Cristina Kirchner apuntó contra varios jueces durante su declaración indagatoria en la causa “Vialidad”, también conocida como “Obra Pública”, en la que se investiga si direccionó contratos en favor del empresario santacruceño Lázaro Báez.
La expresidenta aseguró que es víctima del Lawfare, la teoría que explica la persecución a dirigentes políticos (que normalmente se identifican como populares) a través del Poder Judicial.
En su indagatoria de este lunes, Cristina Kirchner señaló como parte de quienes orquestaron esa persecución al camarista Martín Irurzun, a los jueces federales Julián Ercolini y Claudio Bonadio, y a los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Aunque esta vez no lo mencionó, la expresidenta también apunta contra Carlos Stornelli, el fiscal del caso Cuadernos. El funcionario judicial participó también de otras acusaciones contra CFK. Pollicita y Mahiques se encargaron de la elaboración de la denuncia por la que este lunes Cristina prestó indagatoria. El primero, juró en el cargo en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Para Cristina, que asumirá el 10 de diciembre como vicepresidenta, el origen de lo que ella enmarca en una persecución tuvo lugar el 13 de abril de 2016, la fecha en la que fue a declarar por primera vez a Comodoro Py tras dejar la presidencia. Presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadio, que la procesó y la envió a juicio por la causa conocida como Dólar futuro, algo que muchos juristas consideran un desatino, porque se trata de la política económica de un gobierno.
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Ese día, Cristina Kirchner fue acompañada a los tribunales federales por una multitud y fue allí donde decidió competir por lo que sería luego Unidad Ciudadana, que en 2017 le dio una banca de senadora.
Además de esa causa, Bonadio procesó a Cristina en otras 10: Memorándum con Irán, Los Sauces, Cuadernos (y seis derivaciones) y Gas Licuado. Varias veces, la expresidenta pidió apartarlo de esas acusaciones por falta de imparcialidad. Para ella, Bonadio tiene un encono personal.
Bonadio fue designado juez federal durante el menemismo. Su nombre figuraba en la “servilleta de Corach”, que pasó a la historia como la lista de jueces que supuestamente respondían a los deseos del entonces presidente Carlos Menem.
Martín Irurzun es camarista federal. Lleva en ese puesto 25 años. Tiene bajo su órbita la Dirección de Escuchas (DAJUDECO), conocida en el ambiente del espionaje como OJOTA, nombre que trae desde que estaba a la orden de los servicios de inteligencia. El presidente Mauricio Macri fue quien le dio autoridad en 2017.
A los pocos días de asumir, Macri había pasado por decreto esa oficina a la órbita de la Corte Suprema. Pero el máximo tribunal delegó en Irurzun y Javier Leal de Ibarra la supervisión de la Dajudeco cuando la filtración de audios entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner generaron un revuelo porque esas escuchas -que no mostraban delito alguno- no habían sido destruida pese a una orden judicial.
La 'doctrina Irurzun' llegó a su fin y ya arrancaron las excarcelaciones
“Irurzun te escucha y te mete preso. Con la Dajudeco te escuchan una conversación de una expresidenta con un exsecretario, Parrilli, se difunden y hay medios que anuncian hoy gran función hoy, las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli”, se quejó.
La segunda parte de la queja de Cristina hace alusión a la famosa doctrina Irurzun, un fallo firmado por él en el que estableció nuevos criterios para la prisión preventiva y amplió la posibilidad de que cualquier exfuncionario esperara una condena firme tras las rejas por su “poder residual”.
El presidente electo Alberto Fernández, antes de ser candidato, había advertido sobre Irurzun y los otros jueces que mencionó Cristina: “Algún día, van a tener que dar explicaciones por lo que hicieron”.
MC
