Cayó el jefe de una banda de secuestradores que cobró $ 9.000.000 durante la cuarentena
La organización operaba en la zona oeste del conurbano bonaerense, donde capturaban a sus víctimas, preferentemente en horas de la mañana. El cabecilla se encontraba prófugo desde octubre de 2020.
“El gordo Ale”. Hugo Alejandro Álvarez tiene 48 años y actualmente vivía en el barrio San Gerónimo, de la ciudad de Corrientes. |
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No era la idea regresar a Corrientes, pero la detención de sus cómplices en los secuestros lo obligó a buscar un lugar seguro, lejos del conurbano bonaerense. Se instaló en la provincia de Corrientes, donde vivió muchos años, en un barrio de casas humildes de la capital provincial. Allí reinició su vida. Con el tiempo se relajó, retomó algunos viejos contactos y finalmente lo terminaron arrestando. Hugo Alejandro Álvarez, conocido como “el Gordo Ale”, fue capturado por la Unidad Federal de Investigación del Secuestro Extorsivo de la Policía Federal (PFA).
El presunto cabecilla de la “banda de la cuarentena”, como se la conoció por la cantidad de secuestros que cometió durante el aislamiento social preventivo y obligatorio del año pasado, estaba viviendo en una casa del barrio San Gerónimo, pero los investigadores esperaron que saliera a la calle para arrestarlo. Por su peligrosidad, recién lo interceptaron en la zona céntrica de la ciudad, cuando el sospechoso se movilizaba a bordo de un Honda City.
Según las fuentes, una camioneta perteneciente a la PFA, pero que no tenía identificación, logró frenar el paso del coche que conducía “El Gordo Ale” en la esquina de la Avenida Artigas y la calle Almirante Brown, justo frente a la escuela 12.
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El hombre que buscaban no ofreció resistencia y quedó a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), a cargo de Santiago Marquevich, que lo acusa por los delitos de “asociación ilícita y secuestro extorsivo agravado”.
Los investigadores sospechan que esta organización cometió al menos cinco secuestros extorsivos en un lapso de cinco meses, entre marzo y agosto del año pasado. En ese tiempo llegaron a juntar, por el pago de los rescates, 8.981.000 pesos (US$ 43.400 y $ 1.603.000), una verdadera fortuna.
El primero de los casos que le atribuyen ocurrió el 9 de marzo. Ese día, a las 8.30 de la mañana y en la localidad de Haedo, partido de Morón, raptaron a un empleado de una agencia de autos que manejaba un Mini Cooper. Lo soltaron una hora y media después en La Matanza, previo pago de 6.400 dólares y 3.000 pesos.
El 7 de mayo, también en Morón, ejecutaron el segundo golpe. Pero el plan no salió a la perfección. La banda exigió un pago de 500 mil pesos por la liberación de un hombre, pero finalmente terminaron aceptando 100 mil pesos y una computadora. La víctima, por suerte, resultó ilesa y fue liberada en la avenida Rivadavia al 17.300.
Doce días después, secuestraron a un escribano en Ituzaingó. Su pareja pagó 7 mil dólares y 40 mil pesos. El 24 de junio cobraron 1.300.000 pesos por un rapto en Ramos Mejía. De acuerdo a las fuentes, el último de los secuestros que supuestamente cometieron ocurrió en inmediaciones al centro comercial Plaza Oeste de Morón. Allí cobraron 30 mil dólares 160 mil pesos, el rescate más alto de todos los raptos que concretaron.
Según los voceros, la banda utilizaba un Toyota Corolla, o camionetas Volkswagen T-Cross u Honda HRV -que habían sido sustraídos previamente, en distintos robos, y que luego acondicionaban para cometer los hechos mediante el cambio o adulteración de sus patentes- para interceptar a sus víctimas, a quienes amenazaban con armas y las obligaban a trasladarse a la parte trasera de sus vehículos, para luego comunicarse con familiares y exigirles el pago de rescate por la liberación.
Los investigadores pudieron determinar que la organización operaba con dos células o subgrupos, uno de los cuales “podría ser denominado el ‘brazo ejecutor’ del grupo criminal, es decir, los individuos que cometían de propia mano los delitos”, y un “segundo subgrupo cuya función era la de brindar apoyo a los ‘ejecutores’, adulterando los autos robados, falsificando su documentación (tras lo cual estos rodados eran reutilizados para cometer nuevos delitos o bien eran vendidos), y guardando los vehículos en cuestión”.
Además de los secuestros, los detectives sospechan que la banda cometió entraderas y otros delitos hasta octubre del año pasado, cuando cuatro de los presuntos miembros fueron demorados. Los sospechosos terminaron presos el martes 13 de ese mes. Se cree que días después “El Gordo Ale” abandonó la provincia de Buenos Aires hasta encontrar refugio en Corrientes, donde viven familares.
A la espera del juicio oral
En base a las pruebas colectadas durante la investigación, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), Santiago Marquevich, pidió que los tres hombres y la mujer que fueron detenidos en octubre pasado sean sometidos a juicio por haber integrado una asociación ilícita compuesta por tres o más personas.
Se trata de Alejandro “Mono” Fatu (31), quien también es señalado como cabecilla de la organización junto a “El Gordo Ale”; Sergio Vandamme (42); Gloria Benítez (43) y Mario Pérez (40).
Los cuatro, junto al hombre en detenido en Corrientes, formarían parte de la banda que los investigadores llamaron “de la cuarentena”, porque era una de las pocas operativas en el conurbano durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Los delitos que les imputan son graves: secuestro extorsivo, cuatro calificados por haberse cobrado rescate y por haber participado más de tres personas; robo agravado, tenencia ilegal de arma de guerra y hasta falsificación de documento público.
