La pandemia nos deja varios aprendizajes relacionados con la importancia de estar conectados:
- Internet ha tenido un rol central para amortiguar el efecto de la cuarentena: realizar teletrabajo, educación a distancia, seguir conectados con familiares y amigos, mantenerse entretenidos, llevar a cabo negocios a través de la venta on-line, consultas médicas virtuales y tantas otras actividades. Este efecto será aún más importante en la economía post-Covid; el nuevo normal es digital.
- La necesidad de conectar a los no conectados, para achicar las desigualdades. Somos conscientes de que existen muchos argentinos que se han quedado sin trabajo o que están pasando por serias dificultades económico-sociales, que necesitan estar conectados para encontrar un nuevo trabajo o generar una nueva actividad, que posiblemente venga de la mano de internet.
- El trabajo coordinado y colaborativo entre los actores de la industria de comunicaciones alineado con las autoridades regulatorias es el camino que brinda los mejores resultados.
Todo esto se puede resumir en tres aspectos fundamentales: necesitamos estar más conectados que nunca, ser solidarios y colaborar.
La pandemia generó consensos y actuaciones conjuntas de las autoridades y áreas de gobierno de distintos niveles, reguladores, grandes, medianas y pequeñas empresas, cooperativas, proveedores de contenidos y aplicaciones, y proveedores de equipos, entre otros.
Parece muy lejana aquella foto de un zoom del 1 de abril con la representación de las cuatro principales operadores de telecomunicaciones del país, ARSAT, los máximos directivos de ENACOM y la Subsecretaría TIC, donde se firmó un acuerdo en el que todas las partes se comprometían a “cooperar para asegurar que la conectividad en todo el país se mantenga sin inconvenientes en la coyuntura que impone el aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus”.
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Este acuerdo fue un verdadero hito histórico. Nunca se había firmado un acuerdo de colaboración de este nivel de amplitud y con participación público-privada.
Existe un consenso bastante generalizado que las redes respondieron bien al tsunami de tráfico que se generó a partir de la pandemia. Los operadores tuvieron que hacer adecuaciones en forma rápida y adquirir capacidad nacional e internacional adicional para dar respuesta al crecimiento de tráfico en un mes, de lo que tenían planificado para un año. A esto se suman los procesos internos que debieron encarar las empresas pasando sus call-centers y la mayor parte de sus empleados a la modalidad de teletrabajo.
Las empresas del sector colaboraron con señales adicionales de televisión bonificadas, planes solidarios, conectividad de internet y televisión a centros de salud, acceso gratuito a plataformas educativas y de información médica, y la no suspensión del servicio por falta de pago. Se retrotrajeron los precios de los servicios a los precios de noviembre 2019, y se suspendieron los aumentos de precios hasta septiembre, entre otras muchas acciones.
Todo esto se pudo lograr con un esfuerzo conjunto, entendiendo la situación de emergencia y la excepcionalidad que estamos viviendo. Hubo varias regulaciones y obligaciones para el sector de telecomunicaciones y de televisión paga que incluso implicaron costos adicionales para las empresas.
Pero en este contexto, el pasado viernes 21 de agosto se informó mediante un tweet que se había “decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, internet y televisión paga”. La misma publicación decía que “de esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”. El Decreto 690/20 revolucionó a todo el sector que no sólo desconocía la iniciativa sino que no había tenido ninguna participación en su desarrollo y concepción. Es verdad que el Poder Ejecutivo no tiene obligación alguna de consultar con los involucrados sus decisiones, pero es de buena práctica escuchar todas las voces antes de tomar decisiones tan significativas y que cambian las reglas de juego con las que se venía trabajando.
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Los gobiernos son responsables de generar las condiciones de mercado que promuevan el crecimiento económico y el desarrollo social. El estímulo a la inversión es un mecanismo que ha demostrado su potencial para ampliar la capacidad productiva de la economía, impulsar la creación de empleos y aumentar la demanda local a largo plazo. Tal como lo indica el comunicado de IDEA, “Argentina necesita de reglas claras y previsibilidad para crecer. La confianza y la previsibilidad son condiciones imprescindibles para generar empleo e inversiones en el país”.
Argentina requiere inversiones significativas para desarrollar redes de alta capacidad, así como la conectividad necesaria para desencadenar el potencial de la economía digital y ser protagonistas en este nuevo mundo post-pandemia. Las inversiones en estas redes, tango fijas como móviles, implican grandes costos hundidos y largos periodos de recuperación del capital. Quien decida invertir tiene que contar con cierto grado de previsibilidad, nadie invierte para perder dinero.
Existe una creencia muy arraigada en el colectivo popular que las grandes empresas telefónicas “ganan mucho dinero” y “son muy exitosas”. El principal indicador para medir éxito de una empresa es saber si la misma aumenta su valuación en el tiempo y cuál es el retorno al accionista inversor. A nivel global, las acciones del sector de telecomunicaciones han venido disminuyendo su valor. El juego ha cambiado y ser una empresa de redes de comunicaciones ya no es un negocio tan atractivo y está en pleno proceso de reinvención.
Pero esto no es sólo cuestión de los grandes jugadores, en Argentina existen unas 1.200 pymes y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios de internet y televisión paga principalmente en el interior del país, y que también se verán impactadas negativamente por el congelamiento tarifario y el control de precios. Estas empresas no tienen las espaldas financieras para absorber el impacto de la inflación y la devaluación. La mayor parte del equipamiento utilizado tiene componentes importados y los sueldos y gastos tienen incrementos, en un contexto agravado por el crecimiento de la morosidad por la crisis económica. Si bien regulador ha expresado que habrá “regulación asimétrica” que contemplará a los pequeños, no es claro cómo funcionará esto y que pasará en aquellos casos donde, por ejemplo, compitan con al menos uno de los grandes operadores que no esté autorizado a aumentar sus precios. Las políticas de control de precios distorsionan los mercados y, en definitiva, reducen la competencia.
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El sector de telecomunicaciones es un sector altamente regulado, aquí y en la mayoría de los países del mundo. Lo que no existe prácticamente a nivel internacional, son casos en los que se regulen las tarifas finales a los consumidores de los servicios de internet, telefonía móvil o televisión paga, ya que tiene un impacto directo en la disminución de los incentivos que da la competencia.
El control de precios genera desincentivos a la inversión y a la innovación, generando un deterioro en los servicios involucrados. Se pierden los incentivos a la competencia y los que pierden son justamente los consumidores.
Facilitar la competencia estimula la inversión y la innovación. Esto solo puede ocurrir en un entorno regulatorio sólido y predecible, conformado por autoridades regulatorias estables, confiables y competentes. La competencia del servicio de telefonía móvil ha permitido alcanzar los objetivos del servicio universal con penetración del servicio móvil por encima del 100% y con más del 80% de la población con conectividad 4G de banda ancha móvil.
El sector TIC tiene un peso muy importante en el PIB, al representar el 5,3% de la economía y es un catalizador fundamental para la reactivación económica en el post-covid. Sabemos lo importante y crítico que es para todos hoy contar con Internet y estar comunicados, y más allá de tener buenas intenciones, la implementación del Decreto puede tener justamente el impacto contrario de los objetivos planteados. Durante la pandemia hemos visto como muy positivo el diálogo público privado y el trabajo coordinado. Este tipo de decisiones sin posibilidad de discusión y diálogo son muy riesgosas. Los posibles impactos en el congelamiento de las inversiones y el deterioro de la calidad de servicio son preocupantes.
Los efectos no se ven de un día al otro, pero estos cambios drásticos e inesperados en las reglas del sector, sin una construcción previa de consenso, tienen un impacto directo en la innovación, frena las inversiones y envía señales negativas para los mercados en un contexto que acabamos de firmar un acuerdo con los acreedores estando al borde del default. Pero lo más importante, es que este Decreto, toma el camino incorrecto ya que, en vez de llevarnos al mundo de la economía digital y el progreso, implementa recetas que nunca funcionaron, y que puede llevarnos años recuperar el retraso que podría generar el congelamiento de este sector clave de la economía.
* Analista Principal Senior para América Latina de la consultora internacional OMDIA especializada en telecomunicaciones, medios y tecnología.
