2017. Un altivo Marcos Peña brama ante el flamante kirchnerismo opositor: “¡Háganse cargo de algo, alguna vez!”. Acabó como stencil y remera. 2020, Alberto Fernández presenta como avances algunas medidas de gobierno, con el mismo mensaje, aunque con un tono más conciliador. En ambos casos, la esencia es la misma: que otros asuman el costo político de algunas de ellas.
“La responsabilidad es de todos”, repiten alrededor algunos de sus colaboradores, que no hablan precisamente de la situación epidemiológica. Por primera vez desde el estallido de la pandemia de coronavirus en el país, se refieren a otros dramones argentinos, ya estructurales, sin usar al virus como argumento para la parálisis generalizada. El último anuncio sobre la continuidad del aislamiento recayó sobre provincias y municipios: que la cuarentena la administren ellos, aunque con el aval de Cafiero y la amenaza del “botón rojo” en la mano.
Presidencia Corona
Pasado el primer semestre, el gobierno trajo a la discusión varios temas extrapandemia: deuda, reforma, obra pública. La vida real se ocupó de hacer notar otros dos, como la caída del consumo y el crecimiento de la inseguridad en el Gran Buenos Aires. En las últimas semanas, la toma de tierras. Los anuncios de Nación se hicieron eco de todo ello. En algunos casos, por necesidad propia de mostrar acciones de gobierno, pero también para disimular la inercia de las autoridades locales, expertas comentaristas de la realidad pero torpes a la hora de planear y ejecutar cualquier medida de corto plazo en el terreno. Con menos margen de maniobra y señales que muestran una caída en la imagen pública -no por el manejo de la pandemia sino por el corso a contramano en que se convirtieron los últimos proyectos de ley enviados al Congreso-, el Presidente elige empoderar otros sectores y, de paso, trasladar responsabilidades. Una cosa es estar “predestinado a construir desde las cenizas”, como dijo en una entrevista de TV, y otra es ser testigo inerte de gobernadores y ministros que todavía no se ponen en marcha.
Agua va
Hay dos iniciativas del oficialismo moderado para descentralizar la toma de decisiones desde Buenos Aires: el mapa de capitales alternas y el Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Con el primero, forma el “gabinete federal”, integrado por 30 ciudades de todo el país que funcionarían como “segundas capitales” a nivel político, sedes de reuniones de gabinete nacional y, en el plan más ambicioso, locación para ministerios o secretarías que se mudarían definitivamente de Buenos Aires. Punto para el ministro del Interior, Wado de Pedro, en la relación con las provincias. Inversión extra en el Presupuesto nacional.
Con el segundo, atiende un viejo reclamo del agro y el empresariado del mundo logístico e involucra de manera directa a Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, Formosa, Misiones y Corrientes en la administración de la cuenca del Paraná. Así, apunta a varios objetivos: descongestionar el Puerto de Buenos Aires (en eterna competencia con el de Montevideo), promover el transporte fluvial tanto para la circulación interna de mercancías como para las exportaciones, pero también reacomodar las piezas en Transporte. La empresa estatal que se hará cargo de esto se radicará en Rosario, con una participación de 49% para las provincias y un 51% para el Estado Nacional, que guardaría esa mayoría para destrabar cualquier conflicto que surja. Mientras algunos miran la concesión de la empresa belga Jan de Nul (a prorrogar) en torno al dragado de la cuenca del Paraná, otros se preocupan por la reacción posible de Hugo Moyano, Señor de los camiones, que hasta hoy son el principal modo de transporte de cargas de esa zona. Hasta ahora, es aliado y uno de los pocos sindicalistas que visita al Presidente en Olivos. Hasta ahora… Si deja de serlo, no será sólo Buenos Aires quien reciba sus embates.
Salvavidas
Comparada con el virus, la inseguridad volvió a ser EL tema en la provincia de Buenos Aires. La resonancia mediática de las entraderas y los homicidios en ocasión de robos reafirma la incapacidad de la Bonaerense de hacerse cargo de esa problemática en las condiciones actuales de la fuerza: a los crecientes casos de violencia institucional se suma los reclamos cada vez más impacientes de los intendentes al gobernador Axel Kicillof. El histrionismo del ministro Sergio Berni tampoco basta para ocultar los escasos resultados de la gestión provincial, mientras sigue sumando recelo tras el fuego cruzado con los movimientos sociales. Aunque el Presidente respaldó a ambos en el lanzamiento del nuevo Plan de Seguridad, involucró a otras áreas de gobierno para terciar con los jefes comunales más complicados y volvió a apostar por el plan de la ministra de Seguridad Sabina Frederic: prevención y más intervención de fuerzas federales hasta que “la policía de la Provincia repunte”.
Tema aparte el de la toma de tierras, donde ni siquiera en el gabinete nacional se ponen de acuerdo en el abordaje con el que encarar las usurpaciones. Para Frederic, aunque se trate de un delito, la esencia de la problemática es “habitacional”. Para su par en Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, la necesidad no oculta “las situaciones delictivas”. Entre ambas posiciones, Kicillof intenta contener la situación con los movimientos sociales y pone en marcha un plan para construir ocho mil viviendas: 5700 son de la gestión Cambiemos y no están terminadas, 2300 se construirán desde cero, en un plazo de 18 meses. Habrá techo pero recién en marzo de 2022.
“Háganse cargo”, con otros modales, parece ser el mensaje presidencial en esta segunda parte del año para los planteos de varios niveles del Poder Ejecutivo aunque también ante el escandaloso show del Legislativo, que está lejos de calmarse en la previa al debate de la reforma judicial y el Presupuesto en Diputados. Dios debería atender en muchos otros lados además de Buenos Aires, y Alberto empieza a hartarse de tomar algunas llamadas en Olivos que, para su entorno íntimo, deberían atenderse mucho antes y en otro lugar.
