La política doméstica también está en el radar del presidente Lula da Silva que decidió volcar en ella, estos días, su particular habilidad negociadora. Con ofertas de ventajas concretas, ha logrado serenar las aguas del Congreso, con una anterior mayoría bolsonarista, ahora en proceso de división. El gobernante va detrás de otro objetivo: atraer al mundo evangélico asociado, hasta hace poco, al gobierno anterior y que le puso más de un palo en la rueda electoral del año pasado. Con los legisladores de esa religión ya cerró trato, tras el compromiso de evitar pautas polémicas.
En pocas palabras, demandas democráticas modernas como aborto legal, identidad de género y políticas para las drogas, deberán aguardar otro gobierno, o en el mejor de los casos, esperar al último año de este. Por ahora, son temas que no podrán ser tratados libremente en el santuario de diputados y senadores. Según el diputado Carlos Viana, coordinador del bloque evangélico, el gesto del líder petista muestra que hay un interés real de pacificación y respeto mutuo. “Desde que nuestras condiciones no se vean afectados, el gobierno tendrá nuestro apoyo en todos los asuntos que fueran claves para Brasil”. De tal suerte que ni siquiera están dispuestos a juzgar como algo negativo, la eventual designación del diputado Jean Wyllys, defensor acérrimo de la diversidad, en la Secretaría de Comunicación del Palacio del Planalto.
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Desde luego, para Lula es imprescindible reducir el público de Jair Bolsonaro. No sólo por las elecciones de medio término -el año próximo deben elegirse intendentes de todo el país- sino también para quebrar la fuerza de lo que el propio presidente bautiza como “extrema derecha”, causante a su juicio del fenómeno del “odio” en la política. Para ejercer la cooptación de ese segmento religioso, cada vez más importante en el país, Lula designó algunos de sus funcionarios próximos que profesan la fe. No es un dato menor que hay sectores “muy” bolsonaristas reacios a aceptar negociaciones. Pero otros, como el diputado Silas Camara, que en breve será el jefe del bloque evangelista, se mostraron muy favorables a las conversaciones con el gobierno.
La destreza negociadora le permitió a Lula tener, hoy, un nuevo esquema de superávit fiscal que no quedará atado a las restricciones impuestas los últimos seis años, desde la presidencia de Michel Temer. No sólo esto, también podrá en breve tener aprobada una reforma tributaria que no había prosperado con ninguno de sus antecesores. Lo cierto es que las últimas encuestas revelan una sólida embestida de la popularidad presidencial.
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A propósito de las realizaciones, se destacan entre ellas los planes de subsidios agrícolas que beneficia tanto a los grandes productores como también a la explotación familiar. Otro de los éxitos oficiales reside en la cantidad de residencias entregadas a grupos pobres, del norte al sur del país, dentro del programa “Mi casa, mi vida”. La inflación cero de este mes cumplió también su misión en la tendencia a aprobar al gobierno lulista.
Según los relevamientos nacionales, la aprobación es hoy de 56,2%; superior en más de cuatro puntos a la distancia que hubo en octubre del 22 entre Lula y Bolsonaro.
Hay quienes advierten que la ganancia “lulista” del último mes puede deberse al hecho de que Bolsonaro se tornó inelegible para cargos públicos hasta el 2030. Fue una decisión adoptada hace un mes por la justicia electoral.
El gobierno quiere aprovechar, y si es posible incrementar aún más, la marea de popularidad. Entre otras cosas, porque hay buenos pronósticos para la economía, lo que facilitará atraer más partidos a la base parlamentaria oficialista.
NT CP
