No fue casual que el ex presidente Jair Bolsonaro haya elegido el jueves último para su retorno al país. Es que hoy, 31 de marzo, se cumplen 59 años de aquel golpe de Estado de 1964, cuando las Fuerzas Armadas brasileñas decidieron derribar al presidente Joao Goulart. La dictadura instalada habría de durar dos décadas y tuvo su final recién en 1985 con el inicio del proceso de “redemocratización del país”.
El mensaje era volver a celebrar la fecha con fanfarrias y manifestaciones, a imagen y semejanza de lo hecho a lo largo de sus cuatro años de gobierno. Solo que esta vez no contó con la ayuda del Ejército: el comandante, general Tomás Paiva, decidió castigar a los oficiales y suboficiales que públicamente reivindiquen el aniversario.
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El último mes, el presidente Lula da Silva mantuvo reuniones frecuentes con los tres jefes militares y el ministro de Defensa José Múcio. Los recibió en el Palacio del Planalto, pero también fue a los cuarteles. Contó, además, en este período con el inestimable auxilio de la Corte Suprema, que buscó recuperar las relaciones destruidas cuando ocurrió a partir del intento golpista del bolsonarismo, del 8 de enero último.
Las investigaciones policiales y judiciales de aquél ataque desastroso a los poderes públicos, con hordas que invadieron y destruyeron el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), mostraron que hubo “connivencia” de una parte de la oficialidad de las FF.AA. Paiva, quien asumió la comandancia en febrero, tuvo que desplegar un intenso trabajo para reatar lazos con el STF y con el propio gobierno de Lula. Por eso, y para evitar nuevas grietas con el poder civil, el general decidió reprimir a cualquier militar activo que se plegara a las manifestaciones de adhesión al golpe de 1964.
Admitió, sin embargo, que no puede hacer lo mismo con aquellos que están en la reserva. Vigilará, por eso, con gran atención lo que pueda ocurrir en el Club Militar de Río de Janeiro. La prudencia de los uniformados fue conmemorada en las oficinas del Planalto, especialmente, en aquélla ocupada por el presidente Lula. Marzo resultó ser un mes nada propicio para su tercera gestión: al cumplir los tres primeros meses, el líder petista se enfrentó con los lastres económicos y políticos que le dejó su predecesor Jair Messias.
Una de las mayores dificultades devino de la situación de extrema fragilidad de los sectores más pobres de la población; de modo que el primer desafío de Lula fue la reorganización de ministerios para garantizar el suministro inmediato de alimentos a los 33 millones de brasileños condenados al hambre.
Con todo, lo que no imaginó el ex líder sindical, es que los otros obstáculos a su gestión serían más difíciles de resolver. El primer atolladero, y tal vez el más importante, es cómo hacer crecer la industria y el agro del país cuando los créditos bancarios para la producción y el consumo están penalizados con elevadísimas tasas de interés. Hoy Brasil le gana al resto del mundo, con un interés básico de 13,75% fijado por el Banco Central, por decisiones del Comité de Política Monetaria.
Eso llevó al presidente a enfrentarse en vivo y en directo con el titular del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto. Al funcionario lo acusan de ser uno de los legados de Bolsonaro; que operaría según fuentes del Partido de los Trabajadores (hoy en el gobierno) contra el programa económico del lulismo. Esa confrontación marcó las relaciones de Campos con el gobierno en estos tres primeros meses, especialmente porque la independencia del BC, aprobada durante el “bolsonarismo”, impide al presidente brasileño removerlo del cargo a su titular. Sólo el Senado puede destituirlo.
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¿Por qué tanto énfasis en el tipo de interés? “Porque este afecta tanto a los consumidores brasileños como a la producción. Se encarece el crédito para financiar la adquisición de bienes durables y para la construcción civil” respondieron los economistas consultados. Para Julia Braga, profesora de la Universidad Federal Fluminense, “el país podría inclusive convivir con intereses altos si, para compensar, el Estado arbitrara una política fiscal expansionista que permitiera a los bancos oficiales financiar a tasas más bajas”.
Pero la realidad es otra: ayer el ministro de Hacienda Fernando Haddad anunció el programa oficial para contener los gastos del Estado. Es más leve que el sistema existente hasta ahora, pero no según los expertos no alcanza para promover el crecimiento y desarrollo que pretende el jefe de Estado. “Con las tasas de interés por el cielo, la inversión privada resulta mucho menos rentable que la aplicación financiera”. Para los expertos, “el gobierno de Lula enfrenta condiciones políticas y económicas más hostiles que nunca al desarrollo productivo del país”.
