OPINIóN

Transparencia Internacional 2023: Argentina se encuentra por debajo del promedio y sin conducción

Milei motosierra
Milei motosierra | CEDOC PERFIL

Ya hemos tratado en PERFIL y en otras de divulgación nacional la problemática argentina sobre la falta de políticas robustas de ética, transparencia e integridad a nivel nacional y la diversidad de casos, con inexistencia de programas en algunos ámbitos, en el nivel provincial y municipal.

Bajo el nuevo gobierno nacional al mando de Javier Milei, aún siendo poco el tiempo que lleva de gestión, no puede dejar de remarcarse que si es exigible un cambio rotundo y un impulso fuerte en la materia. Fue parte de la comunicación de campaña el combate a la corrupción aún cuando pocas medidas en detalle se dieron a conocer. Al final de cuentas primero hablamos de valores, después de las medidas, y finalmente de la implementación de estas.

En una de las primeras críticas realizadas al gobierno nacional, de impronta republicana más que liberal por el momento, se le exigió desde una perspectiva crítica el cuidado en las relaciones público-privadas. A más gobierno con visión y diseño pro mercado más es necesario exigir normas actualizadas y robustas de ética pública e integridad y de lobby y gestión de intereses.

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No hay modo de hacer otra suma en este caso, reflexiva y valorativa, más mercado da como resultado lógico más transparencia pública necesaria en las relaciones de los funcionarios con los actores del sector privado en las distintas etapas de cambio dentro de la dinámica de la provisión de los bienes públicos.

Esto, lo puntalizo en tanto, desde etapas de negociación de desregulación o re-regulación, de transferencias, descentralización o desconcentración, todas con un sentido de más responsabilidad en el ámbito privado, implican negociaciones con sectores que en gran medida por la estructura económica argentina necesariamente nos encuentre sentados a funcionarios con representantes de grupos concentrados, cartelizados, que por su especificidad técnica, expertise o marca, sean únicos para la provisión de un bien público o incluso que sean representantes con décadas a cargo de la conducción del grupo de interés o presión.

La sinuosidad y sesgo de que aún sin querer, haya beneficios, a sectores con alto poder de lobby, debe quedar claro para todos los tomadores de decisión y abierto a la consideración pública en tanto las resoluciones de los funcionarios deben ser justificadas con razonabilidad y conveniencia pública.

Por esto, el llamado de atención, cada vez más alarmante, del IPC  2023 de Transparencia Internacional que nos ubica por debajo del promedio - 37/100 - es un indicador del estado de opacidad Estatal por sobre todas las cosas. ¿Algo debemos hacer entonces en el 2024?

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Esperamos por esto, que durante el 2024, dentro de las leyes marco, ómnibus, de emergencia, y otras clasificaciones que se envíen al congreso, se avance legislativamente y operativamente en aquello que ya hemos puntualizado en todos estos años y están pendientes desde unas décadas como ser: la renovación de la Ley de Ética Pública, la regulación de la gestión de interes o lobby (hemos comunicado en una columna anterior los expedientes en HCDN y HSN pendientes de trámite), la regulación del traspaso de gobierno, la ley de ficha o foja limpia, la de transparencia de fondos en campañas políticas, etc.

Finalmente, un apartado queda para algunos organismos también para este 2024. Es importante avanzar en la constitución de las agencias pendientes que exige la Ley de Acceso a la Información Pública y en la actualización periódica de la Transparencia Activa que se exige por ley. Eso no está ocurriendo a la fecha.

Por esto, es importante la proactividad de la Agencia de Acceso a la Información Pública que a la fecha no tiene mayor trascendencia pública. Que se avance además, mediante la secretaría correspondiente en el nuevo organigrama, en la capacitación y prevención horizontal de toda forma de violencia en el ámbito laboral. Y finalmente, poner en valor y empoderar políticamente a la Oficina Anticorrupción, que en los últimos años, había sido subsumida al triste papel de ser un órgano de capacitación y reuniones protocolares.