En medio del desastre ambiental generado por los incendios en la provincia de Corrientes, diputados de la oposición piden citar a la Cámara de Diputados a Juan Cabandié, para pedirle explicaciones por la “catástrofe productiva y ambiental sin precedentes” que dejó el fuego en varias provincias.
Además, los legisladores piden que el ministro muestre “fundamentos y evidencias” de la presunta responsabilidad de los productores agropecuarios en el inicio de los focos ígneos, a quienes la semana pasada acusó de la catástrofe.
El pedido, presentado ante la Cámara Baja, solicita que el ministro de Medioambiente y Desarrollo Sostenible “dé las explicaciones correspondientes respecto de las acciones adoptadas en relación a la mitigación de los graves focos de incendio” que azotaron a distintos distritos en el último tiempo y arrasaron con más de 800 mil hectáreas en Corrientes.
De acuerdo a la resolución que presentaron diputados de Juntos por el Cambio, Cabandié deberá detallar varios puntos: entre ellos, especificar el presupuesto para los períodos 2020, 2021 y 2022 hasta la fecha que fue asignado al Servicio Nacional del Manejo del Fuego, como así también los recursos no utilizados que quedaron de ejercicios anteriores.
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También se solicita que especifique todas las medidas tomadas a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego desde el mes de diciembre de 2021 hasta la actualidad, “haciendo saber de forma detallada a esta Cámara el resultado obtenido de cada una de las medidas, y el detalle de los focos de incendio que aún continúan activos”.
En el caso particular de los devastadores incendios que arrasaron con más de un 9% de la superficie de la provincia de Corrientes, Diputados le pide al ministro que detalle la cantidad de efectivos, vehículos, medios aéreos y recursos operativos destinados a combatir esos focos.
En tanto, le solicitan que explique los motivos por los cuales “no se dio respuesta al pedido de ayuda realizado por la provincia de Corrientes” a través de su Ministro de Producción, con fecha 28 de enero de 2022, “sino hasta nueve días después, el 6 de febrero”. Sobre este punto, agregan: “Entendiendo que nueve días son un tiempo excesivo en materia de mitigación de incendios, y crucial para evitar la propagación de los mismos”.
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“Los incendios y las sequías, como fenómenos extremos son en parte causados y/o agravados por las consecuencias del cambio climático (...) de ninguna manera puede ser objeto de especulación y uso político o ideológico por parte de las autoridades”, reclaman los legisladores sobre la polémica que se generó entre las autoridades provinciales y nacionales por la catástrofe de Corrientes.
Respecto de la presunta responsabilidad de los productores agropecuarios en el inicio de los focos de incendio en Corrientes, le solicitan que de “los fundamentos y evidencias que sustentan” esas declaraciones, que Cabandié manifestó públicamente en diálogo con Radio La Red.
Piden derogar las modificaciones de la ley de Manejo del Fuego
Por otro lado, diputados de Coalición Cívica, socios de JXC, presentaron una iniciativa para derogar la Ley 27.604, modificatoria de la Ley 26.815 de Manejo de Fuego. La iniciativa lleva la firma de Mariana Zuvic, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Mariana Stilman, Carolina Castets, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Leonor Martínez Villada y Rubén Manzi.
Argumentan que la ley 27.604, sancionada a fines de 2020, tiene como finalidad “congelar el cambio de uso del suelo previo al incendio, por un lapso mínimo de años de acuerdo al caso, sesenta (60) si se tratara de bosques nativos, implantados, áreas protegidas y/o humedales, o bien o treinta (30) años para el caso de zonas agrícolas, pastizales, praderas, matorrales y zonas periurbanas”.
Aseguran que la ley existente anteriormente “ya otorgaba protección, en caso de incendio, al universo de bosques nativos, protectores, permanentes, experimentales y especiales, así como áreas protegidas, a través del Artículo 22 bis de la Ley de Manejo de Fuego”, y que la nueva regulación trae “consecuencias devastadoras para la producción, las economías regionales y ciertos emprendimientos municipales”.
“Estas disposiciones no hacen más que criminalizar al propietario de la tierra, sin indagar sobre su culpabilidad, al impedir el uso y libre disponibilidad de la propiedad por un tiempo excesivo, deviniendo en confiscatorio e inconstitucional. Es un claro atropello a nuestras garantías constitucionales como el derecho a la propiedad, el principio de racionalidad y de inocencia”, aseguran los legisladores de Juntos por el Cambio.
En ese contexto, los diputados citan a un relevamiento de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que estima que las pérdidas económicas productivas al 14 de febrero del corriente año ya alcanzaban los $23 millones de pesos. Los “impactos negativos de esta ley”, consideran, generarían “un perjuicio aún mayor sobre miles de productores que han perdido todo a causa del fuego”.
AG / ds
