“Argentina está yendo hacia un nuevo péndulo. Quiero advertir sobre el riesgo de un Estado ausente”, afirmó Carolina Castro, primera mujer en el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, en el 60º Coloquio Idea a fines de 2024. La empresaria autopartista alertaba sobre los riesgos de eliminar toda política industrial argentina.
La crisis de nuestro entramado productivo se ha precipitado debido al “incremento meteórico de las importaciones” -como lo bautizó la UIA- y a una infraestructura nacional colapsada por la paralización de la obra pública que tiene un impacto devastador y desvaloriza el entramado productivo nacional. La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) dio a conocer las consecuencias de esta paralización y señaló que Argentina pierde 25 mil millones de dólares anuales por el abandono de su infraestructura: frenar obras es más caro que hacerlas.
En Salta, mi provincia, el abandono de la ruta nacional 51, llamada “la ruta del litio”, motivó fuertes declaraciones del presidente de la Cámara de la Construcción: “la Nación no va a pavimentar nunca la Ruta 51 porque no le interesa invertir en el Norte”.
La ausencia de obra pública no solo frena el desarrollo productivo salteño, y de todo el país, sino que cuesta vidas. Para colmo, la privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas consumó el retiro del Estado de toda injerencia en la planificación estratégica del desarrollo de las economías regionales y de la minería del norte argentino. En este contexto, presenté un proyecto de ley que declara la “emergencia vial en Salta” y establece un plan de obras para asegurar la transitabilidad de las rutas nacionales que atraviesan mi provincia.
La Nación no va a pavimentar nunca la Ruta 51 porque no le interesa invertir en el Norte"
La motosierra de Sturzenegger desmiembra cada día más el entramado productivo nacional. Por ejemplo: el decreto 273/2025 del 16 de abril eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) que impedía el ingreso al país de maquinaria y equipamiento usado, sin evaluar si genera retraso tecnológico, ni sus impactos en los fabricantes locales y en la demanda interna.
En la región, Gabriel Boric reúne al empresariado chileno para definir estrategias de comercio exterior, y el Congreso de Brasil aprueba por unanimidad la “ley de reciprocidad económica” que da herramientas al Ejecutivo para responder a las barreras comerciales, después de que Donald Trump anunciara aranceles del 10% a las importaciones de varios países, incluidas las brasileñas. Mientras los países vecinos defienden sus intereses y se diversifican para crecer, Milei somete a Argentina a las presiones de Donald Trump y manda adaptar nuestra legislación a los caprichos de la Casa Blanca. Nos doblega ante Estados Unidos, un país que no es un socio comercial estratégico y que viene perdiendo centralidad en la economía global.
Salta fue elegida entre las mejores ciudades de Sudamérica
Un nuevo contexto global se configura a nuestras espaldas. Argentina y Brasil deben repensar el Mercosur para fortalecer la integración regional y asegurar la salida de las exportaciones al Pacifico. Es hora de dotar a nuestros corredores bioceánicos - tanto en la Patagonia como en el Norte grande - de la centralidad que merecen. La integración con la Alianza del Pacífico es una necesidad imperiosa: debemos pensarnos como un continente bioceánico.
El Estado debe promover la potencialidad de las provincias; es urgente elaborar un plan estratégico de desarrollo productivo argentino cuyo objetivo sea el desarrollo de las economías regionales y la creación de pequeñas y medianas empresas a través de la planificación y el ordenamiento territorial. Debemos dejar atrás el modelo de Estado mínimo y de reprimarización extractivista que nos proponen el RIGI y la promoción indiscriminada de importaciones. Un modelo que margina al país, debido a sus bajos estándares de transparencia y su alta permeabilidad para el lavado de activos.
Los gobernadores, el empresariado, las universidades, los actores sociales y el Congreso de la Nación deben instar al Gobierno a consensuar un modelo de desarrollo basado en un sistema educativo público pensado para una Argentina que debe industrializarse en un contexto global altamente tecnologizado, en el que China gradúa 1.4 millones de ingenieros por año.
Argentina no puede permanecer atada a las ideas radicales de un presidente que desconoce su país y propone como únicas alternativas la violencia política, el endeudamiento externo y la especulación financiera.
