No existe en el país un paciente más diagnosticado que el sistema de salud. Todos los especialistas que lo estudiaron coinciden en identificar a la fragmentación como la enfermedad crónica de la que no consigue reponerse.
Sus ramificaciones, incongruencias y superposiciones, sumados a los dispendios irracionales de capacidades y esfuerzos, encontraron durante la pandemia el argumento para dejar de lado las divisiones, obligándolo a una integración tumultuosa y forzada.
Ese camino de cooperación entre el sector público y el privado, entre prestadores y financiadores –hecho a los tumbos y en medio de la tragedia sanitaria en la que nos sumió el Covid-19–, debe encontrar ahora el camino para una integración inteligente, sustentable y ordenadora de un sistema en el que anualmente se vuelcan desde el Estado recursos millonarios, sin que esos esfuerzos lleguen en prestaciones satisfactorias a los usuarios del sistema.
Días atrás, el Gobierno nacional puso en marcha una iniciativa que contribuirá a la imprescindible integración de los diferentes subsectores, un aporte valioso para comenzar a cerrar brechas de inequidad en el acceso a la salud. La verdadera integración puede y debe darse en los cuidados que recibe la población a partir de una plataforma homogénea que garantice un piso mínimo y común de calidad en esos cuidados.
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Se trata del Plan Nacional de Calidad en Salud, que apunta a que desde la salita barrial más humilde hasta el centro de alta complejidad más avanzado, cuenten con los mismos estándares de calidad en la atención de la ciudadanía, independientemente del origen y condición del prestador y/o financiador de los servicios.
A diferencia del enfoque normativo tradicional que indica lo que se debe hacer, el plan busca generar una cultura de la calidad en nuestros servicios de salud, para lo cual necesitamos generar un cambio de paradigma que entusiasme y empodere a los trabajadores, para que sean ellos los que abracen el programa y lo protagonicen junto a la comunidad.
Otro aspecto sustantivo es el enfoque en el derecho de las personas, al promover una medición sistemática de sus percepciones mediante encuestas o por sistemas de relevamiento y compromiso con la opinión de los usuarios. Se desplazan así los tradicionales libros de quejas que están ocultos y que nadie tiene en cuenta.
Al respecto, ya hay mucha tarea desarrollada con antecedentes valiosos, lo que nos da una fortaleza técnica institucional por la expertise de aquellas personas que vienen trabajando en guías clínicas o en la seguridad del paciente y la calidad en nuestro sistema de salud. Por caso, las condiciones obstétricas y neonatales esenciales (CONE) que se han promovido, a las que ya han adherido y cumplen más del 70% de las maternidades del país, lo que se trasunta en partos seguros y respetados.
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Cuatro son los ejes que estructuran el plan: fortalecer la rectoría y la gobernanza en calidad y seguridad de los pacientes para disminuir las inequidades en el sistema de salud; implementar procesos permanentes para mejorar la calidad de la atención de salud con enfoque de derechos, centrada en las personas, las familias y las comunidades; instaurar procesos para promover la seguridad de los pacientes, y establecer estrategias para los equipos de salud que impulsen la calidad y la seguridad en la gestión del trabajo, la formación y la educación permanente y la protección de la salud de trabajadores y trabajadoras.
Consensuado con diferentes organismos e instituciones, y en un hecho poco frecuente, el Plan Nacional de Calidad en Salud ya ha conseguido sentar a la misma mesa para su ejecución a diversos referentes en el Consejo Nacional Asesor de la Calidad en Salud, que integran ministros provinciales, la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI, las obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales, las universidades, efectores privados y la OPS, entre otros actores del campo sanitario.
Con el paso dado, estamos avanzando hacia un sistema de salud más integrado, eficiente, sustentable y previsible en el que la calidad de las prácticas y prestaciones ofrecidas no varíe según la capacidad económica de quien las reciba o el lugar dónde se produzcan, sino que el punto de partida sea similar y garantice cuidados dignos y seguros para todos y todas.
(*) El autor es Secretario de Calidad en Salud de la Nación
