionar la garantía de acceso a la justicia, e infligir un sufrimiento desmedido a personas que, a casi cuatro décadas, esperan ver una cara amigable en los/as encargados/as investigar y juzgar. La guerra de Malvinas, abordada en perspectiva de derechos humanos, en tanto epílogo de la dictadura cívico-militar, nos ha dejado numerosas cuentas pendientes. Los exsoldados conscriptos, combatientes, han sido la última víctima colectiva del proceso de genocidio y propagación del terror.

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Sin embargo, y pese a la vasta evidencia empírica -documental-, subjetiva -testimonial-, todavía hay sectores que incluyen en un mismo saco a torturadores y torturados; a represores y exsoldados conscriptos; a víctimas y victimarios. No todo es lo mismo. No lo son aquellos jóvenes, que con valentía y heroísmo hicieron frente al cañoneo británico sin equipamiento, sin abrigo, sin comida, sin instrucción, y compelidos a hacerlo merced a la ley de servicio militar obligatorio; que la comandancia, aquellos que, en muchos casos, se encuentran procesados y/o hasta incluso condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio continental argentino, al momento de la implementación del Plan Sistemático de Extermino (causa 13/84).

En esta injusticia actual y lacerante, se inscriben los suicidios. En estos actos inhumanos de “la justicia”, están presentes las rémoras de quienes diseñaron, antes de abandonar el poder, un complejo dispositivo tendiente a obtener la impunidad. Como se ha constatado en la reciente investigación “Terrorismo de Estado y Malvinas: el montaje de la impunidad” (Guerrero Iraola, 2020), la dictadura montó una tecnología de olvido que contó, entre otras cosas, con diseño en materia de inteligencia, de contrainteligencia y de acción psicológica a los soldados conscriptos y víctimas de las torturas. Esta información obra en el expediente. La Jueza la conoce. Cada minuto de dilación, es complicidad con la maquinaria gestada por la dictadura. Sobre esto no debe haber dudas.

Estas cuestiones deben ser advertidas. Resulta inconcebible pensar que, a este ritmo, la causa requiera 311 años para alcanzar los procesamientos. Esa desmesura, casi un juego matemático y profundamente irónico, nos sitúa en la antesala del concepto de impunidad biológica. El derecho penal persigue a las personas con vida. La Justicia, como tal, se sustancia una vez que recae una sentencia emanada de un tribunal oral competente, y que ésta adquiere firmeza. Más allá de todo, la democracia argentina se debe un debate sobre la administración de justicia y la rendición de cuentas por parte de sus funcionarios/as judiciales. De lo contrario, continuaremos viendo cómo el paso del tiempo acrecienta las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que los excombatientes padecen desde 1982.

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El 18 de febrero de 2021 se cumple 1 año de los cuatro primeros procesamientos por torturas a soldados durante el hecho bélico. Sin justicia, no hay Nunca Más. Sin Nunca Más, hay vulneración de derechos. A 39 años de finalizada la Guerra de Malvinas, y 14 de iniciada la causa en que se investigan las torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en perjuicio de los soldados conscriptos, seguimos exigiendo Memoria, Verdad y Justicia.

 


* Jerónimo Guerrero Iraola. Abogado Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (@jerogi). 

* Laurentina Alonso. Abogada Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.