El contexto pandémico que gobierna casi todos nuestros actos en estos tiempos, en los que día a día se revelan con mayor crudeza todos sus efectos en el marco de incertidumbre que causa el desconocimiento de su evolución y de su duración, nos ha dado una singular ocasión para privilegiar la mirada común de los problemas e intentar encontrar herramientas que ayuden a crear soluciones.
Ha sido el Parlamento y concretamente la Cámara de Diputados, la que ha logrado la unanimidad en una decisión: las reformas a la ley de quiebras, demostrado de este modo tanto que el poder legislativo puede asumir perfectamente su rol aún en esta crisis y que además si los legisladores se focalizan en el problema a resolver, la compatibilización de ideas encuentra siempre un cauce posible.
La media sanción que obtuvo el proyecto tuvo 250 votos favorables, ningún voto negativo y solamente 2 abstenciones. No son cifras comunes. Es de esperar, además, un veloz acompañamiento de la Cámara de Senadores.
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Esta real unanimidad no significa que los bloques hayan cambiado sus idearios y pensamientos, seguramente siguen siendo los mismos, pero han sabido reconocer lo que era esencial en la visión común y buscar puntos de encuentro y conciliación para dar cabida a todas las ideas. Sin dudas, una actitud valorable de quienes detentan la mayoría en la cámara, pero también una muestra de sentido común y de sana actitud de quienes componen las minorías.
Este proceso estaba urgido por hechos que se van originado en este camino de regresar del ASPO para ir recuperando la normalidad en la vida social y económica, en el caso las medidas dispuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Medidas que fueron acompañadas por las decisiones de las Cámaras de Apelaciones de los fueros nacional y federal, que importan desde el lunes 4 de agosto un levantamiento de las suspensiones de los procesos judiciales en esas sedes y la recuperación -aunque limitada y sujeta a restricciones- de la actividad de los juzgados de primera instancia.
La combinación entre esta reapertura judicial y la intensidad, cantidad y variedad de los incumplimientos de sus obligaciones por parte de las empresas y de las personas humanas auguraban un desborde en la actividad jurisdiccional a consecuencia de la esperable cantidad de demandas y ejecuciones. Amén de ello, la ley de quiebras no contiene en su estructura un marco adecuado para hacer frente a crisis sistémicas como la que se está conformando. Se imponía por ello dotar a la ley de previsones de emergencia, transitorias, que sean suficientes para crear un marco temporal protector de los patrimonios, dentro del cual sea posible recrear tanto un ambiente macroeconómico que dinamice las actividades de producción y consumo, como a nivel de cada empresa la recuperación de sus aptitudes para poder tener chance real de enfrentar su propia crisis y superarla.
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El marco que crea la ley no es suficiente para este ciclo de recuperación pero seguramente es una condición necesaria. Las políticas económicas, fiscales, de promoción al consumo, de subsidios y ayudas, de apoyo crediticio a la producción y otras de estímulo a la actividad privada han de conformar una estrategia integral para recuperar al tejido social y económico. Pero sin estos cambios legales estas políticas no serían suficientes para evitar la quiebra generalizada de empresas y sus efectos sobre el nivel de ocupación y de pobreza. La experiencia del año 2002 es elocuente en este sentido.
Técnicamente, el contenido del proyecto de media sanción ha surgido del acuerdo entre los bloques parlamentarios. Podría o no haber sido distinto y ya será analizarlo. Lo que hoy importa es que la política ha dado un ejemplo de madurez que sería bueno que se fuera manifestando en todos los órdenes. Ni la conducción de la mayoría se ha valido de ella para imponer sus ideas ni la minoría ha entorpecido el debate y todos han aportado y sacrificado por igual. Un aspecto no menor de esta actitud ha sido la de abandonar toda idea de incluir dentro de la discusión ideas que estaban presentes en más de un proyecto y que, trascendiendo la necesidad concreta y urgente del momento, avanzaban hacia nuevos institutos para incorporar a la ley concursal.
Como muy bien dijo más de un legislador, una reforma de fondo y estructural de la ley de quiebras requiere marcos temporales distintos, ambientes de consulta amplios y la ausencia de urgencias como la presente, que condicionan los tiempos y los análisis. Es de esperar que cuando sea propicio encarar proyectos de reforma estructurales del régimen legal concursal, los mismos sean integrales y cuenten con una organización amplia que permita que se expresen los especialistas en la materia así como todos los sectores vinculados con las crisis empresarias.
En síntesis, la política satisfizo la necesidad presente y estuvo a la altura de las urgencias y de la emergencia. Su resultado se verá, lo dirá el tiemo y siempre podrá corregirse, pero el intento vale la pena que sea destacado.
