El jueves 23 de mayo amanece soleado en Paraná, el centro cívico de la ciudad se va cargando de gente y actividades conforme avanza la mañana. En el salón de AGMER (sindicato docente mayoritario en la provincia) trabajadores de la educación debaten sobre la situación de las escuelas rurales fumigadas, analizan las consecuencias en la salud de maestras y niños a la luz de numerosos datos científicos y celebran el fallo judicial que ratifica la protección de las mismas ante las fumigaciones (luego de dos apelaciones realizadas por el ejecutivo provincial).
A solo cien metros de allí, frente a tribunales y casa de gobierno, un grupo de productores agropecuarios, reclama lo que para ellos es un atropello por parte de la justicia, la imposibilidad de fumigar a 1000 metros por vía terrestre y 3000 metros por vía aérea de las escuelas rurales. “Se puede producir sin venenos, solo se requiere una transición hacia la agroecología, donde puedan convivir escuelas y campos sembrados” dicen en el salón de AGMER. “Vamos a vaciar las escuelas rurales para seguir produciendo” responden los manifestantes frente a casa de gobierno. No es una cuadra de distancia la que los separa, es un abismo donde se juegan cuestiones éticas y sociales.
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Entre Ríos cuenta con 1023 escuelas rurales, cuya presencia en cada rincón de la provincia busca garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Cada escuela rural genera un fuerte sentido de pertenencia, es lugar de encuentro y centro de referencia en la zona. Las autoridades del Consejo General de Educación y hasta el propio gobernador Bordet lo destacaron en 2018, expresando que “donde hay un alumno, hay una escuela”, y también “garantizamos el acceso a la educación a todos nuestros alumnos más allá del contexto en el que vivan, brindándoles la misma la calidad de educación que nuestros alumnos de las grandes ciudades”. Sin embargo, para los productores se trata de una maleza a extirpar y amenazan con cerrar estas escuelas y llevar los alumnos a la ciudad. Y el gobierno provincial, en vez de actuar en consecuencia con sus discursos, recibe a las entidades agrarias y prepara un nuevo decreto que los habilite a seguir envenenando.
Una escuela que se cierra es un derecho que se vulnera y eso es algo ante lo cual nuestro sindicato lucha. Junto al Foro Ecologista de Paraná, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ha llevado adelante un largo proceso judicial desde 2018 para que se proteja a niños y docentes de las escuelas rurales ante las pulverizaciones con agrotóxicos con un recurso de amparo. El fallo salió favorable el 29 de octubre de 2018. Un decreto del gobernador, publicado en enero de 2019, pretendió anularlo (habilitando las fumigaciones a solo 100 y 500 metros de las escuelas rurales por vía terrestre y aérea respectivamente), pero el Superior Tribunal de Justicia se mantuvo firme y ratificó el amparo ambiental, declarando la nulidad parcial de dicho decreto, por considerarlo violatorio de los artículos: 1, 5, 65, 186, 203 de la Constitución de Entre Ríos; arts. 1, 18, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y artículo 25 inc. c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Y allí vino la reacción de las entidades agropecuarias más influyentes, quienes manifestaron que la medida “vuelve improductivas 300 mil hectáreas” y es un “daño irreversible en el sistema productivo entrerriano”.
En primer lugar, no existe un relevamiento oficial de la cantidad de hectáreas afectadas por el fallo. En segundo lugar, numerosos estudios demuestran que el “daño irreversible” al eco-sistema entrerriano se daría de continuar con el modelo de monocultivo y altas dosis de venenos. Más de 800 publicaciones científicas recopiladas en la “Antología Toxicológica del Glifosato” (disponible en internet) ponen en evidencia el impacto sobre la salud del herbicida más usado en la Argentina, cuyos restos encontrados en el lecho del río Paraná, prueban que las buenas prácticas agrícolas no existen. Además de las evidencias de nivel internacional, hay estudios locales hechos por la Universidad de La Plata en escuelas de Concepción del Uruguay, donde se analizan el agua, la tierra y la sangre de los niños, demostrando una vez más la presencia de agrotóxicos en altas concentraciones. En cambio, quienes habían apelado, no pudieron acercar pruebas fehacientes sobre la no toxicidad de lo que ellos denominan “fitosanitarios”. Y este es un punto importante en la decisión judicial, ya que, ante el dilema ‘producción o salud’, y teniendo en cuenta la lista de bienes jurídicos protegidos, el juez elije la salud, como bien supremo.
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No obstante, si incorporamos al debate la noción de agroecología (práctica ancestral, aunque novedosa para muchos), el problema vislumbra una resolución con un modelo productivo donde salud y productividad van de la mano, porque no se usan venenos, por ende no se enferma a la población y se ahorra muchísimo en insumos. Lo demuestra el ingeniero Cerdá cada vez que lo consultan por sus emprendimientos de agroecología extensiva, rentables y competitivos (un ejemplo entre tantos). Cada vez más productores buscan alternativas para producir alimentos sanos, aunque aún se encuentren atrapados en el paquete tecnológico corporativo. Hay miedos y resistencia, pero escuchar a otros que ya iniciaron el camino hacia la agroecología, ayuda a dar el primer paso. También los consumidores, de manera creciente buscan una alimentación sana, segura y soberana, que el modelo actual no puede ofrecerles.
No hacen falta más pruebas para demostrar que este sistema nos está matando, sólo la decisión política de apoyar y subsidiar la transición agroecológica y de proteger y sostener a las escuelas rurales. “Paren de fumigar” no es un slogan, es una exigencia que no puede esperar. La salud de nuestras poblaciones, y especialmente de nuestra niñez, no se negocia.
*Profesora de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Docente en nivel secundario. Secretaria de Educación Ambiental de Agmer Seccional Paraná.
CP
