La experiencia en democracia indica, a la fecha, que no se puede modernizar sin antes reformar. Pero Javier Milei quiere las dos cosas, que no son lo mismo, y esto es un problema político, dado que en los medios de comunicación se están usando dos términos técnicos como si fueran sinónimos o alternativos, y en verdad, el impacto de uno u otro proceso es radicalmente distinto para la administración pública y para la sociedad. Lo es también para la capacidad de negociación de una fuerza legislativa tan pequeña.
Sabemos que estamos ante un claro cambio de trayectoria en la gestión política de gobierno y ese cambio, se enuncia con voceros de ocasión, escuetos comunicados cuasi-oficiales en redes, algunos trascendidos de periodistas de investigación o con trayectoria en el Congreso de la Nación. Entonces: ¿qué significan y explican estos distintos conceptos? Adelantamos que no son lo mismo y esto es un alerta, no una conjetura al pasar.
Por un lado, la reforma del Estado supone pensar en qué funciones se enfocará la administración pública y cuáles le serán propias a los individuos y la sociedad. Aquí, no intervendría el Estado más que para su función de dirimir ante contratos, actos criminales o causas judiciales. Se suele decir que, es una definición o redefinición de los límites entre el Estado y la sociedad a partir de los cuales se suelen restar acciones de producción de bienes y servicios públicos al Estado. Es lo que ha ocurrido en los 90 y en los inicios del 2000.
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Esto implica algo sumamente importante para la vida social y económica. Más Estado es más regulación de las relaciones sociales y económicas y por ende más habilitaciones y permisos son necesarios para que el individuo pueda actuar, teniendo un rol fundamental la burocracia y los funcionarios en este aspecto. A la inversa, menos Estado y más libertad para la sociedad supone que los individuos necesiten menos habilitaciones o pocos trámites para sus actividades económicas y sociales. Aquí, se vuelve más relevante la iniciativa privada, la cooperación entre individuos y la organización de la sociedad civil y las corporaciones, clubes y sindicatos. Es un volver a descentralizar la vida social, pero también un volver a revalorarse la responsabilidad e innovación social.
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Por otro lado, está la idea de modernización del Estado. Aquí hablamos de un cambio continuo hacia adentro de la burocracia del Estado. Es la mejora de procesos y procedimientos que permitiría más eficacia y eficiencia en la producción de bienes y servicios por parte de la administración pública. También supone un achicamiento del Estado, en muchas ocasiones, pero nunca perder esas funciones en manos de la sociedad.
En este caso, los mayores cambios se dan con la implementación de nuevas tecnologías y una dotación menor de recursos humanos, con un perfil más técnico y menos político, a lo largo de toda la burocracia. Esto se conoce también como cambios transversales u horizontales de modo unificado de las instancias administrativas. Todo esto busca como resultado esperable que ocurran los siguientes efectos: menos gasto público y menos impuestos para obtener igual o mayor cantidad de prestaciones de bienes y servicios por parte del Estado en beneficio de la sociedad.
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Una perlita dentro de esos procesos de modernización es que en la experiencia del año 2000 (Decreto Presidencial Nº 17/00) se encomendó la creación de la Secretaría para la Modernización del Estado, en el ámbito de la Vicepresidencia de la Nación, con sus objetivos, organigrama, y la unidad de Coordinación Técnica respectiva. Lo firmaron, como muchos recordarán De La Rua, Terragno, y Storani, y ya sabemos cómo terminó ese proceso con el déficit del Estado, la idea de presupuesto cero y gestión por resultado de Makon y finalmente la salida de Carlos “Chacho” Alvarez por el caso de coimas en el Senado.
Entonces, clarificados los dos conceptos y las implicancias de los mismos, queda por ver cuánto de lo que enviará Milei al Congreso de la Nación será parte de una dimensión de cambio de trayectoria en el sentido de una reforma del Estado y qué será aparte de la modernización. Esto supondrá entender también qué medidas ingresarán por el Senado de la Nación y cuáles ingresarán por la Cámara de Diputados de la Nación.
Sólo, para atender y entender la importancia política de estos cambios, es común que primero se den los procesos de reforma del Estado y si estos son exitosos, en una segunda instancia y con apoyo político renovado, se comiencen a aplicar las medidas de modernización de la administración.
Por esto, a la fecha, por los comunicados cuasi oficiales se planteen como necesarios los dos al mismo tiempo supone un esfuerzo político que hasta la fecha y en democracia no se ha visto nunca. De ahí, la radicalidad que pueda tener el giro de este gobierno y que nos obliga a prestar atención en detalle a los sucesos posteriores al 10 de diciembre y los cambios, que esperemos puedan tener un lado positivo, en todas las dimensiones de la administración y los efectos consecuentes sobre la sociedad en su conjunto.
