Con mucho asombro, en las últimas horas, nos encontramos con que los incendios en la provincia de Corrientes han dado lugar a expresiones absolutamente falaces de algunos actores que, para colmo, han tenido responsabilidad en materia de gestión del riesgo en la Argentina. A tal punto que, en una actitud sumamente irresponsable, han llegado a poner en duda la continuidad del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR).
¿De qué hablamos cuando nos referimos a la Gestión Integral del Riesgo?
Es fundamental entender la Gestión Integral del Riesgo como un proceso continuo, multidimensional, interministerial y sistémico a través del cual se formulan, adoptan e implementam diversas políticas y estrategias. Esto implica instancias de planificación, organización, dirección, ejecución y control de prácticas y acciones que buscan reducir el riesgo de desastres y sus efectos así como también las consecuencias de las actividades relacionadas con el manejo de las emergencias y/o desastres.
En nuestro país si bien existían algunos antecedentes, este proceso, por cierto complejo y de una construcción permanente, se inicia en septiembre de 2016, con la sanción de la Ley 27.287 que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Sinagir). En la actualidad, por decisión y mandato del presidente Alberto Fernández, el Sinagir está en constante fortalecimiento y consolidación.
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El Sinagir no es un organismo sino un sistema cuyo su objeto es integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos pertinentes tanto del Gobierno nacional, como de los Gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para, de ese modo, fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación.
¿Y qué ocurre en el caso de las estrategias de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales? Están contempladas en la Ley 26.815. Esta norma establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales y determina que la autoridad de aplicación de esas iniciativas es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así ambas leyes, la 27.287 y la 26.815, son complementarias y se fortalecen mutuamente.
Comité Nacional de Emergencia para el combate del fuego
En el marco institucional antes descripto y respetando los principios rectores del SINAGIR, los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Defensa y de Seguridad decidieron conformar un Comité Nacional de Emergencia para el combate del fuego. Ese Comité se activó a mediados de diciembre 2021 para coordinar la acción frente a los incendios forestales que se iniciaron en la Patagonia (Aluminé en Neuquén, Lago Puelo, en Chubut y en Bariloche, Lago Martin y Steffen) y continúa articulando ya que hasta hoy el fuego en el Lago Steffen se mantiene activo. Este mismo Comité se reunió en ocasión de los incendios en Corrientes y es en ese marco que se está trabajando, junto a otras agencias estatales, para dar respuesta a los diferentes focos que se mantienen activos en nuestro país.
Combatir y controlar los incendios implica contar con en brigadistas, logística, campamentos y medios aéreos. En el caso de Corrientes, el Estado nacional viene realizando un enorme despliegue con un presupuesto de hasta 200 millones de pesos diarios. Particularmente el Ministerio de Seguridad dispuso equipamiento, vehículos y efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional.
Mientras que a algunos/as les resulta fácil publicar notas de opinión malintencionadas, estamos articulando codo a codo, a diario, las 24 horas, con las distintas agencias estatales y de la sociedad civil, para dar solución desde un marco institucional, a problemáticas muy serias que requieren de mucha responsabilidad, honestidad, profesionalismo y compromiso. Así es como trabajamos.
*Secretaria de Articulación Federal de la Seguridad .
