¿Procesos o estructuras?

Agitada semana en la agenda política nacional, pero no es la excepción. Vivir en Argentina es una extraña montaña rusa en la que abundan las trepadas y los abismos, reales e imaginarios, concretos y abstractos, planificados y sorpresivos, de todo hay en esta viña del Señor con poco vino y mucho borracho… de poder.

Tuvimos un fin de semana caliente, con los Fernández tirándose las culpas y “los Kulfas” por la cabeza, poniendo en evidencia tanto el debilitamiento exasperante del poder presidencial, como la pérdida de centralidad política de la vicepresidenta, concentrada en retener su reducto ideológico para jugar fuerte en algún futuro que, muy probablemente, nunca suceda.

Pero tuvimos también un protagonismo fuerte de las Cámaras (la de Diputados y las de la TV) con la discusión de dos proyectos emblemáticos, uno de la oposición (la boleta electoral única) y otro del Poder Ejecutivo (Ley para gravar la renta inesperada de las empresas con ganancias extraordinarias).

La Boleta Única, de aprobarse, implicará que, en las próximas elecciones de 2023, toda la oferta electoral de un distrito se reunirá en un solo papel. El voto se hará marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría (por ejemplo, diputados y senadores de la Nación, y/o gobernador, legisladores, intendente, concejales, en el caso de elecciones provinciales). El votante recibe en mano la boleta única de parte de las autoridades de mesa, en el cuarto oscuro –box de votación o biombo– marca sus opciones con un lápiz o una lapicera e introduce esa boleta en la urna. Este formato ya se aplica, con variantes, en Santa Fe, Córdoba, Salta y CABA. Mendoza la aprobó el año pasado.

La discusión en el Congreso mostró a “los probos” (opositores) que quieren Boleta Única y a “los réprobos” (oficialistas) que sostienen que el sistema actual funciona bien y no necesita cambios, y a ojos de buena parte de la opinión pública, prefieren atarse a un sistema “tramposo” (aunque no haya registros de eso).

La iniciativa para gravar la renta inesperada de las empresas consta de solo tres artículos, y propone la modificación excepcional de la ley que regula el Impuesto a las Ganancias, sumando una alícuota adicional (del 15%) que se cobrará, por única vez, sobre aquellas actividades que hayan registrado una renta inesperada producto de la suba de los precios en el nuevo contexto internacional. Desde Economía estiman que con los precios internacionales actuales es posible que alrededor de 350 empresas se encuentren dentro de los parámetros contemplados en la iniciativa y, haciendo un cálculo “conservador”, consideraron que la recaudación por este concepto rondaría los US$ 1.000 millones.

Ya se registra en los medios el debate entre “los probos” (opositores) que defienden la libertad empresaria para disponer de esas ganancias; y “los réprobos” (oficialistas) que sostienen que esta ayuda económica es crucial para paliar los efectos inesperados sobre la economía nacional de la guerra en Ucrania.

No es intención de esta columna cuestionar las facultades de unos y otros para librar la “batalla por la democracia” o la “batalla por sanear la economía”, ni emitir dictamen acerca de cuál posición es correcta; sin embargo, es necesario preguntarnos si estos cambios corrigen tanto los déficits democráticos que acarrea nuestra sociedad, como las fallas estructurales de nuestro sistema económico; o si tan solo se trata de cambios de procesos, que no inciden en modo estructural en el logro de un mejor desarrollo democrático y económico.

¿Alguien hace estas preguntas? Cualquiera de los bandos que se imponga en estas batallas ¿está haciendo un bien al conjunto de la sociedad o serán nuevas victorias pírricas para acrecentar grietas y seguir llevando agua a los molinos de facciones políticas, comandadas por los “propietarios políticos” de dos décadas de fracasos acumulativos?

Ese gatopardismo que muchas veces en la historia nos ha propuesto cambios para que nada cambie, viene en esta etapa de la historia envasado en fanatismos que ponen una densa niebla sobre cualquier mirada de futuro. ¿Pensamos realmente que vamos a construir una mejor democracia y un sistema económico sólido en medio de un fango legislativo en el que solo levantan vuelo quienes tienen “viveza criolla” para, en el momento oportuno, levantar la voz acusando, insultando y degradando a cualquiera que piense diferente?

Nuestra Argentina acarrea problemas estructurales en su democracia (ciudadanos que no saben que lo son, partidos políticos sin democracia interna, instituciones de escasa transparencia, falta de inclusión económica y social, etc.) y no parece que la batalla por las boletas resuelva la ausencia de acuerdos serios para corregir estos males con políticas de Estado.

Nuestro sistema económico está infectado de desconfianza, rapiña y ausencia de sistemas de aliento a la inversión, la producción y el empleo. ¿Alguien piensa que la batalla por este parche circunstancial, sin acuerdos, ayudará a corregir alguno de estos males estructurales?

Mientras tanto, miles de argentinos ponen en marcha ideas, proyectos, organizaciones y empresas, atadas a la esperanza de un futuro mejor. Y aguardan la mirada y el apoyo de los actores políticos que están demasiado entretenidos en sus peleas para la tribuna y no pueden desviar su mirada porque allí no se juega el futuro de la Argentina, sino la silla, o la porción de poder por los que luchan.

Y esto sucede en un año en el que no hay elecciones, período en el que, supuestamente, todos los actores políticos están dispuestos a construir acuerdos que permitan políticas de Estado… porque el año próximo, tendremos elecciones y ya no habrá tiempo para más… nos reiterarán, desde todo tipo de pantallas, su promesa de ¡una Argentina mejor!

*Director del Índice de Desarrollo Democrático, consultor y docente.