Con 41 votos a favor, 26 en contra y luego de diez horas de sesión, el Senado avaló el DNU 690/20 por el cual el Gobierno declara servicio público esencial a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y congela las tarifas de la telefonía fija y celular, de internet y de la TV paga. Además, se aprobó el proyecto para declarar 24 capitales alternas en todo el país y la creación de un programa nacional de prevención contra el grooming o ciberacoso a niñas, niños y adolescentes.
Si bien todos los senadores opositores rechazaron el decreto, se mostraron a favor de la decisión del Gobierno de frenar los aumentos de precios, aunque también criticaron el resto de la iniciativa por su impacto en los planes de inversiones del sector y la incidencia, por ejemplo, en las cooperativas del interior del país.
Fue el caso de Martín Lousteau, quien resaltó que el decreto "es muy súbito, no tiene contenido específico, genera incertidumbre y discrecionalidad, y eso atenta contra las inversiones". Además, repasó las condiciones de los servicios públicos en Argentina y resaltó que "gestionar los derechos es mucho más complejo que garantizarlos un día con un DNU".
Para Julio Cobos "el congelamiento podría haber sido por DNU", mientras que la idea de declararlos servicios públicos "merece una discusión en el Congreso de la Nación" y advirtió que hace falta "constituir la autoridad de aplicación" respecto a la competencia.
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A su turno, el senador Oscar Parrilli recordó que durante el gobierno de Cristina Kirchner "los servicios ya habían sido declarados como servicios públicos. No sé de qué se sorprenden, porque lo que estamos haciendo es poner nuevamente en valor esas leyes. En 2015 ¿no se le cambiaron las reglas de juego a millones de argentinos?".
También se aprobó el proyecto sobre capitales alternas enviado en febrero por el Poder Ejecutivo con el objetivo de "descentralizar" la administración pública. La iniciativa propone declarar capitales alternas a 24 ciudades de cada jurisdicción del país, para realizar de allí reuniones de Gabinete con autoridades de cada provincia, en un intento por favorecer el trabajo de carácter federal, al tiempo que abre la posibilidad de trasladar de forma temporaria o definitiva dependencias públicas a esos territorios.
Por otro lado, obtuvo media sanción el proyecto de ley que dispone la creación de un programa nacional de prevención contra el grooming o ciberacoso a niñas, niños y adolescentes y otro que incorpora la temática al contenido escolar. Las tres medidas deberán pasar por la Cámara de Diputados, donde crece la tensión y la falta de acuerdo por las sesiones virtuales.
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