La guerra arancelaria de Trump ha fracasado en todos los frentes

WASHINGTON, DC – Resulta difícil exagerar la profundidad con la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha remodelado el panorama internacional en los últimos 14 meses. Desde la Segunda Guerra Mundial, la política exterior estadounidense ha seguido mayoritariamente un enfoque internacionalista. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio —todas fundadas y lideradas por Estados Unidos— ayudaron a mantener el orden multilateral, mientras que las relaciones económicas entre la mayoría de los países operaban bajo el principio de la no discriminación.
Trump ha trastocado ese orden, reemplazándolo con una agenda nacionalista y abiertamente imperialista de "América Primero", ilustrada vívidamente por su guerra abierta y temeraria contra Irán. Su retirada de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud ha debilitado los canales de comunicación esenciales para monitorear enfermedades transmisibles, coordinar rutas de vuelo, rastrear eventos meteorológicos y fomentar la cooperación global. En casa, ha seguido un curso igualmente destructivo, atacando instituciones clave de EE. UU., incluidos los sistemas de ayuda de emergencia, las protecciones ambientales y, por encima de todo, el estado de derecho.
Muchos de estos movimientos se han tomado con poca o ninguna planificación o previsión estratégica. Los aranceles de Trump, muchos de los cuales se basaron en cálculos dudosos y fueron posteriormente reducidos o revertidos, son un ejemplo de ello. Incluso las remotas islas Heard y McDonald, cuyos únicos habitantes conocidos son pingüinos y focas, no se salvaron.
La lógica de los aranceles de Trump también ha cambiado repetidamente. En diferentes momentos, se han justificado como una forma de eliminar los déficits comerciales bilaterales, castigar a los países que supuestamente tratan injustamente a EE. UU., reducir la inflación, mejorar la seguridad nacional e impulsar el empleo manufacturero. Sin embargo, las decisiones de Trump a menudo contradicen esos objetivos declarados; por ejemplo, el superávit comercial de EE. UU. con Brasil no impidió que Trump impusiera aranceles generalizados a los productos brasileños en represalia por el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, su estrecho aliado político.
Vietnam ofrece otro ejemplo sorprendente de la errática formulación de políticas de EE. UU. En julio, la administración Trump anunció un arancel del 20% sobre las importaciones vietnamitas, a pesar de que Vietnam había aceptado eliminar sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses. Según se informa, la decisión tomó por sorpresa a los responsables políticos vietnamitas, ya que creían haber asegurado una tasa mucho más baja del 11%.
La lista de inconsistencias y reversiones abruptas continúa. Lo más notable es que Trump ha atacado repetidamente las importaciones canadienses, subiendo y bajando los aranceles sobre bienes como automóviles y aluminio, a pesar de haber negociado y firmado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante su primera presidencia.
Dada su caótica implementación, no debería sorprender que la agenda arancelaria de Trump no haya logrado alcanzar ninguno de sus objetivos declarados. El déficit comercial de EE. UU. alcanzó un máximo histórico en 2025, el empleo manufacturero disminuyó y la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. En cuanto a la seguridad nacional, pocos podrían argumentar que las políticas de Trump han hecho que EE. UU. sea más seguro.
Al mismo tiempo, los aranceles de Trump y la incertidumbre que los rodea han enviado ondas de choque a través de la economía global. El reciente fallo de la Corte Suprema rechazando el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para perseguir su agenda arancelaria, junto con el anuncio posterior de Trump de que reimpondría un arancel universal del 10% bajo un estatuto diferente, solo ha profundizado esa incertidumbre.
Como resultado, los productores estadounidenses no pueden predecir cuánta competencia de importación enfrentarán o a qué precio, y las empresas que dependen de insumos importados no saben cuánto pagarán finalmente por ellos. Las empresas estadounidenses orientadas a la exportación, por su parte, no pueden medir hasta qué punto los mayores costos de los insumos las colocarán en desventaja frente a sus competidores extranjeros.
Tales condiciones impiden la inversión. Los productores que de otro modo podrían expandir su capacidad pueden mostrarse reacios a hacerlo, porque los aranceles que los protegen hoy pueden no estar vigentes mañana. Los exportadores, enfrentando costos más altos y aranceles de represalia de otros países, pueden reducir sus operaciones globales. Muchas empresas ni siquiera pueden determinar qué tasas arancelarias se les aplican realmente.
Afortunadamente, es probable que el fallo de la Corte Suprema limite la capacidad de Trump de utilizar aranceles discriminatorios como herramienta de negociación. En términos prácticos, los exportadores a EE. UU. ya no enfrentarían el riesgo de que un productor competidor pudiera recibir repentinamente un arancel más bajo por bienes idénticos. Trump dependía anteriormente de esta táctica al amenazar a importantes exportadores de automóviles como Corea del Sur y Japón, ya que incluso pequeñas diferencias en las tasas arancelarias pueden desplazar la ventaja competitiva de un productor a otro.
En respuesta al fallo, Trump ha amenazado con utilizar otras medidas, como derechos antidumping, para compensar la pérdida de sus aranceles discriminatorios. También ha invocado un estatuto que permite al presidente imponer aranceles generalizados por hasta 150 días. Estos pasos, aunque perjudiciales, al menos se aplicarían por igual a todos los países en lugar de favorecer a un productor sobre otro.
También podrían utilizarse otras disposiciones de la ley comercial de EE. UU., incluida la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que se dirige a las prácticas comerciales desleales, y la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite aranceles por motivos de seguridad nacional. Pero estas herramientas suelen requerir investigaciones prolongadas e implican retrasos procesales. E incluso si lograra imponerse, el fallo de la Corte Suprema ya ha recortado la capacidad de Trump de utilizar los aranceles como palanca política.
Todo esto subraya la importancia del principio de nación más favorecida de la OMC, que fue diseñado para evitar precisamente tal discriminación. Trump no será presidente para siempre, pero el daño que su administración ha causado al sistema de comercio global será difícil de deshacer. Sin importar cómo se restaure un sistema de comercio abierto y multilateral, revertir sus aranceles arbitrarios y temerarios será un primer paso necesario.
(*) Anne O. Krueger, ex economista jefe del Banco Mundial y ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, es profesora investigadora senior de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y becaria senior en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford.