La pandemia nos obligó a ubicar a la salud entre nuestras prioridades como sociedad. Puso de manifiesto de modo contundente, que el sistema sanitario sufre un deterioro crónico, con serias deficiencias. Situación que, en instancias extremas de alta demanda y desborde, cuesta vidas.
Luego de seis meses de haberse implementado medidas para enfrentar la pandemia, es preciso mirar más allá de la situación aguda que impone la atención de los pacientes COVID-19.
La catástrofe económica (con caída de aportes a la Seguridad Social y migración de usuarios al sistema público) tendrá un impacto terminal en las próximos meses, en el ya desfinanciado sistema sanitario.
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Hoy, según la Fundación Observatorio Pyme –FOP-, hay 61.000 pymes en riesgo de cerrar en la Argentina, como consecuencia de la crisis que atraviesa el país desde 2018, profundizada por el aislamiento obligatorio. Si se estima un promedio de 4 empleados por empresa, unas 250.000 familias se verán afectadas. A nivel sectorial, la caída del empleo asalariado es generalizada. Según el INDEC, la tasa de desempleo subió a 10,4% en el primer trimestre de 2020. Son argentinas y argentinos que no sólo pierden sus ingresos, sino también su cobertura de salud.
Otro informe basado en datos del Ministerio de Trabajo sostiene que más de 170.000 afiliados a obras sociales y prepagas perderían su actual cobertura.
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Ante esta situación, es necesario preservar la cobertura sanitaria de las familias que quedan desempleadas con un aporte transitorio del Estado. Así se protegería también al sistema público que, de otro modo, se vería desbordado.
En un esquema de este tipo, el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, debería derivar a la obra social de cada trabajador desempleado una contribución equivalente al valor promedio de la contribución de la Seguridad Social.
Con vistas a la postpandemia, otra necesidad urgente para preservar el sistema de salud, es la revisión del Programa Médico Obligatorio –PMO- con un criterio de prioridades sustentado en el bien común.
Es preciso generar un modelo equitativo de asignación de los escasos recursos con los que cuenta el sistema; de lo contrario, esto va a ocurrir arbitrariamente, por vía de los amparos judiciales, en beneficio de aquellos grupos que tienen voz y poder de lobby. Como decía Jauretche: “Pobres los sin influencias”. Se perderá, aún más, el criterio de equidad y solidaridad; recortándole derechos a todos en favor de unos pocos influyentes.
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Es vital, entonces, reformular con criterio sanitario y bioético el listado de tratamientos a cubrir obligatoriamente, atendiendo a los derechos adquiridos y a las innovaciones que mejoran la calidad de vida. Todo, sin perder de vista el financiamiento, porque un derecho sin la capacidad para garantizarlo es, simplemente, una fantasía inescrupulosa. El equipo de evaluadores, entonces, debe estar integrado por sanitaristas, economistas y bioeticistas.
En este ordenamiento surgirán también aquellos tratamientos que por su costo y para poder sustentar el resto de las prestaciones, deberán ser garantizados por el Estado, que es el único con la capacidad para afrontar el volumen de gasto que implican y con la posibilidad de bajar costos a través de mecanismos tales como licitaciones internacionales y nacionales, formato ya probado.
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Además, dado que permanentemente se suman novedades terapéuticas, el Estado tiene el poder de evaluar su costo-efectividad a través de una agencia específica, como sucede en otros países, y periódicamente revisar el listado y su financiamiento.
La postpandemia será, probablemente en términos económicos, más dura aún que la pandemia. Pero abre también una oportunidad única para implementar las reformas que enmienden las distorsiones que deterioran el sistema y las prestaciones y que permitan una cobertura de salud cumplible, sensata y solidaria. Así sería viable garantizar equidad y orden, respetando el derecho a la atención de la salud de toda la población sin distinciones.
* Presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina -CEMPRA- e integrante de la Unión Argentina de Entidades de Salud -UAS-.
