El debate sobre la venta de órganos en Argentina se esconde detrás de una supuesta moral que –en realidad– desprecia el valor de la vida humana ante un sistema que no funciona.
El Incucai comanda este esquema que causa muertes por la aplicación de una moral incomprensible frente a la venta de órganos de muertos. Entre tanto, la misma institución admite que hay centenares que pierden la vida cada año gracias a la escasez de donantes muertos.
La realidad es que los órganos que no se donan en la Argentina son apropiados por el Estado. Y a pesar de esta violación al derecho de cada uno sobre su cuerpo, la experiencia mundial demuestra que la donación por defecto –como es en Argentina tras la Ley Justina de 2018– genera beneficios marginales, anecdóticos, no comprobables a través del método científico.
Cabe destacar que las cifras argentinas vieron un sube y baja desde la mencionada ley.
El caso más interesante en este contexto es Corea del Sur, un país democrático, respetuoso de los derechos, institucionalizado, afluente y moderno. Revisaremos el caso más abajo.
En cuanto a la pregunta sobre a quién pertenece un cuerpo, en vida, no hay dudas: la ley considera al cuerpo como un bien de propiedad de su titular. Puede alquilar su fuerza, vender el fruto de su cerebro, hasta el sonido de su voz.
Por otro lado, el fruto de la venta de su trabajo también es propiedad privada. Salarios y dividendos, activos y ahorros, incluso la propiedad intelectual. Eso, naturalmente, puede ser legado.
Como conclusión el cuerpo vivo es un activo privado, pero muerto este cambia: se convierte en un activo confiscado. Cuando se pierde la vida es el Estado el que decide cómo se administra, a quién se donan sus órganos, cómo y cuándo.
Los herederos pueden disponer de todo salvo el activo primario de todo ser humano. Y además, ese activo es confiscado por burócratas, sin ninguna compensación.
La discusión cobra otro matiz cuando el cuerpo de un jefe de hogar es todo lo que quedó para sus herederos. En ese caso, es casi un impuesto a los mendigos.
Y aquí cobra valor el caso de Corea del Sur mencionado arriba. Allí, la donación de cadáveres recibe una compensación de US$ 4 mil si es apto para el trasplante. Varios estudios demuestran que la cantidad de donaciones y trasplantes creció, especialmente tras la adopción de esa compensación en 2006.
Ante estos datos de la realidad, es razonable y conveniente que cuando una persona muere sus herederos tengan derecho a recibir compensación económica por sus órganos. El Estado paga por corazones artificiales, un miembro artificial y tratamientos paliativos que posiblemente no salvarían la vida de un paciente ante la falta de donantes altruistas.
Obviamente, el rol indeclinable del gobierno es mediar en esta transacción con una autoridad que cumpla las diligencias pertinentes y garantice el consentimiento informado, entre otros pasos procedimentales, salvaguardando la legalidad del acto.
La compensación económica viene aparejada con la satisfacción de salvar vidas. Pero cabe destacar que el sistema actual, basado en el altruismo ayudado por la violación de los derechos más íntimos de una persona, no arrojó los resultados esperados, fracasó en todo el mundo.
Los negacionistas de este fracaso arguyen que sería “inmoral” compensar por órganos, sin embargo, ese argumento no supera una pregunta simple: ¿es preferible atenerse a “la moral” o salvar una vida?
Las cosas como son.
*Analista en geopolítica. Filósofo y abogado especializado en antropología de la Universidad Temple de Filadelfia.
