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OPINIóN / Emergencia económica
miércoles 18 diciembre, 2019

Las medidas son el plan

Empieza a ganar fuerza la idea de que la intención es ir haciendo y viendo los impactos, con un punto central en la renegociación de la deuda.

por Gabriel Caamaño Gomez

El ministro de economía en Conferencia de Prensa en el Palacio de Hacienda. Foto: Captura de TV
miércoles 18 diciembre, 2019

Las medidas llegaron antes que la explicitación y cuantificación de un plan integral consistente y con eje en los equilibrios macroeconómicos básicos. Lo ideal hubiera sido la definición de un sendero al respecto, tal cual había subrayado el Ministro de Hacienda, Martín Guzmán, en sus dos últimas conferencias.

En ese sentido, reforzado por cómo se fueron conociendo esas medidas y cómo fueron modificándose entre las distintas declaraciones, empieza a ganar fuerza la idea de que, más allá del diagnóstico explicitado y sus pilares conceptuales, el plan es ir haciendo y viendo los impactos, con un punto central en la renegociación de la deuda. Ni siquiera hubo cuantificación de las medidas.

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Y ahí viene otra clave. Es fundamental ver cómo cierra el plan no explicitado con la reestructuración de la deuda. Que se busca sea relativamente rápida. Pues, en esa negociación, y más allá de las reuniones y conversaciones previas, es Argentina quien en determinado momento deberá formalizar una propuesta de pago y demostrar cómo esa propuesta combinada con los esfuerzos fiscales, por un lado, y el impacto del oxígeno otorgado para impulsar políticas productivas y de estímulo, por el otro, da como resultado un sendero sustentable. De forma tal que la propuesta cierre, generando confianza y logrando altos niveles de adhesión. Más aún en el caso de la legislación extranjera.

Hay de todo en el paquete de medidas. Cuestiones lógicas, como la necesidad de cerrar lo más posible el déficit fiscal (aumentos de impuestos) y una demostración concreta de la voluntad de pago con utilización de reservas en el mientras se renegocia, cuestiones lógicas con implementación muy discutible, como ser la necesidad de desindexar el gasto social, cuestiones que no resultan tan lógicas, como ser el congelamiento de las tarifas y su correlato en subsidios económicos, y cuestiones que pueden resultar contradictorias/contraproducentes, como el impuesto PAIS.

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El paquete se estima que genera ingresos fiscales incrementales, en un escenario que no peca de excesivo optimismo, de 1%/1,2% puntos del PIB. En tanto que para determinar el impacto en el gasto de los cambios en jubilaciones habría que conocer la nueva formula y los montos y tiempos de los incrementos discrecionales.

Algo parecido pasa con las tarifas. ¿Cuánto durará finalmente el congelamiento, cómo se compensará el atraso y cual será el nuevo esquema?

En principio, en el tema jubilatorio, tenemos la presunción que el ahorro respecto de lo que hubiera sido, en un escenario de estabilización, va llegar durante la segunda mitad del año. Al principio será lo mismo o más. En consecuencia, a priori parecería que existe una intención de ir a un equilibrio primario en 2020.

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Lamentablemente, al no haber una explicitación del marco (plan integral) en el cual se inscriben las medidas, eso dificulta la justificación de las más discutibles y resta capacidad de alienar expectativas. Más aún cuando hay algunas medidas que las desalinean o, como mínimo, alimentan la incertidumbre.

Cerrando. Volvemos a los riesgos y a los principales desafíos. En primer lugar, desde lo fiscal, estamos muchos más expuestos a eventos climáticos que afecten la cosecha gruesa y a las variaciones de los precios de los commodities. El frente fiscal y el cambiario se complicarían mucho si alguno de esos riesgos se materializa.

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En segundo lugar, de nuevo, dado como se perfila el plan, resolver la reestructuración de la deuda bien y rápido es clave. Los acreedores lo saben y también juegan. En ese sentido, haber demostrado voluntad de pago de forma concreta también lo es (Reservas por Letra Intransferible). Veremos cuánto complica en ese frente si se materializa el riesgo de default en la Provincia de Buenos Aires.


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