En los últimos años el inconformismo en países como Francia, Argelia y Chile son situaciones que ayudan a entender lo que está sucediendo a nivel global y esto, no es un fenómeno extraño en Colombia en donde la realidad, supera la ficción descrita en el premio Nobel García Márquez. Los recientes estallidos sociales e inconformidades a lo largo del territorio, son solo un retraso de una inevitable -aunque tardía- reacción.
Un país que acrecentó en los últimos años la desigualdad económica donde los niveles de pobreza monetaria llegaron a un alarmante 42.5% en el año 2020. El desempleo, tradicionalmente, ronda los dos dígitos. Su estructura económica limitada y enfocada en commodities juega al vaivén de los precios internacionales repercutiendo en los ingresos fiscales de la nación.
¿Cómo no se quiere que ocurra un estallido social? La reforma tributaria es la chispa que generó el fuego. La ausencia del Estado, la violación sistémica de los derechos humanos en todas sus dimensiones y la nublada salida a la situación estructural vivida, es el descontento que se vive en los jóvenes y en las zonas marginadas de las ciudades, la población indígena y campesina que han mostrado su descontento.
Pero no nos equivoquemos. El Gobierno Nacional, así como algunos medios de comunicación, y el gremio empresarial del país han querido deslegitimizar el derecho a la protesta social a un nivel reduccionista de orden público.
El Gobierno Nacional tampoco han reconocido el excesivo uso de la fuerza pública durante las manifestaciones sociales. A pesar que la comunidad e internacional, UE y ONU entre otras, le han hecho un llamado en esta dirección al Presidente Duque. El costo político pasará cuenta de cobro en las elecciones presidenciales que se avecinan en el año 2022, con un afectado: el partido de gobierno.
A estas alturas del partido, la pandemia por COVID-19 fue solamente la cortina que permitió desvelar la crisis estructural que afronta todo el país y que sufre un pueblo tardíamente indiferente. Porque la lectura en términos políticos de la generalidad de la población, es el apoyo a las manifestaciones y a la necesidad de reestructurar y enderezar el camino de las políticas públicas, algo que era impensado una década atrás en un país que no para de ufanarse de ser una de las “democracias más sólidas de la región”.
¿Será Argentina el próximo país que lo entienda?
La pandemia trajo fuertes consecuencias socio económicas más allá de las graves consecuencias sanitarias.
La pobreza alcanzó a finales de 2020 al 42,9% de la población, con un 10,5% de indigencia y una pobreza infantil del 57,7%. En Argentina, más de la mitad de los niños son pobres y el año pasado no asistieron a las escuelas puesto que el gobierno decretó la no presencialidad de las clases.
La inflación anual se ubica por encima del 40% y durante 2020 el país sufrió una caída del PBI de 9,9%.
El gobierno acumula acciones asistencialistas para paliar la crisis que comienzan a sumar críticas entre sus propios seguidores quienes entienden que es una medida de emergencia, pero no puede ser una política sostenida en el tiempo.
¿Actuará el proyecto de ley de “Emergencia covid” en Argentina como actuó en Colombia la Reforma Tributaria? Difícil imaginarlo cuando los sectores más combativos que canalizan la protesta social histórica en la Argentina hoy son parte del Gobierno nacional.
En plena segunda ola, mientras el covid golpea duro, los atisbos de protesta ciudadana que se avizoraron a lo largo de 2020 ya no se ven. Solo hubo reclamos puntuales a partir de la suspensión de clases presenciales dictado por el gobierno nacional para el área metropolitana de Buenos Aires Poco a poco la ciudadanía fue naturalizando la nueva realidad y los reclamos se fueron acallando.
*Phd en Ciencias Sociales.
** Magister en Estudios de la Unión Europea.
