Desde la representación de la abogacía litigante, nos cuesta hacer entender a la sociedad que nosotros también somos trabajadores. Conformamos la primera herramienta necesaria para la realización de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática.
Pero la abogacía litigante es mucho más que un pilar institucional clave de la justicia y, como tal, de la democracia. Los abogados y abogadas laboralistas, por ejemplo, ejercemos 24/7 una función elemental a la hora de preservar el derecho de las y los trabajadores, especialmente en estos tiempos donde estamos logrando visibilizar la problemática de los acosos y las violencias en las relaciones laborales. Un asunto en donde todos tenemos que ver, y en un doble sentido.
Por un lado tenemos que observar, más allá de mirar, para detectar las situaciones sutiles de acosos y violencias que han contado muchas veces con la complicidad de una mirada no lo suficientemente atenta, dejando a muchas personas en soledad. Por el otro, cuando ocurre una situación de violencia y acoso en la sociedad, todos tenemos un rol de responsabilidad que cumplir para lograr una observación más atenta sobre esos temas, acompañando de manera genuina a la persona que está en situación de violencia.
En el mismo sentido, venimos velando intensamente a través de las disertaciones y la práctica misma del derecho, por la protección integral contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo con un sentido federal. Hemos sido parte de los proyectos que buscan incorporar nuevos marcos normativos que regulen estos casos, como los que se encuadran en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al que Argentina adhiere desde 2019.
El abordaje de estos temas nos llevó a conseguir avances en la legislación respecto de las licencias laborales donde, por primera vez, hablamos de las tareas de cuidado compartidas. Por medio de reformas en los códigos procesales civiles y laborales a nivel provincial, se están incluyendo licencias para profesionales del derecho que aún deben extenderse a nivel nacional.
El ejemplo de otro aporte social clave lo otorga todos los días cada abogado y abogada previsionalista, que tiene entre sus arduas tareas, la de acompañar al adulto mayor en el momento en que más necesita protección. Lamentablemente, dicha defensa tan importante, es una carrera de obstáculos actualmente para la abogacía previsionalista, donde los canales de diálogo son prácticamente inaccesibles con los organismos del Estado, con quienes debemos resolver diariamente trámites burocráticos complejos.
Dichas obligaciones laborales son en realidad, para cada abogado y abogada, una vocación de responsabilidad social que necesita una representación genuina en los distintos espacios de escucha, como lo es el Consejo de la Magistratura ¿Cómo puede la justicia plantear reformas sin conocer las necesidades de la abogacía litigante? A través de la Magistratura tenemos la posibilidad de lograrlo.
Sin embargo, el acceso que se requiere para solucionar dichas necesidades, permanece cerrado para mucho de lo que precisa la abogacía litigante. Mientras las agendas de la abogacía del interior tienen necesidades impostergables, el Consejo se centra en las agendas de las grandes ciudades, especialmente en la de la Ciudad de Buenos Aires.
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¿Dónde está la representación federal y genuinamente equitativa con igualdad de oportunidades para la abogacía si el interior no es escuchado? No puede ser que los lugares vacíos en la justicia federal de Santa Fe, por ejemplo, permanezcan años esperando ser cubiertos, mientras en Comodoro Py no hay vacantes. Si queremos verdaderamente un Consejo de puertas abiertas es un requerimiento urgente hablar de federalismo real, y la abogacía litigante está preparada para avanzar en esas transformaciones.
Acercar el lenguaje judicial a la gente de a pie
También está preparada para liderar otro asunto delicado dentro del elitista sistema judicial argentino, que es el de acercar el lenguaje judicial a la gente de a pie. Tenemos la obligación de explicar en palabras sencillas a la ciudadanía los temas complejos que afectan directa o indirectamente sus vidas. Debemos bajarnos del latín compuesto, del idioma raro que convierte a las cuestiones judiciales en temas sectarios.
Lenguaje simple y sencillo, salir del lugar de cofradía y acercarnos a la gente, es el desafío que la abogacía debe proponerse. Las explicaciones de para qué sirven los sistemas de representación y cuán caro es para la sociedad cada órgano de poder, no pueden ser abordadas con mensajes confusos.
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El descreimiento que se ha ganado la justicia en los últimos años, sumado a una serie de privilegios elitistas y centralistas que se niegan a ceder, alimentó una grieta que relegó a la abogacía litigante a ser un mero observador de las injusticias. En nuestras recorridas por el interior observamos de primera mano los problemas de la colegiatura, y son los mismos Colegios de Abogados y Abogadas los que se entusiasman al oír que pueden ser representados como lo merecen, dignificando auténticamente su profesión.
Un reclamo general tan importante de la sociedad como lo es la importancia de que la justicia vuelva a ser creíble y encare un proceso de modernización, no puede soslayar el hecho de que dicha transformación debe sustentarse en jerarquizar a la abogacía y ponerla en un lugar de genuina protección. La deuda pendiente es reconocer ese rol social, y un debate que nos debemos todos como sociedad es que no podemos seguir dilatando la mirada de que los abogados también somos trabajadores y trabajadoras.
*Itatí Demarchi, consejera suplente en representación de la abogacía.
