domingo 03 de julio de 2022
OPINIóN Por más derechos e igualdad

Ingreso básico universal y criptomonedas

20-02-2022 01:56

Un billón de personas no tiene en el mundo una identificación válida. El 40% son niños y jóvenes menores de 18 años. Privados de una identidad que les sea propia, ocupan el último escalafón entre los descartados sin posibilidad de acceder a los múltiples derechos de la ciudadanía.

La asistencia social hacia ellos, desde transferencias monetarias condicionadas hasta planes públicos de vacunación para la primera infancia, pierde potencia y alcance porque el destino final es incierto o permanece oculto en registros precarios (Banco Mundial, “Counting the uncounted”).

El uso de teléfonos inteligentes, que atraviesa las diferentes capas sociales, puede ser un vehículo para forjar identidades digitales allí donde los Estados aún no han tenido capacidad de llegar. Según Global Findex Database, del 1,7 billón de personas que no puede abrir una cuenta bancaria en el mundo, la gran mayoría por problemas para demostrar su identidad, dos tercios tiene acceso a un teléfono con conexión a internet.

Esta conectividad brinda la oportunidad de afrontar dos necesidades superpuestas, establecer identidades y acercar ayuda social, y enlazarlas para encontrar soluciones innovadoras a través de nuevas tecnologías, como es el caso de blockchain.

Así surgió la propuesta de crear un ingreso básico universal para usuarios de determinadas criptomonedas o tokens asignando una suma fija a medida que se suman participantes a una red virtual y se verifican identidades de forma segura, reduciendo el riesgo de fraudes y facilitando el uso de recursos, aplicaciones y servicios en línea.

Vitálik Buterin, uno de los fundadores de Ethereum que visitó nuestro país hace pocas semanas, apoya el proyecto Proof of Humanity, que promueve un ingreso universal a través de la distribución de un token llamado UBI.

Existen otras plataformas de características similares, como la impulsada por eToro que cuenta con más de 200 mil participantes y también aspira a repartir una renta básica entre usuarios de su cripto activo llamado G$. O Encointer, que desde su lanzamiento en Suiza busca ofrecer un ingreso universal junto a una identidad digital.

La iniciativa comienza a tener adeptos en el área de las políticas públicas: Aarika Rhodes, candidata del Partido Demócrata al Congreso de Estados Unidos este año, propone la creación de un ingreso básico universal con criptomonedas. Propuestas similares se multiplican en diferentes latitudes.

Es evidente que la expansión de un ingreso básico universal colisiona ante las restricciones fiscales que enfrentan los gobiernos. De allí que la propuesta descentralizada pretende no afectar las arcas públicas, sino emerger como resultado de una mayor adopción de tokens y criptomonedas para el intercambio.

Las operaciones de blockchain tienen dos formas distintas de validación. Una es la prueba de trabajo (PoW), como la que utiliza bitcoin, donde se crean acertijos criptográficos que requieren un gran uso de energía de manera creciente a medida que aumenta su dificultad. La segunda manera es a través de una prueba de participación (PoS) donde los usuarios ponen en garantía sus tenencias de criptoactivos y se producen validaciones aleatorias en un proceso menos intensivo en uso de energía. En ambos casos, la tarea de validación, que es finalmente la que brinda seguridad a los registros en blockchain, es recompensada con nuevas criptomonedas.

La innovación que traen las criptomonedas con fines sociales es que redistribuyen una porción de ese beneficio entre todos los participantes de la red en forma de dividendo digital surgido del uso de su propio capital como garantía de validación. Esa recompensa común se convierte en un ingreso universal para todos los participantes.

A medida que más usuarios se unen a una misma red, y el precio del token o criptoactivo sube, los premios de participación son mayores y también la distribución del beneficio en un círculo que se retroalimenta y se compara con un efecto similar al aumento del Producto Interno Bruto (PIB) en economías digitales que van más allá de las fronteras geográficas (Wired, Public Blockchains Are the New National Economies of the Metaverse).

Las criptomonedas son cada vez más utilizadas en el metaverso, un espacio de la realidad virtual

Las criptomonedas son cada vez más utilizadas en el metaverso, el espacio de realidad virtual donde pueden adquirirse todo tipo de bienes y servicios, desde zapatos hasta inmuebles, y es habitado por usuarios a través de avatares o alter egos digitales.  

Blockchain es aún como las computadoras en los años 70, y los teléfonos celulares en los años 80, que eran lentos, inaccesibles y con mercados reducidos. Pero un uso generalizado de la tecnología podría producir saltos cualitativos exponenciales en el intercambio entre ciudadanos y con el sector público.

Una encuesta reciente del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Oxford encontró que el 71% de las personas está a favor del ingreso básico universal. En nuestro país, la posibilidad de generar experiencias piloto también es analizada en diferentes ámbitos. La alternativa de vincularlas con innovaciones digitales merece ser analizada, del mismo modo que el pago por servicios eco-sistémicos, los tokens y el camino de poner en valor y preservar nuestra riqueza natural también es otro puente que une innovación con sustentabilidad ambiental y social.

Según el Banco de Pagos Internacionales (BIS) de Basilea, 8 de cada 10 bancos centrales del mundo ya han lanzado o están explorando lanzar su propia moneda digital (“Ready, steady, go?”, BIS 2021). Suecia, Canadá, Suiza, China, Reino Unido y Japón emitieron o analizan emitir criptomonedas con respaldo institucional, una variante gubernamental de las también llamadas criptomonedas estables (stablecoins).

Surgen interrogantes vinculados a la política monetaria y a la capacidad de los nuevos instrumentos para amortiguar variaciones bruscas, al alza o a la baja, de los precios. La controversia ya no abarca solo la cuestión de si el Estado debe tener el monopolio de la emisión de dinero, sino si debe también tener la exclusividad en la validación de identidades, o si esta validación puede hacerse de forma descentralizada, a través de tecnología blockchain, una cuestión que va más allá del cálculo tecnocrático sobre la reducción de los costos de transacción y la ganancia de efectividad (“Financial Inclusion on the Rise”, Banco Mundial).

En Robotlución, una publicación que compilé hace unos años en el BID, Cristina Calvo analizó diferentes pruebas piloto realizadas sobre el ingreso ciudadano en Finlandia, Canadá y Países Bajos, entre otros. Esas experiencias muestran que los beneficiarios no abandonan la cultura del trabajo. Como la renta básica no es una suma muy elevada se mantienen los incentivos para la búsqueda de progreso y la contribución social del empleo.

Para imaginar una renta básica asociada a tecnología blockchain es necesario contar con un ecosistema granular que aún está en desarrollo a nivel nacional. Por mencionar algunos ejemplos, la Casa de Moneda Argentina ha creado una oficina de blockchain para avanzar en la trazabilidad de operaciones digitales y contratos inteligentes. Mientras que la Red Federal de Blockchain y la Secretaría de Innovación Pública dieron pasos para una variedad de iniciativas que van desde la certificación de trámites y títulos universitarios hasta la confección de cauciones de seguro y el monitoreo de licitaciones públicas.

Si el uso de criptomonedas, una de las muchas aplicaciones de blockchain, continúa expandiéndose al ritmo actual, la nueva arquitectura financiera internacional debería contemplar el establecimiento de marcos preventivos conjuntos, acciones multilaterales de mitigación de riesgos, de adecuación para profundizar el uso de energías limpias y amigables con el ambiente, y de control de la evasión impositiva y lavado de activos. El desafío recién empieza.

Pero más allá de la velocidad con que puedan crecer de forma descentralizada, las cripto sociales están cumpliendo una importante misión: instrumentar mecanismos tecnológicos solidarios de distribución de beneficios y enriquecer el debate en torno al ingreso básico universal. La Argentina no puede resultar ajena a esta discusión, y por eso esta temática merece el análisis y trabajo conjunto de todos los actores en el ámbito del Consejo Económico y Social.

*Secretario de Asuntos Estratégicos. Presidente del Consejo Económico y Social.