El problema es más o menos conocido. Una figura reconocida socialmente promociona una inversión novedosa, de altísima rentabilidad, en general un criptoactivo, una criptomoneda; la asocia a ser tu propio jefe, habla de aprender a invertir y de lo fácil que es hacer operaciones a través de una aplicación.
El mensaje también llega de parte de un familiar, amigo o compañero de trabajo. Funciona. Muchas personas deciden hacer click. Llegan a una página de internet, bajan una aplicación en el celular, o se acercan personalmente a una oficina. Transfieren fondos, pesos o dólares. Todo parece funcionar, pueden ver que sus ahorros crecen, pero -de pronto- todo ese capital desaparece.
La oficina está cerrada, la página de internet no funciona, los mails y grupos de whatsapp se llenan de mensajes sobre problemas de mantenimiento, supuestos hackers, crisis financiera internacional o promesas de pronta solución.
En ese instante se esfuman sueños, esperanzas y expectativas de un montón de personas que no habían considerado el riesgo asociado a esa inversión. Nadie se los había advertido y, cuando quisieron recuperar su dinero, ya era demasiado tarde.
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Las historias son variadas. Está la del joven que vende su moto para comprar una criptomoneda muy conocida, un criptoactivo que le recomendó un amigo que duplicó su precio en un año. Vio muchos videos en Youtube. Estudió, hizo una proyección de cuanto ganaría a tres años. Compró directamente a otro usuario, sin intermediarios. No quería problemas como lo que escuchó en las noticias.
Pero resulta que es el año 2022 y los criptoactivos sufren un criptoinvierno. Bajan su cotización a menos de la mitad, algunas literalmente se evaporan. El chico no sabía que eso podía pasar. Era su primera inversión. Todo parecía claro y sencillo. Sin riesgos.
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También puede contarse el caso de una mujer que reclama judicialmente alimentos al padre del hijo que comparten. Ocurre que el hombre no tiene un recibo de sueldo ni una caja de ahorros en el banco que pueda embargarse. Cobra trabajos free lance en criptoactivos. Eso es lo que ella supone, porque una vez él se lo dijo. Ni la Justicia, ni ella saben dónde o cómo averiguar el monto, donde están y cómo se puede dar con ellos.
Ley que proteja a los inversores en los criptoactivos
Escenas como las descriptas se dan diariamente en nuestro país y en todo el mundo. La tecnología facilitó y amplió el alcance de herramientas financieras que nos traen muchos beneficios, como ir cada vez menos a los bancos, expandir nuestras posibilidades para cobrar y pagar, todo desde el teléfono.
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Pero la tecnología también generó nuevos riesgos, que empiezan a conocerse y a analizarse. Varios países tomaron la delantera y dictaron leyes o normas Fintech, término asociado a finanzas y tecnología, para abordar temas como la protección a los inversores, la prevención del lavado de activos, el robo de los datos personales o los propios fondos, entre otros puntos.
En la Argentina, el Senado de la Nación va a comenzar a tratar la reforma a la Ley N° 25.246, de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, como respuesta a una obligación internacional del país para con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Se trata de un organismo que integran la mayoría de los países del mundo y que procura evitar que el sistema financiero sea utilizado para canalizar el dinero obtenido del narcotráfico, las estafas, la corrupción, la evasión impositiva y otros delitos. La contraparte local de esa organización es la Unidad de Información Financiera. Este compromiso internacional que asumimos incluye un capítulo que prevé la regulación de los criptoactivos en la Argentina y coloca esa responsabilidad particular en la Comisión Nacional de Valores.
Hace falta un salto de calidad en el combate al terrorismo
En este punto vale hacer una aclaración para quienes alzan su voz reclamando que el Estado no regule los criptoactivos: regular no implica prohibirlos, ni tampoco matar la innovación que la tecnología pueda traer a las finanzas. Todo lo contrario, el objetivo es fijar reglas para evitar la publicidad engañosa, asegurar inversiones en seguridad informática, el compromiso de colaborar con la justicia, prevenir el lavado de dinero e implementar medidas de protección a los inversores. Todo eso va en el sentido de dar garantías para que más personas puedan incluirse financieramente o elegir -entre muchas más opciones- el destino de sus ahorros y pagos.
Por todo esto, considero que el Senado de la Nación tiene la oportunidad de discutir esta reforma normativa que le otorga al país más herramientas para luchar contra el crimen organizado. Eso incluye la regulación necesaria para que las personas que participan del ecosistema de criptoactivos dejen de utilizar tecnología del siglo XXI para un sector que se rige por las reglas del más fuerte, como en el Lejano Oeste.
Mientras eso no ocurra, existe un elevado riesgo de que miles de personas, como los casos que contamos y tantos otros, sufran las consecuencias de la inacción. En este sentido, no podemos ser indiferentes. Que un sector que involucra los ahorros y esperanzas de tantos argentinos permanezca absolutamente desregulado es también una toma de posición.
* Presidente de la Comisión Nacional de Valores
