“Uso” o “abuso”. “Doctrina” o una “resolución judicial de una carilla”. El derrotero de prisiones preventivas que se dieron desde octubre de 2017 admite distintas lecturas para unos y otros, a la vez que parece encerrar una única realidad: está llegando a su fin. Así lo evidencian las resoluciones judiciales que se acumularon en las últimas semanas, días y hasta horas. Desde el líder de Quebracho, Fernando Esteche, hasta los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, pasando por Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, recibieron la concesión de la libertad tras más de un año y hasta casi dos en prisión.
Sus nombres son solo algunos de los exponentes de los detenidos durante los últimos años del macrismo en el poder. Una avanzada que se habilitó hace casi dos años, en octubre de 2017, cuando se conoció la denominada “doctrina Irurzun”, en referencia al camarista Martín Irurzun, autor de la resolución que quedó en el centro de todos los movimientos y cuestionamientos.
“A la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación”, sostuvo el camarista de larga trayectoria en Comodoro Py a la hora de expedirse sobre el tema.
Preventivas. Desde entonces se acumularon nombres tras las rejas: Julio De Vido, el ex vicepresidente Amado Boudou y su amigo José María Núñez Carmona, pasando por gran parte de los procesados en el caso del Memorándum con Irán y los de López y De Sousa, quienes estuvieron tras las rejas, en principio, hasta marzo del año siguiente.
Esas primeras excarcelaciones de los dueños del grupo Indalo, decididas por los entonces camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, en marzo de 2018, terminaron, en medio de una fuerte polémica –que incluyó al presidente Mauricio Macri opinando sobre el tema– con la salida de ambos de esa instancia. Ballestero apuró su jubilación y Farah pidió rápido pase a un Tribunal en lo Penal Económico. Poco después, Casación revirtió las excarcelaciones y López y De Sousa volvieron tras las rejas. Ahora, fianza mediante, eso se tornará recuerdo. Y en los próximos días la liberación de los empresarios ligados al kirchnerismo dominarán la escena judicial y tendrá repercusiones en la política.
Pero sí hubo un caso donde las prisiones preventivas se volvieron clave fue en los cuadernos de las coimas. Corría la madrugada del 1° de agosto de 2018 cuando Bonadio ordenó la serie de más de una docena de detenciones que alcanzó a ex funcionarios y empresarios. Allí estaban, entre otros, los nombres de Ferreyra y Thomas. Ninguno de los dos se arrepintió en el caso, lo que por entonces se había vuelto la llave maestra para dejar atrás la estadía en prisión. Tras varios intentos, en los últimos días ambos lograron que se les concedieran las excarcelaciones.
Razones. Mientras que para muchos se trata de un cambio de época atento al casi seguro recambio gubernamental, para otros “es más que eso”. En círculos judiciales, incluido el Palacio de Tribunales, sostienen que la denominada “doctrina”, nunca fue tal, sino más bien “una resolución de una carilla”.
En tanto que otros apuntan a que, en las instancias revisoras se impuso “el criterio que faltó antes”. Al tiempo que otro grupo ve en las liberaciones el decantamiento lógico en un proceso judicial, en el que “los tiempos de los expedientes pasaron y los eventuales riesgos, también”. Una mirada, acaso, más conciliadora en tiempos de cambio.
Cristóbal se prepara para salir en libertad
Concedidas sus excarcelaciones por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, Cristóbal López y Fabián de Sousa están a un paso de recuperar su libertad, lo que podría suceder en el correr de esta semana. Para eso solo resta sortear el obstáculo del pago de sus respectivas cauciones. Por orden de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, el monto fue designado por el juez de grado, es decir, Claudio Bonadio. El magistrado les impuso el monto de 60 millones de pesos a cada uno, y en las primeras horas de mañana deberán ejecutar sus próximos pasos. Es decir, si apelan los montos, como hizo recientemente Oscar Thomas, el ex titular del Ente Binacional de Yacyretá, quien logró que la Cámara se la redujera en 10 millones de pesos.
Cuando esta semana las defensas de López y De Sousa apelaron el rechazo de la excarcelación decidido por Bonadio el pasado 20 de septiembre, habían pedido que las fianzas fueran establecidas por la propia Cámara. Pero Bruglia y Bertuzzi rechazaron el pedido al sostener que si ellos fijaban el monto, los acusados se quedarían sin una instancia de revisión en caso de pretender recurrirlo. Lo que podría suceder finalmente en las próximas horas. Las buenas noticias para ambos arrancaron el mes pasado, cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti los sobreseyó por el supuesto intento de venta del grupo Indalo.
Una vez que López y De Sousa recuperen su libertad, por orden de la Cámara deberán “presentarse periódicamente” ante la Justicia y “no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas”. En tanto que los camaristas también dispusieron que se les retuvieran sus pasaportes y que esté vigente una “orden expresa de prohibición de salir del país” contra ambos.
