La Fiscalía General de San Isidro, que investiga la muerte de Diego Maradona convocó a una junta médica el 8 de marzo para definir si hubo o no mala praxis en su atención. Ahora bien, son 24 los puntos de pericia elaborados por los fiscales para la junta: desde cuál era el estado cardiológico del “Diez”, hasta si el equipo a cargo de su salud aumentó, por sus acciones u omisiones, los riesgos en su salud.
En la noche del viernes 26 de febrero, un documento, al que tuvo acceso Télam, se incorporó al expediente. En el escrito, el equipo de fiscales de San Isidro coordinado por el fiscal general John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, les notificó a las partes los 24 puntos sobre los que el 8 de marzo comenzará a trabajar la junta médica que se realizará en la Superintendencia de Policía Científica de La Plata.
En los primeros seis puntos, los fiscales hicieron hincapié en la insuficiencia cardíaca crónica que las historias clínicas y la autopsia revelaron que padecía el exfutbolista. En la autopsia se determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.
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Por esa razón, les pidieron a los especialistas que informen “el cuadro clínico y estado general de salud de Diego Armando Maradona con anterioridad a su fallecimiento”, pero que se pronuncien “en particular” sobre “la patología cardíaca que presentaba el paciente” y “su grado de complejidad”.
En tanto, los fiscales consultaron si en base a lo visto en la autopsia “el cuadro cardiológico observado requería suministrar al paciente alguna medicación específica para esa afección” y “si los fármacos suministrados al paciente antes de su fallecimiento (…) pudieron generar efectos adversos y/o contraindicaciones médicas de acuerdo al cuadro cardiológico”.
En otro punto, preguntaron “si los psicofármacos suministrados al paciente conforme las historias clínicas recopiladas y el intercambio de mensajería instantánea entre el equipo de salud tratante, presentaba contraindicaciones con el consumo de alcohol etílico y, en su caso, se expliciten los efectos que causa la ingesta concomitante de estas sustancias”. “En caso de haber sido conocida esa ingesta por el equipo de salud tratante, qué conducta debió haber adoptado de acuerdo a las buenas prácticas médicas”, enfatizaron los funcionarios judiciales.
Otros de los puntos de pericia
En cuanto a la neurocirugía a la que Maradona fue sometido en la clínica Olivos, los fiscales consultaron sobre tres cuestiones: si tenía criterio de “intervención quirúrgica urgente”, si el 11 de noviembre “el paciente se encontraba en condiciones psíquicas y físicas de ser externado” y si estaba “en condiciones de autovalidez y de ejercer el principio de autonomía al momento de disponerse su internación domiciliaria”.
Sobre la casa de Tigre donde fue trasladado Diego, los fiscales se preguntaron si “era adecuado en función de las normas y protocolos de organización y funcionamiento de un servicio de internación domiciliaria acorde a la normativa vigente”. Además, le pidieron a la junta que defina “si las características del lugar, la ubicación de la vivienda dentro del barrio privado y la ausencia de elementos necesarios y equipamiento médico disponible ante una emergencia (desfibrilador, tubo de oxígeno y servicio de ambulancia 24 hs.), pudieron potencialmente incidir en el desenlace final”.
Con respecto al edema (acumulación de líquido), que según la autopsia fue junto a la cardiopatía el detonante del fallecimiento, los fiscales consultaron si el cuadro de “hinchazón, ronquidos, fatiga y cambios en el timbre de voz, evidenciados cuanto menos a partir del 16 de noviembre de 2020, debió haber generado alguna conducta o acción por parte del equipo de salud tratante” y si “era necesario el suministro de medicación diurética”.
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En ese sentido, al final del documento, los representantes del Ministerio Público le preguntan a la junta “si en base a las respuestas esgrimidas, las conductas de acción u omisión del equipo de salud a cargo aumentaron el riesgo permitido para la salud de Diego Armando Maradona”.
Son siete los profesionales de la salud imputados en la causa por un posible “homicidio culposo”: el neurocirujano Leopoldo Luque (39); la psiquiatra Agustina Cosachov (35); el psicólogo Carlos Daniel “Charly” Díaz (29); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica coordinadora Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).
