El crimen trasnacional organizado resulta un fenómeno relativamente reciente, que se está extendiendo con una rapidez inusitada y que azota fuertemente también a nuestro país. Constituye un sistema criminal derivado de la reciente globalización, que logró comprender como pocos la obsolescencia de las fronteras nacionales, pero cuyos efectos siguen siendo abordados, perseguidos y juzgados en los diversos Estados de la región, con criterios, estructuras y recursos propios del siglo pasado.
En esa línea, desde la Argentina se lanzó una campaña para la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA), mediante la cual se pueda juzgar, con competencia supranacional, a las organizaciones asociadas al crimen que operen en más de un país de la región.
Así, los delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, armas, personas, bienes culturales o activos no declarados podrían ser investigados, perseguidos y juzgados por una institución permanente que, estando al margen de las estructuras y los mandatos de los poderes nacionales, actuara con verdadera independencia, criterio y poder supranacional.
La COPLA no reemplazaría, entonces, a las jurisdicciones nacionales, sino que colaboraría con ellas.
La COPLA no reemplazaría, entonces, a las jurisdicciones nacionales, sino que colaboraría con ellas, más sin quedar sujeta a ningún organismo regional preexistente ni a los sistemas políticos o judiciales de los Estados que adhiriesen a ella.
Esta iniciativa, nacida de la sociedad civil, cuenta ya con el apoyo explícito de la Cámara de Diputados de la Nación, del Senado y del Parlamento del Mercosur. Además, los ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos llevaron el tema a la mesa del Mercosur, obteniendo un fuerte respaldo, especialmente de sus actuales pares brasileños.
De igual forma, los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), reunidos en Bruselas el pasado mes de julio, manifestaron su apoyo a la creación de esta corte, como una nueva e innovadora herramienta para la prevención, persecución y sanción de delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen transnacional organizado.
Es que, aunque desapercibo muchas veces, este flagelo se alza hoy como el principal problema de nuestra región, al afectar tanto a la población en sí como a la institucionalidad democrática y su desarrollo económico.
Dicho esto, el Poder Ejecutivo debería hacer propia esta importante iniciativa de la sociedad civil, proponiendo su materialización en un encuentro regional al más alto nivel, demostrándole a la región y al mundo el compromiso irrenunciable y el natural liderazgo de la Argentina en la búsqueda de un eficiente instrumento capaz de luchar contra la criminalidad transnacional organizada.
No cabe duda ya que la creación de una estructura como la COPLA, con un Tribunal, una Fiscalía y una Agencia Regional de Investigaciones e Inteligencia, se alzaría como la vía más segura y eficaz para perseguir y juzgar a escala transnacional a las cúpulas de estas organizaciones delictivas, que no conciben ni respetan fronteras.
El autor es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano (CESIUB)
E.A
