En el momento más severo de la crisis política post PASO, el Ejecutivo envió al Congreso su anunciado proyecto de Ley de Hidrocarburos, el llamado “Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas” (RPIH). En verdad, el proyecto tiene muy poco de reforma a la legislación sectorial (el viejo decreto-ley 17.319 de 1967), y mucho de un amplio esquema promocional desarrollado en un extenso e intrincado conjunto de regímenes y programas (109 artículos), que apuntan a una multiplicidad de objetivos, algunos de ellos contrapuestos: mayor producción de petróleo y gas, más refinación, mejora en la calidad de los productos, incentivos a yacimientos de baja productividad, aumento de las exportaciones, seguridad en el abastecimiento interno, promoción de obras de infraestructura, inversiones en las provincias “de origen”, empleo, cuestiones de género, sustentabilidad, fomento a proveedores nacionales, a proveedores regionales, reducción del costo del capital, entre otros. Todo teñido de un micromanagement extremo y de una amplia discrecionalidad para la autoridad de aplicación. Un enfoque en el que las compañías quedan cada vez más alejadas de sus capacidades empresariales, para dedicarse a interactuar con funcionarios que resuelven todo. El esquema de gestión económica preferido por el kirchnerismo.
De manera sorprendente, aunque el RPIH propone un régimen promocional con una vigencia de veinte años, el proyecto no es acompañado por ningún marco de planificación estratégica de nuestra matriz energética. Esta ausencia es más grave en el contexto de la actual transición energética global, que aspira a reducir cuanto antes el uso de combustibles fósiles para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y detener el calentamiento global. En Argentina la energía depende fuertemente del gas y el petróleo, que en conjunto suman el 85% de nuestro consumo primario. ¿Qué espera el Gobierno con estos veinte años de promoción de los hidrocarburos? ¿Llegar al 2042 con una matriz aún más dependiente de los combustibles fósiles? ¿Ir a contramano del mundo? Son preguntas que en el proyecto de ley no solamente no están contestadas; ni siquiera están planteadas. Vale la pena destacar que contar con una estrategia nacional para la transición energética no significa que las inversiones en hidrocarburos deban detenerse; en el corto plazo puede significar incluso lo contrario.
En estos días, los mercados mundiales del petróleo y el gas natural atraviesan circunstancias de precios muy elevados, que constituyen una excelente oportunidad para nuestras exportaciones. ¿Cuáles son hoy las trabas principales al crecimiento de Vaca Muerta y del sector? Los “cepos” generales que enfrentan todas las empresas: restricciones para vender en el exterior, indisponibilidad de las divisas generadas, una estructura impositiva distorsiva que penaliza la inversión, precios congelados, y como telón de fondo, incertidumbre económica generalizada. Más allá de algunas cuestiones específicas, como las limitaciones del transporte en el caso del gas natural, el sector hidrocarburos tiene un gran potencial de expansión exportadora si se corrigieran esas condiciones anormales y asfixiantes en las que se mueve la economía argentina desde hace dos años.
El problema con el proyecto de ley presentado, como ocurre con otras iniciativas discutidas con otros sectores (agroindustria, automotriz) es que en vez de solucionar los problemas mencionados con un programa económico integral, el Gobierno pretende perpetuar este esquema de cepos, controles y precios congelados, y simultáneamente abrir ventanas parciales de excepción a cambio de cierto patrón de desempeño sectorial. Es el espíritu de los planes sociales trasladado al mundo de las empresas: en vez de establecer condiciones económicas generales que permitan el crecimiento de las personas y de las compañías en base a sus propios esfuerzos, se establecen de manera permanente escenarios en donde el progreso está en manos de las decisiones y la discrecionalidad de los funcionarios.
El proyecto de ley del RPIH contiene también un pomposo “Régimen Especial de Cancelación para Grandes Inversores Hidrocarburíferos– RECH–”. que no es otra cosa que un esquema encubierto de transferencia de fondos públicos a YPF. En el RECH, las empresas beneficiarias pueden aplicar quebrantos previos al pago futuro del impuesto a los combustibles, cuyos recursos financian a la Ansés, a las provincias y al Tesoro Nacional. Se trata de un régimen con nombre y apellido: las condiciones de elegibilidad previstas en el artículo 74 son solo cumplibles por YPF. El problema es que YPF no es una empresa estatal, el 49% de sus accionistas son privados. ¿Cómo se justifica esta transferencia millonaria de fondos públicos?
Las autoridades vienen exhibiendo una gran confusión respecto al status jurídico de la empresa YPF, su composición accionaria y su rol en el mercado. Esta confusión a veces la perjudica (como cuando se la fuerza a congelar sus precios pese a la inflación y la depreciación del peso, o a reestructurar sus pasivos, como si fuera una dependencia oficial más), y otras veces pretende favorecerla (cuando se la hace beneficiaria indirecta de los recursos del impuesto a las grandes fortunas, o con el salvataje incluido en este proyecto). En el balance, todo indica que el desborde en la presencia estatal en YPF ha resultado dañino para la compañía: por eso sus acciones valen lo que valen en Buenos Aires y en Nueva York.
En síntesis, el RPIH presentado al Congreso es un mal proyecto, que no ataca los verdaderos problemas de la economía argentina, y que, de aprobarse, sumergirá al sector en una maraña de regulaciones y decisiones arbitrarias de las autoridades. Luego de la visita del secretario de Energía, el proyecto no volvió a discutirse en el Senado, en el medio de múltiples versiones sobre internas en el propio oficialismo que podrían postergar indefinidamente su aprobación. Es lo mejor que le podría suceder.
*Economista.
