El Gobierno avala la marcha, pero no va y traslada la pulseada al Parlamento

El presidente Alberto Fernández, sus ministros y ministras y representantes parlamentarios no planean participar de la marcha Anti Corte, organizada por el juez nacional Juan María Ramos Padilla y el dirigente de la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) Luis D’Elía, aunque adhieren conceptualmente al motivo de la movida que se realizará el próximo martes a las 18, en las puertas del Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires.

En los planes del Gobierno está la reactivación del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que buscarán aprobar la próxima semana en sesiones extraordinarias y la posibilidad de que finalmente se concrete el envío de la ampliación o modificación de la Corte Suprema de Justicia.

Ambas propuestas navegan por aguas convulsionadas ya que el Congreso no ha sido, y no parece que vaya a ser, un espacio amable para el oficialismo. A esto se suma el corte del diálogo entre el Ejecutivo y los magistrados del máximo tribunal, luego de la visita del ministro de Justicia Martín Soria, semanas atrás.

Al parecer, y según confirman fuentes del oficialismo, el ministro habría exigido un mejor desempeño del máximo tribunal y la necesidad de que resuelvan sus internas, las que por primera vez se exhiben de forma evidente ante la opinión pública.

El puente, que ya estaba gastado, se terminó de romper y el Gobierno arriba al 2022 con la decisión de continuar la batalla, aunque con menos herramientas ya que perdió bancas en el Poder Legislativo y con la resaca de peleas palaciegas aún latentes.

“El 90% de la gente es crítica con el Poder Judicial, es la institución con peor imagen, pero somos gobierno y para modificarla hay que hacerlo desde el Ejecutivo, no desde la calle” indica a PERFIL una fuente calificada, quien asegura que por ese motivo y aun cuando coinciden con las consignas de la marcha, en contra del lawfare y el fin de la impunidad en la Corte, no les conviene participar.

La idea de presentar este año la reforma de la Corte, que podría ampliar la cantidad de los cinco miembros que rigen actualmente por ley a siete (como tuvo Néstor Kirchner en parte de su gestión) o nueve (durante el gobierno de Carlos Menem cuando amplió el cupo a través de una reforma legal), es promovida por un sector del kirchnerismo, pero vista con cierto escepticismo por otras líneas internas.

Sucede que hasta la fecha ni siquiera se intentó iniciar el proceso de reemplazo de Elena Highton de Nolasco, la jueza que renunció a su cargo en noviembre de 2021.

La movida inicial estuvo a cargo de Ramos Padilla y D´Elia, pero sumó más sectores

“La decisión política está tomada, solo hay que resolver en qué plazos será presentada, porque algunos pujan porque sea cuanto antes, y otros aguardan tener preacuerdos con los sectores de la oposición parlamentaria que está además, muy convulsionada” manifiestan desde el oficialismo.

Sin embargo la batalla de fondo, al menos la inmediata, se relaciona con la promocionada reforma al Consejo de la Magistratura.

La Corte pretende volver a tener la presidencia de este cuerpo que entre otras cosas, es el encargado de nombrar, ratificar y sancionar a los jueces y juezas del Poder Judicial. Por eso, con mucho delay, decidió el año pasado declarar inconstitucional la ley de 2006 que redujo de veinte a 13 los miembros y eliminó la presencia del máximo tribunal. Según sus argumentos la actual conformación “no respeta el equilibrio de los sectores” y por eso conmino a tratar una nueva ley antes del 14 de abril de este año, o caso contrario se deberá volver a la vieja ley de los veinte integrantes.

Como condimentos de esta explícita pelea entre los dos poderes del Estado, se suman los dos proyectos de ley presentados por el Gobierno: la reforma judicial que crea 23 nuevos juzgados en Comodoro Py y la reforma al Ministerio Público Fiscal, que se encuentran cajoneados en el Congreso.

1F. Aunque no marcarán presencia, desde el Gobierno imaginan que la marcha puede atizar el malestar que la mayoría de la población siente por el servicio de Justicia. Por eso fogonean como causa y agenda los desaciertos de un poder que en general, se muestra hermético ante la opinión pública.

“Todos los argentinos y argentinas sufren la falta de Justicia” sintetizó Gabriela Cerruti, portavoz del Presidente, durante la conferencia del jueves pasado en Casa Rosada.

Antes, el jefe de Estado había manifestado que “en la Corte hay un problema de funcionamiento muy serio”, en relación además a las peleas que se observan entre sus integrantes: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vice), Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

A la marcha organizada originalmente por Ramos Padilla y D’Elía se sumaron también otros representantes como Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, referente del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, integrantes del Partido Miles, entre otros sectores.

Citación en la Bicameral de Inteligencia

El diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade anticipó que la subcomisión parlamentaria que integra, en el marco de la Bicameral de Inteligencia del Congreso, citará a declarar al procurador General bonaerense Julio Conte Grand para que brinde explicaciones sobre la reunión realizada en 2017 que involucra a ex funcionarios de María Eugenia Vidal y ex agentes de la AFI.

“Vidal nos toma el pelo. Sus explicaciones son un insulto a la inteligencia cuando dice que la AFI es la que tiene que explicar la reunión. Ni mi hija de 10 años puede dar una respuesta de esa naturaleza”, aseguró el legislador.

Para la semana entrante “también estarían citados los empresarios que comercializan el equipamiento con el que se filmó la reunión. Puntualmente, el martes vamos a ir al Banco Provincia a hacer una inspección ocular, y charlaremos con la gente que trabaja en ese ámbito”, consignó.

Claves

◆ El oficialismo debe resolver antes de abril el planteo de la Corte Suprema para modificar el Consejo de la Magistratura.
◆ Entre los temas pendientes también está la cobertura de la vacante del máximo tribunal.
◆ Los intentos de modernización como la reforma judicial y la modificación del Ministerio Público Fiscal no lograron consenso en el Congreso.
◆ En 2022 debería resolverse quién será el nuevo Procurador.