Desde el minuto cero en que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asuman como presidente y vicepresidenta de la Nación, faltarán a la ley. Así empezarán sus mandatos, pasando por alto aquello que establece la misma Constitución Nacional.
El artículo 93 de la Carta Magna sostiene: “Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina".
Sin embargo, el futuro Poder Ejecutivo, antes de asumir la presidencia y vicepresidencia de la Nación, ya está planeando transgredir la ley y acomodarla a su gusto, así, la presidenta del Senado, Gabriela Michetti solo tomará juramento a la nueva vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pero no lo hará con el nuevo presidente, Alberto Fernández, como indica la ley en la Constitución Nacional.
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¿Por qué? Porque la futura vicepresidenta de la Nación decidió que ella tomará juramento al futuro presidente, porque su voluntad (y la de la vicepresidenta saliente que acordó dicha irregularidad) parecen estar por encima de lo que establece la ley. El artilugio sería el siguiente: Cristina Fernández de Kirchner asume como vicepresidenta prestando juramento ante la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, e inmediatamente CFK pasa a transformarse en la nueva presidenta del Senado, y desde ese lugar contaría con los atributos para poder tomarle juramento al futuro presidente, en un orden que la ley no establece.
Al margen de lo anecdótico, de una acción concreta sobre un suceso concreto, lo preocupante es que, desde el inicio mismo de un nuevo mandato presidencial, la segunda autoridad a nivel nacional manipula el orden en que la ley debe aplicarse para poder hacer lo que le plazca.
La Constitución argentina es de excelencia, pero se la respeta a medias o en absoluto. Los artilugios legales son nuestra perdición, se permiten, se toleran, hasta se legitiman, porque tan solo son artilugios, manipulaciones “casi inocentes”, y aceptables como parte de nuestras reglas de juego en democracia.
En este caso, quién presta juramento a quién, no presentaría gran relevancia ni cambia en lo inmediato ninguna problemática de envergadura, no modifica el devenir de los acontecimientos frente a los enormes desafíos a los que hoy debe hacerle frente una Argentina en crisis. Lo urgente se encuentra en otro plano, sin duda.
Sin embargo, por detrás de estos atropellos “menores” se vislumbra, una vez más, lo importante, aquello que no nos permite funcionar como una República. En un sistema republicano existen tres poderes del Estado, y bajo un régimen presidencialista, como el argentino, estos tres poderes deben funcionar independientemente el uno del otro, bajo un procedimiento de pesos y contrapesos.
Cuando el Poder Ejecutivo no respeta una ley sancionada por el Poder Legislativo pasa por encima de éste, y cuando frente a esto, el Poder Judicial permite que esto ocurra, pasa por encima de la ley, que debe amparar a los ciudadanos, ¡a nosotros!
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Hoy se trata de un simple pase de mando; un tiempo atrás, de bolsos arrojados en un convento, de hoteles que facturaban sin ningún pasajero hospedado durante semanas, de espurios acuerdos con un país que explotó una institución religiosa en Argentina dejando un saldo enorme de muertos y heridos.
Ayer se trató de la misma futura vicepresidenta, que parece poder decidir todo sobre todo, y que en lugar de limitarse a brindar su declaración indagatoria ante un Tribunal que la acusa de liderar una asociación ilícita que favoreció la entrega de contratos de obra pública a la empresa Austral Construcciones, determinó que su indagatoria se transforme en acusar a quienes la acusan. Así, responsabilizó al Tribunal de llevar adelante una inédita persecución contra ella, no dejó de dar indicaciones en tonos cuasi amenazantes a los jueces que estaban en el recinto para recibir su declaración, los exhortó a que ellos deberían responder sobre lo ilícito y no ella. En alusión a los jueces que fueron los encargados de investigarla durante estos años, afirmó sin pudor alguno “deberíamos revisar un poquito como se hacen los sorteos en Comodoro Py”.
En una parte de su declaración, CFK afirmó en tonos desmedidos “no me pidan que cuente cosas que no tenía que hacer yo, que no eran de mi responsabilidad”, continuó la ex presidenta y futura vicepresidenta indagada, “si es así, van a tener que citar al (electo) presidente de la República, que fue el jefe de gabinete de 2003 a 2008”, aclarando que desde que se incorporó la figura del jefe de gabinete, éste es el responsable de la ejecución del presupuesto, y prosiguió en su declaración; “pero acá no está citado … el que ejecuta el presupuesto es el jefe de gabinete no el presidente o presidenta” reafirmó, y ya multiplicando la apuesta, aseveró desafiante a los jueces del Tribunal: “van a tener un problema porque van a tener que citar al presidente de la república”.
¿Las inesperadas manifestaciones de Cristina Fernández de Kirchner sobre Alberto Fernández, parecían insinuar una enorme exposición contra quien ya fue elegido como presidente de los argentinos? ¿O se trató, sin pudor alguno, de arremeter contra el Tribunal, desafiándolo, a que ya siendo Alberto Fernández el presidente de los argentinos, se encontraría libre de culpa y cargo?
Confuso, provocador, un discurso cuasi amenazante.
Culminó su declaración indagatoria la ex presidenta acusada, manifestando al Tribunal: “A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”. Así dio por concluida su declaración retirándose intempestivamente, negándose a responder las preguntas que continuaban haciéndole los magistrados, mientras se limitó a interpelarlos: “¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes”, y se retiró del recinto mientras los jueces pretendían interrogarla.
¿Se entiende que quien será en tan solo ocho días la vicepresidenta de los argentinos interpeló a la Justicia, mientras debía limitarse a brindar una declaración indagatoria, tras ser acusada de ser la jefa de una asociación ilícita?
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Hagamos un ejercicio de imaginación profunda: si todo lo que Cristina Fernández de Kirchner afirma fuese cierto, y los jueces merecen ser juzgados, ¿existen canales institucionales para llevar adelante tal reclamo? Por supuesto, denunciarlos ante el Consejo de la Magistratura, por ejemplo; iniciar acciones legales ante los organismos que correspondan, de acuerdo a un encuadre institucional, porque en la Argentina existen las instituciones, aunque el poder político se empeñe en ignorarlas una y otra vez.
El hostigamiento a jueces en plena declaración indagatoria demuestra una vez más que para Cristina Fernández de Kirchner, no existe un poder judicial con voz propia y con derechos, porque para la ex presidenta y futura vicepresidenta de los argentinos su opinión y decisión parece estar por encima de las instituciones. Y en horas de la noche, cuando Alberto Fernández envió un mensaje a un programa periodístico muy visto por el público nocturno, y afirmó que él estaba absolutamente de acuerdo con todo lo manifestado por Cristina Fernández de Kirchner en su declaración, quedó en claro que, para el futuro presidente de los argentinos, tampoco las instituciones primarían sobre la fórmula presidencial que decidieron encarnar.
Los artilugios para poder decidir lo que les plazca a ex gobernantes, gobernantes o futuros gobernantes, las manipulaciones para poder controlar todo aquello que no corresponde controlar, la intromisión en las decisiones de los demás poderes que conforman el Estado Nacional, las acusaciones contra los medios de comunicación cada vez que una noticia no es del agrado de un funcionario público en cuestión, suelen presagiar el peligroso fin de una república. Y así empezamos antes de empezar…