Está claro que el acuerdo con el FMI por sí mismo no soluciona ninguno de los temas estructurales que deberán encarar este gobierno y el próximo (cualquiera sea) para encorsetar la inflación, crear empleo y sacar a la mitad de los niños y niñas argentinas de la pobreza. De todos modos, sin un acuerdo el horizonte sería más perverso que el precipicio.
Hasta ahora, el actual gobierno del presidente Alberto Fernández no encontró receta alguna para reducir la inflación. Solo en el último tramo de este año, las cuentas asoman al menos desprolijas. El plan para “inyectar platita” mejoró el consumo pero también (nadie lo pensó mucho previamente) les sumó calor a los precios, sobre todo en un fin de año que nadie imagina color de rosa.
En octubre el consumo masivo en supermercados y autoservicios tuvo la menor caída en lo que va del año: 0,4% según la consultora Focus Market, que había registrado derrumbes del 7% en agosto, por ejemplo. La contracara: una familia tipo necesitó $ 72.365 mensuales en el mismo octubre para no ser pobre, según el Indec; casi un 50% más que hace 12 meses.
La economía va a los tumbos en materia de inflación y las recientes estimaciones no parecen alentadoras. Por ejemplo, la carne subió en torno al 25% a pesar del cepo a las exportaciones; los alimentos no logran desacelerarse aun tras las medidas del Capitán Frío, el secretario de Comercio, Roberto Feletti.
Incluso hay creatividad a futuro para sumar nuevas tasas que podrían recaer sobre todos los envases para crear un fondo que administraría el Ministerio de Medio Ambiente y que, sin dudas, generaría un nuevo aumento en los precios de las góndolas. La iniciativa, fogoneada por el diputado Máximo Kirchner, lograría un lugar en el tratamiento parlamentario de fin de año.
La lista de medidas gubernamentales que generan un efecto contrario al proclamado en su génesis podría ser extenuantemente larga y todas parecen tener un denominador común: apunta a ponerle el bonete de culpable de la inflación a un sector que no sea el Gobierno.
Los dedos acusadores se depositan sobre el sector privado: fue el campo el responsable de la suba de precios en la carne, las alimentarias las que se negaban a congelar precios de acuerdo con el libreto oficial y los laboratorios los que se negaron a no aumentar los medicamentos.
Tampoco es que no haya una larga lista de abusos en la Argentina por parte de un abultado grupo de empresarios que, en parte, siguen pagando el costo de haber practicado el silencio de la connivencia en tiempos no tan lejanos.
Como pasa en los malos divorcios, buscar un culpable afuera siempre es más fácil que buscar la cuota de errores propios y, si se puede, modificarlos para la próxima.
