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OPINIóN
viernes 7 febrero, 2020

¿Podrá Alberto Fernández eliminar las jubilaciones de privilegio?

La asignación vitalicia para ex presidentes, ex vicepresidentes y ex jueces es la equivalente al sueldo de un actual ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Alberto Fernández durante su gira por Europa. Foto: AFP
viernes 7 febrero, 2020

Un poco de memoria: las llamadas “jubilaciones de privilegio” surgieron a partir de la ley 24.018, promulgada en diciembre de 1991 por el entonces presidente Carlos Menem, del Partido Justicialista. Y en noviembre de 2002 dicha ley fue actualizada a través de un decreto presidencial, por otro presidente justicialista, Eduardo Duhalde.

Hubo un intento de terminar con las jubilaciones de privilegio por parte del Congreso de la Nación: a fines de octubre de 2002, después de una ardua votación, se convirtió en ley la derogación de las jubilaciones de privilegio, así se ponía fin a los sistemas jubilatorios especiales para políticos, diplomáticos, jueces y obispos de la iglesia católica. Sin embargo, el 17 de noviembre del mismo año, el entonces presidente, Duhalde, vetó casi en su totalidad la ley de eliminación a las jubilaciones de privilegio, restituyendo los haberes preferenciales para los diplomáticos, los jueces y magistrados, los obispos, y la asignación vitalicia para ex presidentes y ex vicepresidentes. De tal modo, Duhalde solo aceptó que se terminen las jubilaciones especiales para legisladores nacionales, y ministros y secretarios del Poder Ejecutivo.

Por tal motivo, aún hoy, las jubilaciones preferenciales mantienen las asignaciones mensuales vitalicias para todos aquellos sectores citados, privilegiados.

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Algunos números contundentes: la asignación vitalicia para ex presidentes, ex vicepresidentes y ex jueces de la Corte Suprema de Justicia es la equivalente al sueldo de un actual ministro de la Corte Suprema de Justicia. Dicho monto fue fijado a partir de una norma también instituida durante la breve gestión presidencial de Eduardo Duhalde, a partir de la cual se estableció que la jubilación especial para los presidentes y vice presidentes “será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia”.

Respecto a los demás magistrados y funcionarios del Poder judicial, la jubilación afortunada se deduce a partir del 82% del salario del último cargo que ejercieron, mientras que los diplomáticos cobran al momento de jubilarse el equivalente al 85% del mejor cargo que hayan obtenido.

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Cabe destacar la particular argumentación de la ex jueza María Laura Garrigó de Rébori, quien admitió que es cierto que los ex magistrados perciben “una muy buena jubilación”, sin embargo, para la ex jueza no se trataría de “una jubilación privilegiada” porque contempla los aportes realizados “a lo largo de la vida”. Y continuó argumentando la ex jueza, referente de la agrupación Justicia Legítima, que “jubilaciones de privilegio son las que se cobran por haber estado corto tiempo en un cargo ejecutivo o legislativo… En el Poder Judicial rige la obligación de 30 años de actividad…”.

Desde la actual jefatura de gabinete del gobierno de Alberto Fernández se comunicó que actualmente “un juez gana entre 450 y 500 mil pesos y un diplomático cobra, en muchos casos, 15.000 dólares…”.

La mayoría de los jubilados y pensionados actualmente cobran un haber mínimo de 14.068 pesos, y si se logra aplicar el plan que pretende el actual gobierno, el haber mínimo pasará para los próximos meses de marzo, abril y mayo, a conformar un importe total de 15.740 pesos, para aquellos jubilados que hayan trabajado incluso 30 años o más (como los jueces que trabajaron tantos años, como refiere la ex jueza, referente de Justicia Legítima).

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Como es de público conocimiento, a partir de la mega ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada el 21 de diciembre de 2019, el Presidente Alberto Fernández suspendió por seis meses la ley de movilidad jubilatoria, decretó dos pagos de cinco mil pesos en diciembre y enero para aquellos haberes que no excedieran los 19 mil pesos, y prometió seguir actualizando por inflación los ingresos, incrementándolos cada tres meses por decreto y no automáticamente,como corresponde para el resto de los haberes.

Posteriormente, ante un reclamo de la sociedad civil y la oposición de legisladores, el presidente supo escuchar muy inteligentemente que suspender la ley de movilidad jubilatoria al universo de jubilados económicamente más vulnerables, mientras se eximía de dicha suspensión a “los privilegiados”, que cobran haberes elevadísimos, no se correspondía con su discurso de “solidaridad y ayuda a los que menos tienen”. Así, propuso ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional con el objetivo de que se trate urgentemente un proyecto de ley que termine de una vez con las “jubilaciones de privilegio”, tanto para el personal del Poder Judicial como para el Cuerpo Diplomático.

A partir de tal momento, el senador Dalmacio Mera, integrante del bloque del Frente de Todos comunicó en un programa radial, en diálogo con FM Millenium, que "para el 15 de enero suponemos que el Ejecutivo ya tendrá afinado el proyecto de reforma de los regímenes especiales…".

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"Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)", escribió el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter el 20 de diciembre de 2019.

Con anterioridad, el 17 de mayo de 2018 se presentó un proyecto de ley ante el Senado y Diputados para derogar las “jubilaciones de privilegio”, cuyos firmantes fueron Nicolás del Caño y Nathalia Inés González Seligra, pero no prosperó. Llegado febrero de 2020, aun no se comenzó a debatir en sesiones extraordinarias sobre la necesidad de terminar con las “jubilaciones de privilegio”, y entonces legisladores del interbloque Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley con el fin de derogar dichas jubilaciones, que siguen beneficiando expresamente a un sector afortunado de la sociedad.

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Tal vez la discusión más substancial no pase por cuestionar los excelentes haberes de ciertos funcionarios del sector público, sino enfatizar sobre la lastimosa desigualdad en una sociedad que pretende, según el presidente de los argentinos, mayor solidaridad y equidad.

Alberto Fernández manifestó con humildad y grandeza “quiero ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo”. Al mismo tiempo que afirmó que si no cumple con lo anunciado habrá que recordárselo, “… porque nadie sobra en esta Nación…”

Se lo estamos recordando Señor Presidente, solo eso.


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