El 2021 finalizó con enormes y graves protestas sobre la radicación de emprendimientos mineros en el sur, además de los terribles incendios que asolaron a la Patagonia y el Litoral. El 2022 está comenzando con un gran debate ambiental sobre la explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino.
Estos fenómenos no son aislados, vamos a asistir progresivamente, a un debate cada vez más complejo sobre la sostenibilidad ambiental de los recursos y los ecosistemas. En la Provincia de Buenos Aires hay un frente abierto entre organizaciones ambientales, cámaras empresarias, gobiernos municipales, y por supuesto, la sociedad movilizada en un concepto que, en principio, asusta: exploración offshore de petróleo sobre la costa atlántica, dos de las cuales, se encuentran en áreas asignadas a 307 km frente a la Ciudad de Mar del Plata.
En el año 2019, el Estado Argentino realizó una convocatoria a distintas empresas petroleras para iniciar un proceso de exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino. Este proceso culminó a fines de 2021, con otro gobierno, mediante la autorización del Estado Nacional, en conjunto con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se autoriza formalmente la exploración offshore: “El Estado Nacional, en conjunto con la Secretaría de Energía, otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte”.
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La Cuenca Argentina Norte se encuentra entre la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Rio Negro, y su exploración para la explotación de hidrocarburos es un desafío en materia energética, ambiental y comercial.
Para el caso de la Ciudad de Mar del Plata, es importante considerar el impacto cultural que representa la instalación de plataformas petroleras frente a la costa, independientemente de la distancia, y aun en el caso de que no puedan verse, no se debe desestimar lo que la ciudad tenga para decir.
Mar del Plata es una de las principales ciudades turísticas de Argentina, un bastión de la clase media que durante generaciones veraneó en sus playas. La ciudad es parte del imaginario cultural argentino, no debemos desestimar la preocupación que esto genera, tanto a marplatenses como a turistas.
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Un aspecto interesante a tener en cuenta, es que la autorización a la exploración, es una política iniciada en una administración, y continuada por otra, algo poco común a grandes rasgos en la conducción política nacional de las últimas décadas. Esto nos indica la importancia de temas urgentes, tales como la ingente cantidad de divisas extranjeras que la economía necesita, y la compleja situación del costo de la energía en Argentina, un sinuoso camino que abarca desde el consumo de electricidad al costo del combustible.
Nos encontramos frente a un complicado dilema político, ¿Cuál es el costo ambiental que la sociedad está dispuesta a pagar, en pos del crecimiento económico del país?, y podría agregarse también, ¿Qué riesgos podemos asumir frente a la posibilidad de una ganancia?
El desarrollo sostenible intenta asegurar las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. El medio ambiente no tiene que ser enemigo del crecimiento económico, sin embargo, los ecosistemas nos manifiestan cada vez más drásticamente, que un crecimiento al ritmo y al volumen del siglo XX, puede comprometer seriamente la capacidad de las comunidades humanas a seguir desarrollándose.
Es importante poner en relevancia cada aspecto y cada riesgo potencial de los futuros emprendimientos offshore, es clave escuchar a las comunidades de la costa atlántica y no tomar decisiones a sus espaldas, también es importante que los controles y fiscalizaciones ambientales se cumplan.
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Si de algo depende el medio ambiente en el cual se asientan las sociedades humanas, es la fiscalización ambiental. Las evaluaciones y fiscalizaciones por parte de los gobiernos son necesarias para cualquier tipo de desarrollo con un alto impacto en el medio ambiente, si estas instituciones no funcionan correctamente, toda la definición de sostenibilidad se derrumba.
La calidad institucional debe ser el primer paso para tener una buena política socioambiental, abierta a interpelaciones, transparente, y fundamentalmente de matriz asamblearia, que escuche en igualdad de condiciones tanto a empresarios como a los ciudadanos.
* Leonardo Güi. Abogado. Docente de Derechos Humanos desde la Perspectiva Internacional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sede San Isidro, extensión áulica Tigre, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
