La transformación del sistema de justicia necesita lógicamente discutir la magistratura, pero también poner en crisis el estado actual del ejercicio de la abogacía. Este es un debate requerido en favor del funcionamiento del servicio de justicia pero, además, por los abogados y abogadas que transitan el difícil camino del ejercicio independiente de la profesión. Ello atento a que nos encontramos frente a un esquema de inserción y desenvolvimiento que está lejos de satisfacer tanto a los y las colegas como al resto de los actores que, de una manera u otra, intervienen en el sistema judicial.
Además, nadie puede discutir el lugar protagónico que tienen en nuestra sociedad los abogados y abogadas. Su presencia se extiende más allá de los procesos judiciales o los conflictos legales. Ello puede verse en la vida política, la gestión estatal, en la actividad empresarial, el periodismo, la docencia, la investigación, entre otras. Por lo que el tema sobre el cual aquí proponemos problematizar no resulta menor y obliga a trascender ampliamente de las tradicionales discusiones sobre el número de profesionales y las “incumbencias profesionales”.
La existencia de los conocidos “punteros”, los jóvenes con sueldos paupérrimos y proletarizados en las empresas y en los grandes estudios, las jubilaciones irrisorias que obligan a continuar ejerciendo más allá de lo que la ley dispone, los profesionales teniendo que desempeñar más de una rama del derecho y las vocaciones frustradas por este contexto son, algunas, de las manifestaciones de la crisis que atraviesa nuestra profesión. Situación que, inevitablemente, nos lleva a preguntarnos si estamos ante un modelo que resulta para estos tiempos modernos un poco añejo, haciendo necesaria una reforma profunda e integral.
Todo esto, lógicamente, atenta contra el servicio de justicia, ya que genera profesionales sin la formación específica ni el tiempo ni los recursos para poder actuar como las circunstancias del caso lo exigen, provocando daños irreparables en los derechos de las personas y desprestigiando nuestra labor. Lógicamente, los más afectados son los sectores mayoritarios de nuestra sociedad que no pueden contratar los servicios de los importantes “bufetes” que algunas minorías si acceden.
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Ello, también, decanta en el progreso de nuestro sistema jurídico, ya que la práctica profesional es una verdadera fuente material del derecho, que luego se formaliza a través de la jurisprudencia de nuestros tribunales. Asimismo, provoca una lamentable pérdida de confianza de la sociedad en los y las profesionales que, a los ojos de la ciudadanía, ejercitan una actividad poco honrada.
Por estos motivos, debemos discutir qué abogacía queremos y, luego, cómo se consigue esta. Ese debate debe, como siempre, ser amplio y participativo, para que sea apropiado por todos los actores y tenga chances de convertirse en una realidad que perdure. Los colegios de abogados/as, las universidades, los miembros de los tres poderes del Estado e, incluso, los justiciables deben colaborar en esta redefinición del ejercicio de nuestra profesión. Obviamente, la discusión debe estar nutrida por la investigación empírica y el estudio comparado de los diferentes modelos para la organización del ejercicio de la profesión que existen en el mundo y, especialmente, en América Latina.
El cambio exigido debe tener como norte, entre otras cosas, la búsqueda de profesionales con mayor especialización para jerarquizar su tarea cotidiana y que cuenten con condiciones equitativas de trabajo que permitan a los abogados y las abogadas tener un nivel de vida que le permita desarrollarse como persona, como profesional y como ciudadano/a.
Reconocer el rol social de la abogacía, una deuda pendiente
Pero, como diría el escritor uruguayo Mario Benedetti en unas de sus reflexiones más conocidas y sinceras, “soy un caso perdido” y, a pesar de la conveniente neutralidad que recomiendan seguir en algunos ámbitos, soy parcial, por eso y, finalmente, debo decir que es importante que a la hora de pensar el diseño de esa “nueva abogacía” no dejemos de lado el rol social de nuestra profesión y la importancia que ella tiene para los sectores más vulnerables de nuestro país. Al fin de cuentas somos, en definitiva, quienes garantizan el acceso a esos derechos que las personas y el Estado privan o afectan.
*Leandro Rodriguez Pons, abogado y docente universitario (UBA / UNCuyo).
