La Argentina ya pasó por su primer hito después de la última reforma del proceso electoral. Habiéndose desarrollado los dos primeros debates obligatorios, tras la sanción de la ley 27.337 en el año 2016. Con la historia ya transcurrida, es razonable pensar en una evaluación del debate como una política pública de fortalecimiento institucional. ¿Qué nos dejaron los dos primeros debates obligatorios de la historia electoral argentina?
En los fundamentos del proyecto de ley presentado por la senadora Fiore Viñuales en el año 2015, la autora manifiesta que “el debate público posibilita conocer y comparar las propuestas de los distintos candidatos, fortaleciendo el derecho a la información de la ciudadanía en pos de un ejercicio más pleno del sufragio activo, al poder contar con un conocimiento más amplio de las ideas y proyectos de los candidatos”. ¿Posibilitó el debate un genuino intercambio entre los candidatos respecto a propuestas? El formato -derivado de la ley, pero pactado por las distintas fuerzas políticas- estableció un marco bastante rígido en el cuál los candidatos contaban con un tiempo bastante limitado para exponer sus propuestas. El primer debate nos brindó un buen avance, ya que nos permitió observar de manera comparada un conjunto de diferencias programáticas esenciales entre las distintas fuerzas. No obstante, en el segundo debate observamos principalmente, antes que programas, ataques cruzados entre todos los candidatos. Asimismo, las escasas propuestas que surgieron en la arena de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires no fueron explicadas, ni se desarrolló cómo se iban a llevar a cabo. Desde esta perspectiva, el debate permitió conocer y comparar a los diferentes candidatos, pero no necesariamente sus plataformas.
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En el mismo proyecto, se fundamenta también que el debate “(…) otorga la posibilidad de ejercer un "control ciudadano" sobre el cumplimiento de las promesas electorales efectuadas por el candidato que resulte electo”. En este sentido, entre los dos debates, diversos candidatos efectuaron promesas claras, que de cara a los próximos procesos electorales, los votantes podrán sumar a la información con la que cuentan para definir su voto. Este efecto de los debates podrá ser visto recién en los próximos cuatro años.
Los dos debates dejan un saldo positivo. Las distintas opciones electorales pudieron presentarse en un cierto clima de equidad, de manera neutral, y el formato permitió que los electores puedan comparar las distintas ofertas políticas. Todos los candidatos cumplieron con la ley, y fueron a ambos debates, y en ellos, cumplieron con las normas pactadas previamente. En la Argentina, esto es una clara ganancia en términos de calidad democrática e institucional.
Sin embargo, el segundo debate mostró de manera más clara la ausencia de propuestas de gobierno densamente desarrolladas. Esto se condice con el poco nivel de detalle con el que las propuestas se explican en las plataformas electorales presentadas ante la justicia. Si bien esto no quiere decir que los programas de las distintas fuerzas políticas no existan, nos expone una realidad: la dificultad de acceso a la información para definir el voto sigue estando presente.
Los debates nos dejan una luz: representan un avance, en tanto que los votantes podemos comparar las distintas opciones que tenemos, aunque sea desde la afinidad personal y humana, con los estilos de cada candidato o candidata. Al mismo tiempo nos dejan una gran sombra, ya que desnudan una gran incógnita para los votantes que cuentan con un menor nivel de información: ¿y las propuestas, dónde están? Será menester de nuestra dirigencia política y de la academia pensar en formatos institucionales y reales que permitan presentar de manera más simple las plataformas de las distintas fuerzas políticas, y así, facilitar la participación política de la ciudadanía.
