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OPINIóN / Política
jueves 4 junio, 2020

Reiniciar la justicia, garantizar la Salud y volver a Tribunales

La vuelta a la actividad Judicial en varias jurisdicciones contribuye a reestablecer la normalidad de uno de los grandes poderes constitucionales del Estado.

Juan Pablo Más Vélez*

Corte Suprema de Justicia de la Nación Foto: CEDOC
jueves 4 junio, 2020

Celebramos la decisión de la Corte Suprema de habilitar, total o parcialmente, la actividad del Poder Judicial en varias jurisdicciones del país. Tal medida contribuye a reestablecer la normalidad de uno de los tres grandes poderes constitucionales del Estado, cuyo funcionamiento viene rezagado a la fecha por una extensa feria extraordinaria.

De tal manera, esperamos que restituya la garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los justiciables, como así también la posibilidad del ejercicio de la actividad profesional de los colegas, que resulta esencial para el propio desarrollo de la función judicial. Desde ya, tal rehabilitación de la Justicia exige el respeto de las normas de sanidad y seguridad establecidas por las autoridades competentes y la aplicación intensiva de recursos tecnológicos para la puesta en marcha de la actividad tribunalicia.

Es tiempo del retorno de la justicia

En tal sentido, las decisiones a adoptar deberían guiarse por ciertos principios ordenadores, a saber:

1) La solidaridad, entre todos los actores del sistema, para propiciar un uso racional de los recursos disponibles para el desarrollo de actividades presenciales y a distancia, que permita la optimización del desempeño de las tareas de la manera más eficaz.

2) El conocimiento, a través del aporte de profesionales y académicos que colaboren en la evaluación y definición de adecuaciones e innovaciones en forma informada y transparente. La crisis exige que las autoridades escuchen el consejo de expertos –en todos los campos, no solo en medicina– y también la voz de los propios afectados por las medidas.

3) El consenso, como regla esencial para la armonización de los distintos intereses en juego, lo cual requiere reconocer la legitimidad de los propios representantes sectoriales (abogados, magistrados, funcionarios y empleados) y propiciar mecanismos de cooperación y de resolución pacífica de conflictos. En particular, ello requiere reforzar el compromiso y la responsabilidad que deben observar las partes con el normal y eficaz desarrollo de los procesos judiciales, tal como exigen las normas procesales vigentes.

4) La coordinación, entre las diversas autoridades competentes en las diversas jurisdicciones (nacionales y locales), especialmente en el AMBA y con un foco puntual sobre la CABA. Ello así, considerando la complejidad de la administración de un tejido urbano sobre el concurren múltiples jurisdicciones con facultades regulatorias (tal como ha reconocido la propia Corte Suprema en la causa “Mendoza”, entre otras), donde –de hecho– convienen nueve Cámaras con igual competencia territorial y tres tribunales con jurisdicción nacional. Por lo tanto, es imprescindible definir procedimientos que faciliten la cooperación para la adopción de las decisiones sustanciales sobre el funcionamiento de la Justicia en el ámbito de la Ciudad.

El trabajo de la justicia penal durante la cuarentena

La crisis del coronavirus ha mostrado, una vez más, la importancia de bregar por la adopción de decisiones informadas y consensuadas para enfrentar los graves desafíos que se nos presentan como sociedad. Las soluciones no pueden platearse unilateralmente, como si fueran 10 mandamientos o 12 tablas, sino que deben construirse colectivamente con la mirada y el aporte de todos los sectores involucrados.

La Corte Suprema, frente a ciertos casos relevantes, se ha abierto a escuchar a expertos como “amigos del tribunal” (Acordada 28/04) y a las partes en “audiencias públicas” (Acordada 30/07) en aras de promover la participación ciudadana, ampliar el debate sobre cuestiones trascendentes y mejorar la calidad de la administración de justicia. De manera análoga, y con mayor razón, deberían aplicarse carriles semejantes para definir las vías de acción que permitan sortear una situación de colosal trascendencia institucional e interés público: la necesaria desparalización del Poder Judicial frente al Covid-19.

Vistamos al Rey

La administración de justicia no es un mero servicio, que pueda catalogarse como más o menos esencial, sino que es uno de los grandes poderes constitucionales del Estado con la alta función de resolver los conflictos que pudieran suscitarse entre los particulares o con las autoridades. Nada más necesario en tiempos de pandemia.

La extensión de la feria extraordinaria no podía ser la única solución. Ya es tiempo de proyectar, con los debidos resguardos, las salidas que permitan la progresiva reactivación de la Justicia bajo las coordenadas de solidaridad, conocimiento, consenso y coordinación propuestas.

 

* Abogado. Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Consejero de la Magistratura de la Nación.


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