Argentina tiene la cobertura social más grande de América Latina y un Estado que, ante las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, demostró flexibilidad, poder de adaptación y una gran capacidad para generar instrumentos eficaces que permiten sostener a miles de familias. Como ejemplo, basta recordar que iniciamos nuestra gestión frente al Ministerio con el objetivo de parar la caída social para luego dar lugar a la reconstrucción. Pero el Covid-19 reconfiguró ese plan: hoy la política social está orientada en un 90% a la asistencia alimentaria y un 10% a la inclusión laboral y el desarrollo productivo.
En esencia, previo a la pandemia había 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria y esa cifra trepó en los últimos meses hasta llegar a 11 millones, un universo compuesto por quienes ya estaban en lo que denominamos pobreza estructural; los que tenían una situación de vulnerabilidad, que vivían de las changas y se quedaron sin ellas; y los que pertenecen al sector informal e integrado pero se quedaron sin ingresos. La inversión para cubrir esta demanda ronda los 70 mil millones de pesos. Junto con esto, el presidente Alberto Fernández ordenó poner en marcha un amplio dispositivo de atención en el que se destacan el Ingreso Familias de Emergencia (IFE), que llega a 9 millones de familias, y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) pensado para empleados formales del sector privado y para monotributistas y autónomos que registraron un recorte significativo en sus ingresos.
AUH. Y si a estas medidas adoptadas específicamente para mitigar los efectos de la pandemia -a las que se les destinó casi el 3% del PBI nacional- se les suman los 4 millones de niños que reciben Asignación Universal por Hijo (AUH) y las más de 560 mil personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo, resulta claro que existe una gran contención que no solo es producto de la decisión de un gobierno, sino también del hacer de una enorme y significativa red social que existe en nuestro país.
Se trata de organizaciones sociales, iglesias, instituciones; de un montón de gente que pone el cuerpo y trabaja en el territorio. De una estructura tan fundamental como dinámica, que no existía en 2001 y que actúa en conjunto con un Estado presente, consciente y comprometido.
Queda claro que para atravesar esta pandemia –y superar sus consecuencias socioeconómicas– se requieren consensos y articulación con las fuerzas sociales, políticas, gremiales y empresariales. Queremos y creemos en esa sinergia tanto como en el trabajo interministerial e interjurisdiccional, con municipios y provincias
Más trabajo y menos asistencia. Se dijo anteriormente que hoy la política social es 90% asistencia alimentaria y 10% trabajo. A fin de año queremos que sea 50 y 50 y que el año próximo la inclusión sociolaboral sea el eje central.Ya comenzamos a transitar ese camino con el lanzamiento del Potenciar Trabajo para vincular planes sociales con empleo y capacitación, con transferencias de fondos a provincias y municipios para generar bancos de máquinas y herramientas, con un sistema de créditos no bancarios y con un Registro de Trabajadores de la Economía Popular, para resumir algunas acciones.
Como gobierno hemos avanzado mucho en el plano de la gestión y demostramos estar a la altura de las circunstancias, atendiendo una situación muy crítica como la que vivimos. Cuidando vidas. Sosteniendo ingresos. Garantizando derechos. Sin lugar a dudas podemos estar a la altura para provocar un cambio estructural profundo, lograr que haya movilidad social ascendente y construir una Argentina más igualitaria.
*Ministro de Desarrollo Social de la Nación.
