Este miércoles, la extesorera nacional de Venezuela y exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo y exguardaespaldas del mandatario, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados en Estados Unidos por lavado de dinero. La sentencia comprende quince años de cárcel y tres años de libertad vigilada para cada uno.
El fallo fue dictado por el juez federal William Dimitrouleas en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami. Cuatro meses atrás, el jurado había encontrado culpable a la pareja de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde 2020.
La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y cinco meses para él, mientras que la defensa intentó lograr una sentencia no mayor a cuatro años. Finalmente, la Justicia condenó a la Díaz y Velásquez a quince años de prisión, a lo que se sumarán tres años de libertad vigilada. Además, deberán restituir 136 millones de dólares que obtuvieron por sobornos y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno.
De acuerdo con la acusación formal, ambos recibieron pagos de compañías controladas por Raúl Gorrín, un magnate de los medios que también enfrenta cargos en Estados Unidos y que está prófugo. El dinero fue depositado en cuentas de Miami que habrían sido utilizadas para financiar la lujosa vida de la pareja. En ese sentido, Díaz y Velásquez cambiaron completamente su estilo de vida de clase media, accediendo a jets privados, yates, viajes internacionales y artículos de costosas marcas.
Según la Justicia estadounidense, la enfermera tuvo un papel clave dentro de la trama de negocios corruptos en los que participó Gorrín. En esa línea, se cree que la red aprovechaba el cargo de la mujer como tesorera nacional de Venezuela (puesto que ocupó entre 2011 y abril de 2013) para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en el país en aquel entonces. Al respecto, los fiscales sostuvieron que, a cambio de favorecer al empresario, la mujer recibió pagos por unos 136 millones de dólares que su esposo ocultaba a través de la creación de compañías fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.
El tribunal basó gran parte de su caso en el testimonio de uno de los predecesores de Días en la Oficina del Tesoro, Alejandro Andrade. El hombre declaró que la enfermera continuó con un acuerdo financiero que él había concretado con Gorrín en el pasado.
Díaz y su esposo fueron muy cercanos a Chávez. Según alegó la mujer, se trasladaron a España tras la muerte del mandatario ya que sufrían persecución política de parte del actual presidente, Nicolás Maduro. Sin embargo, en 2022 fueron extraditados y declarados culpables de cargos de lavado de dinero por un jurado de Fort Launderdale en el estado de Florida.
Desde hace años el gobierno estadounidense ha acusado a empresarios y funcionarios venezolanos de lavado de dinero en el país norteamericano. Como en el caso de Andrade, la mayoría selló acuerdos de culpabilidad con la fiscalía para tener condenas más leves. Díaz es la primera sospechosa que se declaró inocente y llegó a juicio. A lo largo del proceso aseguró que en sus funciones no era independiente sino que cumplía con las órdenes de Chávez.
"No tengo la información que están buscando": la enfermera pidió "compasión"
Durante su declaración, Díaz pidió "compasión" al juez, a la par que afirmó que le gustaría "colaborar" con Estados Unidos, tarea que ve imposibilitada ya que, según ella, no posee la información que las autoridades buscan. Su testimonio fue por escrito debido a que alegó temer que sus palabras no fueran traducidas correctamente durante la audiencia.
"Estoy aquí hoy como una mujer derrotada. Mi familia y yo hemos vivido bajo la amenaza de muerte, cárcel y tortura por más de diez años. Mis hijos han perdido a ambos padres en la tierna edad de 14 y 4", comienza el texto de la extesorera.
"Con todo este sufrimiento y la devastadora pérdida de mis hijos y mi familia, afirmo ante este tribunal que si pudiera cooperar con las autoridades estadounidenses, lo haría. Sin embargo, como les dije repetidamente a los fiscales, no tengo la información que ellos están buscando", agregó la mujer. En ese sentido, subrayó que "no me asocié con las personas de las que quieren información", sin dar detalles sobre los presuntos requerimientos de la Fiscalía.
En el escrito presentado ante el juez, la exfuncionaria reconoció que pecó de "ingenua" al aceptar su cargo en el Gobierno. La mujer sostuvo que asumió con "la intención de arreglar los problemas en el Tesoro". "Quería que Venezuela ganara dinero y gané dinero para el país como tesorera", explicó.
Además, aclaró que trabajó para el Gobierno durante 22 años, pero que se vio obligada a dimitir por "cuestiones políticas". "Mi marido fue expulsado de la país bajo amenaza de muerte. Nuestra propiedad fue confiscada. Los miembros de nuestra familia fueron torturados por la política. Fui tesorera durante dos años de 22 años carrera de Gobierno. Si hubiera sabido que todo esto sucedería, no habría aceptado el puesto", señaló.
Sumado a esto, en el escrito contó sus penurias en la cárcel de Florida. También afirmó que es "una persona muy espiritual y religiosa", motivo por el cual creó grupos de oración en prisión e intentó actuar como una consejera espiritual.
En declaraciones a The Associated Press, la abogada de la pareja, Marissel Descalzo, se mostró en contra de la condena de la Fiscalía, la cual consideró injustificada. "Está completamente fuera de lugar con otras sentencias dadas en este tipo de casos y que la conducta en cuestión no justifica", expresó la letrada.
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