Presidenta de Bases Republicanas y miembro de Abogados en Acción.
En diciembre pasado, los ciudadanos celebramos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, luego de 15 años de espera, declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el Kirchnerismo en el año 2006.
El Máximo Tribunal entendió que la forma de organización adoptada a partir de la ley 26.080 durante el gobierno de Cristina Fernández permitía la supremacía de los estamentos políticos por sobre los profesionales, permitiendo que la política de turno pudiera influir sobre los nombramientos, sanciones y hasta las remociones de los jueces de la Nación.
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Demasiado tiempo debimos esperar para comenzar a desandar el camino de destrucción institucional trazado por el kirchnerismo y, por fin, volver a creer que podemos tener un Poder Judicial realmente independiente para, en palabras de la propia Corte, recuperar el equilibrio de poder, basado en el sistema de frenos y contrapesos que constituye el principio rector de la teoría de la división de poderes diseñado por Juan Bautista Alberdi y plasmado en nuestra Constitución Nacional como cimiento de nuestro sistema republicano.
En un plazo “razonable” el Congreso debe dictar una ley que restablezca el equilibrio perdido. A partir del primero de febrero, en sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno, se intentará arribar a los consensos necesarios para cumplir con lo requerido por la Corte, Sin embargo, si analizamos la conformación actual del Congreso y los antecedentes de estos últimos años en donde el kirchnerismo siempre escondió un caballo de troya en cada uno de sus leyes estratégicas, el pronóstico es poco alentador. Máxime si se tiene en cuenta que el proyecto del oficialismo pretende dejar afuera del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia y que los mecanismos de elección de los dos académicos que proponen resultan poco transparentes en tanto impiden que sean elegidos por voto directo, es decir, por la totalidad de sus pares.
Queda entonces que el Consejo de la Magistratura logre cumplir con el plazo de 120 días que se le concedió para volver a la conformación de 20 miembros prevista en la ley 24.937 y su modificatoria 24.939 del año 1997.
Para ello, a la integración actual de 13 miembros se debe sumar dos legisladores, un académico, un juez, dos abogados y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia que debe asumir al frente de la presidencia del Consejo.
Apenas conocido el fallo, los miembros de la Magistratura se pusieron a trabajar para ello. Dictaron el reglamento para la elección de la Jueza que deberá sumarse y el lunes, debe definir en plenario el reglamento que regirá para llamar a elecciones en el estamento de los abogados.
Sin embargo, desde el oficialismo no dejan de chicanear a la Corte y al Consejo porque no quieren perder la llave del Poder Judicial.
Por un lado, presuntos delincuentes como D’Elia y Moyano convocan a marchar en contra de la autonomía e independencia del Poder Judicial para remover a los jueces de la Corte Suprema a fuerza de prácticas patoteriles, y, lo que es institucionalmente gravísimo, lo hacen con el respaldo de funcionarios del Poder Ejecutivo como Juan Martín Mena y hasta el propio Presidente de la Nación.
Por el otro, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), luego de haber desprotegido durante casi dos años a sus matriculados ante los avances gravísimos del Gobierno contra la profesión y las instituciones republicanas, pretende condicionar al Consejo de la Magistratura con argumentos falsos y falaces para que las elecciones del estamento de los abogados no se lleven a cabo en el plazo estipulado. Recordemos que, si el Consejo no cumple en los plazos fijados, quedará prácticamente paralizado porque, a partir del día 121, todas sus decisiones serán nulas.
Entre las falsedades que esgrime el CPACF, desconoce las facultades que la ley 24.939 le concede en forma exclusiva a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) para organizar las elecciones de los abogados y pretende arrogarse esta prerrogativa, dejando incluso afuera a la FACA, cuando la ley ni siquiera menciona al CPACF. También le exige al Consejo que solicite una prórroga de dos semanas ante la Corte Suprema cuando el propio CPACF tiene plenas facultades para adelantar dos semanas las elecciones para elegir sus autoridades previstas para fines de abril y que llevan demoradas más de dos años bajo la excusa de la pandemia.
Claramente, lo que no quieren es perder el control del Consejo ni que el Presidente de la Corte asuma como miembro integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Sin embargo, siempre se puede salir por arriba de los laberintos. Aun si el CPACF logra embarrar la cancha para que los abogados no podamos ir a elecciones en tiempo y forma, el Consejo de la Magistratura solo necesita que el Presidente de la Corte asuma su rol antes del plazo fijado y le tome juramento al resto de los miembros que deben sumarse. Con ello, tal como sucede en el Congreso, quedará habilitado el Consejo de la Magistratura para seguir funcionando con normalidad hasta tanto logremos sumarnos los abogados. No dejemos que sigan avasallando nuestras instituciones. Necesitamos que el Consejo de la Magistratura recupere su independencia y equilibrio a la mayor brevedad. La República nos lo demanda!.
